El 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet realizó un anuncio poco esperado, pero trascendental para las demandas y peticiones de organizaciones ambientalistas.

La Mandataria comprometió reformar el Código de Aguas que rige desde 1981 y que fue modificado en 2005, además de elevar a categoría constitucional el carácter de bien de uso público del agua.

La proclama incluyó una referencia a la sobreexplotación de las cuencas y al mal uso de los derechos hídricos. Y mientras algunas organizaciones manifestaron un moderado optimismo, sectores privados vieron en ésta una amenaza de nacionalización y expropiación.

Por ejemplo, la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe manifestó entonces que una estatización sería compleja, porque “más del 80 por ciento de los derechos consuntivos están en manos de agricultores y resguardados por la Constitución como derecho a la propiedad”, agregando que “el modelo ha funcionado bien, ha sido alabado por el Banco Mundial y replicado en Australia y California”.

Hasta ahora no ha habido proyecto de ley alguno, pero el Gobierno ya habría recibido la propuesta del delegado presidencial para recursos hídricos, Reinaldo Ruiz, el que considera una reforma al Código, a la Constitución y una estrategia de aguas.

Para el dirigente Rodrigo Mundaca, del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima), son específicos los cambios que se deben realizar.

“Es fundamental para recuperar el carácter público de las aguas terminar con los instrumentos privatizadores, y previamente terminar con el artículo 19 numeral 24 de la Constitución que es la que consagra precisamente la propiedad privada del agua, lo que ha provocado que hoy día, este derecho de aprovechamiento se le entrega a los privados de manera gratuita y perpetua, y los privados concurren al mercado básicamente a lucrar de manera desvergonzada”.

Desde la organización no ha habido acercamiento a las autoridades, salvo con la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, la que inició, por otra parte, una mesa de trabajo con la Secretaría General de la Presidencia y el ministerio de Obras Públicas.

El presidente de la instancia, el socialista Luis Lemus, aseguró que en conjunto al Ejecutivo se está trabajando en diversas propuestas, pero no hay determinaciones finales, ya que se reconoció la necesidad de que para un cambio profundo se requiere partir por una Reforma Constitucional.

El legislador aseguró que no convendría hacer una modificación minúscula al Código.

“Quiero ser bien franco: si no nos ponemos de acuerdo en una reforma constitucional donde el estado ueda tener al menos un instrumento para al menos controlar este recurso, los conflictos de hoy día, que son muchos, y hay respecto del agua se van a agudizar. Tenemos que ir con bastante argumentación y fuerza, pero también con la cautela para lograr un buen acuerdo”.

El parlamentario explicó que el conflicto que se da se asemeja al expresado la semana pasada por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en el marco de la reforma del ramo, por cuanto se enfrenta la relevancia de derechos ciudadanos con el derecho sobre la propiedad.

También se estudia retomar un proyecto de ley del 2009 que apunta a una modificación constitucional, aunque esto requeriría una mayor negociación política con la oposición.