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Año XIV, 29 de mayo de 2022

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Gobierno enviará modificación a Ley Antiterrorista

El Ministerio del Interior citó a una reunión de emergencia ante el aumento de ataques incendiarios y estallidos de artefactos explosivos en la capital y anunció la revisión de la Ley Aantiterrorista. Esto, en la jornada previa a la interpelación que el Ministro Peñailillo enfrentará este jueves.

Pamela López

  Miércoles 23 de julio 2014 18:36 hrs. 
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Este miércoles el ministerio del Interior, Rodrigo Peñailillo, realizó diversas diligencias  con las que el gobierno buscará responder a los hechos relacionados con la colocación de artefactos explosivos en la Región Metropolitana.

La primera medida fue querellarse contra quienes resulten responsables por los hechos registrados en la Iglesia Santa Ana y en calle Almirante Herrera, en la comuna de Santiago. Esta vez por el delito de infracción a la Ley de Control de Armas, a diferencia del  caso ocurrido en el Metro Los Dominicos, donde el gobierno invocó la Ley Antiterrorista.

Luego, el ministro citó a una reunión de carácter extraordinaria al Comité Policial Especial, donde asistieron el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, los directores de Carabineros y la PDI.

Al término de esta cita Peñailillo anunció que el gobierno está trabajando en mejorar la coordinación entre las instituciones y agregó que un equipo jurídico trabaja en la modernización de la ley antiterrorista en Chile, estudio se estima esté listo dentro de sesenta días, para ser presentado como proyecto de ley.

Con lo anterior el ministro se refirió a la efectividad de esta ley, la que insistió “debe ser muy bien aplicada”.

“La Ley Antiterrorista cuando se ocupa hay que hacerlo muy bien, porque es muy difícil demostrar que la o las personas quisieron causar temor en la población. De ciento quince personas que han sido procesadas por esta ley, sólo diez están condenadas. En este caso lo que nosotros hemos utilizado es la Ley de Control de Armas y explosivos, que tiene sanciones muy drásticas, y la vamos a aplicar cada vez que sea necesario”, insistió Peñailillo.

Cabe recordar que la aplicación de esta Ley ha recibido históricos cuestionamientos por algunos sectores  debido a su origen, ya que fue creada en dictadura.

Por otra parte, la oposición ha presionado al gobierno para que la invoque en los hechos registrados en la capital y la Araucanía. Situación que enfrentará este jueves al ministro Peñailillo a una interpelación.

En este sentido, el abogado Hernán Montealegre, coincidió con el gobierno en la necesidad de revisar la Ley. Enfatizó que “un acto terrorista tendría como fin exigir a un Estado respuestas favorables a una causa y de no obtenerlo, el colectivo responde imponiendo el terror o el crimen contra la sociedad”, dijo. Por lo anterior, el jurista justificó que en estos últimos casos el gobierno haya optado por invocar la Ley de Control de Armas.

“Yo no conozco en profundidad  la acción que interpuso el Ministro, pero de todas maneras yo, en principio, estaría mucho más de acuerdo con que se haya pedido que se aplique la Ley de Control de Armas en vez de recurrir a la Ley Antiterrorista. La cuestión fundamental aquí es definir que si hacer detonar artefactos explosivos o de ruidos, no es un acto terrorista”, precisó el abogado.

En paralelo a la jornada de emergencia del Ministerio del Interior, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur iniciaba otra investigación por nuevos ataques incendiarios ocurridos en la madrugada de este miércoles, los que ahora afectaron a tres vehículos en la comuna de San Miguel y un cuarto automóvil en la comuna de Ñuñoa.

Ante esta crecida de hechos, a través de un comunicado, los funcionarios del Ministerio Público reclamaron inyectar más recursos al organismo.

Paulina Ruiz, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, señaló que se necesita  dotar recursos técnicos y humanos, para crear  equipos más especializados que lleven investigaciones con este nivel de complejidad.

“Aquí lo que se hace es crear planes de contingencia con el poco personal que tenemos. La repercusión va en orden a la rapidez con la que se resuelven este tipo de causas y acá estamos contra el tiempo, porque si no se detecta quienes son los eventuales culpables la organización sigue avanzando”, denunció la dirigenta,quien precisó que a nivel nacional existe un déficit de 700 funcionarios y 190 fiscales, en relación al número de causas que se tramitan. Además criticó que no hayan sido convocados a la reunión de emergencia del Ministerio del Interior.