Este lunes el Ejecutivo se pronunció sobre la bomba que explotó en el penúltimo tren del Metro Los Dominicos cerca de las 23 horas del domingo. Un artefacto, que detonó al interior de un carro ocasionando daños materiales, fue descubierto por el conductor del tren, entonces, pasajeros y personal fueron evacuados, y no hubo lesionados.

No obstante, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró que ha conversado con el fiscal nacional para reforzar un equipo especializado que se encargará de la investigación.

“Para nosotros este es un hecho de la máxima gravedad y que requiere de la mayor coordinación y celeridad de las instituciones… ¿y la ley antiterrorista se descarta o no en este caso?… Nosotros no descartamos la utilización de ningún instrumento legal, los equipos jurídicos están trabajando con los antecedentes que hasta el momento tenemos. Ya estamos presentando una querella, pero no descartamos ningún instrumento legal en hecho gravísimo”, denunció el Secretario de Estado.

Asimismo, el intendente de Santiago, Claudio Orrego, se refirió al caso.

“Coordinaremos las acciones con las policías para detectar y llevar a juicio a quienes están cometiendo este tipo de acciones que son absolutamente condenables en democracia” indicó.

En tanto, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, manifestó que ya no se está hablando de lugares aislados, sino de “espacios públicos que son ocupados por ciudadanos” y que esto “denota una situación de mayor peligro para la integridad y vida de las personas”.

Sin embargo, el abogado Rodrigo Román, defensa en Caso Bombas, calificó como un acto contradictorio que el Gobierno abra la puerta de invocar la Ley Antiterrorista.

“Es a lo que nos tienen acostumbrados estos malos gobiernos en cuanto a borrar con el codo lo que se escribe con la mano… Ellos dijeron que no se iba aplicar la ley antiterrorista porque saben que la ley como tal carece de legitimidad conforme a como lo señalan los estándares no solamente en Chile, sino que en el mundo entero”.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Popular, Washington Lizana, explicó que una explosión no es sinónimo de terrorismo y que la ley antiterrorista se relaciona con la intencionalidad de los autores y con una serie de características específicas del suceso.

“En ese sentido nuestros tribunales han sido bastante rigurosos en establecer cuándo se dan estos requisitos y por lo pronto en todos los últimos casos que les ha correspondido pronunciarse sobre esta materia ha señalado que no se reúnen estos requisitos y por lo tanto, han condenado o han hecho una recalificación por delitos distintos a los que ha señalado el Ministerio Público” planteó el abogado, quien además agregó “específicamente aquí lo que más se empleado es delito de daños y delitos contra la ley de control de armas como porte de artefacto explosivo”.

Por último, Metro de Santiago también emitió un comunicado donde se señala que “como empresa, repudiamos que personas incurran en estas conductas que ponen en riesgo la seguridad de nuestros pasajeros y afectan a un servicio de transporte público que beneficia a millones de personas cada día, en virtud de lo cual, impulsaremos y nos haremos parte de las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables”.