El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue facultado por la Contraloría General de la República a entregar antecedentes a los jueces que investigan casos de violaciones a los derechos humanos, levantando el secreto que por ley se establece a la denominada Comisión Valech II.

Esto, debido a que esta segunda instancia recogió testimonios de casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.

La primera fase de la investigación de la Comisión Valech certificó un total de 33 mil 221 detenciones y reconoció la calidad de “víctima” a 27 mil 255 personas. En el segundo informe, se acreditaron 30 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados, aparte de nuevo mil 795 personas que sufrieron la tortura y la prisión política.

Pese a la resolución de la Contraloría, persiste el secreto del acceso a la información de los testimonios obtenidos en la Comisión Valech I, que contiene datos de quienes sobrevivieron a la represión durante la dictadura. Esta información, a juicio de la presidenta del sitio de memoria Londres 38, Erika Hennings, permitiría el cruce de información.

En ese contexto, aseguró que se encuentran en una campaña por la desclasificación de archivos y el derecho a la información, pidiendo que se levante el secreto de los testimonios que han obtenidos las distintas comisiones, pues es vital para la investigación de los jueces.

Los testimonios de los sobrevivientes, afirma, aportarían no solo los datos de quienes fueron sus torturadores, sino también con quienes tuvieron la oportunidad de toparse durante sus respectivas detenciones.

“No debieran haber diferencias entre una comisión y otra, debieran tener todas el mismo tratamiento y claramente debieran permitir el acceso no solo a los jueces, porque hay mucha gente que investiga. Y creemos que el país está muy en deuda respecto de los avances en verdad, porque hasta ahora los casos se resuelven no respecto de la verdad, de qué pasó en este caso con las personas detenidas desaparecidas”, enfatiza la presidenta de Londres 38.

La dirigenta señaló además que han sostenido encuentros con la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, oportunidad en que el presidente de la comisión, el PPD Tucapel Jiménez, se comprometió a estudiar un proyecto de ley para acceder a la desclasificación de los informes.

También se han reunido con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, y representantes del programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.

Erika Hennings se muestra optimista de la voluntad de cambio que existe respecto de la materia, por lo que anunció que este lunes, cuando la comisión de Derechos Humanos de la Cámara visite el sitio de memoria Londres 38, el tema se planteará nuevamente con más fuerza, a la luz de este dictamen de la Contraloría.