La presentación realizada en compañía del representante de las plantas de procesos de consumo humano y gerente de Pymepes A.G, Alfredo Irarrázaval, pretende terminar con la diferencia que pagaron en promedio sus asociados en la licitación del 1 por ciento del jurel ocurrida este año y que ascendió a 52.524 millones de pesos por tonelada, en contraposición con lo pagado por la gran industria pesquera que ascendió a sólo 12 mil.

Alfredo Irarrázaval señaló que “tal como lo han entendido los Senadores, este impuesto específico se contradice con el interés del Gobierno de contar con una ley de equidad tributaria que provea recursos frescos para terminar con las desigualdades en el país”.

Por su parte, Jorge Bustos, de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, señaló que es una brutalidad y poco ético que el Estado le otorgue regalías a las concesionarias, aparte de las grandes ganancias que obtienen.

“En definitiva lo que yo estoy diciendo es que si el Estado, aparte de las grandes ganancias que tienen las concesionarias, más encima le entrega regalías me parece un brutalidad dada la cantidad de cesantes, dada los niveles de los cabros chicos, que la mayoría de ellos, sobre el 40 por ciento, está bajo la línea de la pobreza. Ese es un informe que acaba de entregar la Cepal”.

Según establece la indicación, la forma de cálculo del impuesto es inadecuada en su formulación pues no permite recaudar la renta que le pertenece a todos los chilenos e impide una asignación eficiente de estos recursos naturales escasos, los que deben ser explotados por quien más los valore.

Actualmente ese impuesto está fuertemente determinado por lo pagado el año anterior, monto que históricamente ha sido muy bajo.