El ministro en visita Mario Carroza notificó este lunes a las partes de su decisión respecto a los cargos por atentado terrorista con resultado de muerte que pesan sobre Enrique Villanueva, ex vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como “Comandante Eduardo”, quien es el único acusado por el asesinato que permanece en Chile, y ha estado en calidad de procesado desde octubre del 2010.

Villanueva, sindicado como uno de los autores intelectuales del crimen, insistió en su inocencia afirmando que nunca estuvo presente en ninguna reunión donde se decidiera asesinar al ex senador. Además, indicó que dejó la dirección del Frente en 1989 y el crimen se produjo en 1991. Añadió que este tipo de hechos no se condice con los principios de la organización en la que participaba, condenando la acción, que calificó incluso de “una aberración, una brutalidad”.

El ex militante afirmó que “este es el final de un juicio absolutamente irregular en donde se han aplicado leyes que incluso están derogadas y en donde no hay ninguna prueba”. En ese sentido, confirmó que apelarán al fallo, para lo que cuentan con un plazo de 24 horas.

“Seguiremos insistiendo a que la justicia juegue su papel. En democracia los poderes fácticos no pueden inducir al Poder Judicial a juzgar a un inocente”, explicó de manera categórica. A su vez, el ex frentista agregó que su participación en la agrupación “no amerita” una condena por el sólo hecho de haber sido miembro de una organización que luchó contra la dictadura cuando no había Estado de Derecho.

El abogado defensor, Roberto Celedón, afirmó que según antecedentes de la causa, el asesinato de Guzmán no fue una decisión del Frente, sino de una facción que dirigía Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “Comandante Ramiro”, quien hoy está recluido en Brasil cumpliendo una condena de 30 años por el secuestro en 2001 del empresario brasileño Washington Olivetto.

Celedón recordó que la causa se reabrió el 2010 debido a un testimonio de una delación compensada en la que Normabuena habría llegado a un acuerdo con el abogado UDI Luis Hermosilla para dar un antecedente nuevo que permitiera reabrir el caso, lo que quedó de manifiesto, sostuvo, cuando bajaron su pena y le ofrecieron venirse a cumplirla en Chile, lo que “afortunadamente rechazó la Corte de Apelaciones”, sostuvo.

Además, el abogado indicó que en el juicio a Villanueva se ocuparon las normas del antiguo proceso, muchas de ellas ya derogadas. Así se considera un acto terrorista y se remite el caso a la Ley de Seguridad del Estado, lo que, afirmó “es completamente privativo de derechos procesales de todas las personas”.

“Estamos condenando a alguien que es completamente inocente, tratando de aplicar una legislación procesal que inhibe, afecta sus derechos fundamentales al justo proceso. Cuestiones completamente objetivas como que se le prive llegar a la Corte Suprema a través de la casación. El que el juez dicte sentencia en conciencia, sin que se le someta a las normas reguladoras de la prueba (..)”

En una primera reacción el abogado querellante y ex senador designado de la UDI, Cristián Letelier, manifestó su conformidad con el fallo y sostuvo que “se califica a este asesinato como un acto terrorista y no como un crimen político”.

Si bien la familia del ex senador Jaime Guzmán había indicado previamente que esperaban que fuera una sentencia condenatoria, más allá de la pena que se le aplicara, desde la UDI manifestaron su disconformidad, ya que Villanueva no va irá a la cárcel, acusando una “red de protección de la izquierda” y aseguraron que van a seguir luchando para evitar la impunidad.

Además apuntaron a otras aristas que abiertas y que tienen que ver en la planificación del delito, como la participación de Miguel Ángel Peña, radicado en Suiza, de Juan Gutiérrez Fischmann, domiciliado en Cuba y Galvarino Apablaza quien reside en Argentina. “Estamos haciendo todas las acciones pertinentes a nivel internacional” afirmaron.

La condena a pena remitida se ha interpretado desde distintos sectores como una reafirmación judicial de que el asesinato de Jaime Guzmán no revestiría características de terrorismo pues, de ser así, el juez  hubiera dictado una sentencia a cárcel efectiva. “Es totalmente contradictoria la condena”, señalaron Villanueva y su defensa, quienes al igual que su contraparte, afirmaron que “van a llegar hasta las últimas consecuencias” para esclarecer estos hechos.

El ministro en visita Mario Carroza notificó este lunes a las partes de su decisión respecto a los cargos por atentado terrorista con resultado de muerte que pesan sobre Enrique Villanueva, ex vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como “Comandante Eduardo”, quien es el único acusado por el asesinato que permanece en Chile, y ha estado en calidad de procesado desde octubre del 2010.

Villanueva, sindicado como uno de los autores intelectuales del crimen, insistió en su inocencia afirmando que nunca estuvo presente en ninguna reunión donde se decidiera asesinar al ex senador. Además, indicó que dejó la dirección del Frente en 1989 y el crimen se produjo en 1991. Añadió que este tipo de hechos no se condice con los principios de la organización en la que participaba, condenando la acción, que calificó incluso de “una aberración, una brutalidad”.

El ex militante afirmó que “este es el final de un juicio absolutamente irregular en donde se han aplicado leyes que incluso están derogadas y en donde no hay ninguna prueba”. En ese sentido, confirmó que apelarán al fallo, para lo que cuentan con un plazo de 24 horas.

“Seguiremos insistiendo a que la justicia juegue su papel. En democracia los poderes fácticos no pueden inducir al Poder Judicial a juzgar a un inocente”, explicó de manera categórica. A su vez, el ex frentista agregó que su participación en la agrupación “no amerita” una condena por el sólo hecho de haber sido miembro de una organización que luchó contra la dictadura cuando no había Estado de Derecho.

El abogado defensor, Roberto Celedón, afirmó que según antecedentes de la causa, el asesinato de Guzmán no fue una decisión del Frente, sino de una facción que dirigía Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “Comandante Ramiro”, quien hoy está recluido en Brasil cumpliendo una condena de 30 años por el secuestro en 2001 del empresario brasileño Washington Olivetto.

Celedón recordó que la causa se reabrió el 2010 debido a un testimonio de una delación compensada en la que Normabuena habría llegado a un acuerdo con el abogado UDI Luis Hermosilla para dar un antecedente nuevo que permitiera reabrir el caso, lo que quedó de manifiesto, sostuvo, cuando bajaron su pena y le ofrecieron venirse a cumplirla en Chile, lo que “afortunadamente rechazó la Corte de Apelaciones”, sostuvo.

Además, el abogado indicó que en el juicio a Villanueva se ocuparon las normas del antiguo proceso, muchas de ellas ya derogadas. Así se considera un acto terrorista y se remite el caso a la Ley de Seguridad del Estado, lo que, afirmó “es completamente privativo de derechos procesales de todas las personas”.

“Estamos condenando a alguien que es completamente inocente, tratando de aplicar una legislación procesal que inhibe, afecta sus derechos fundamentales al justo proceso. Cuestiones completamente objetivas como que se le prive llegar a la Corte Suprema a través de la casación. El que el juez dicte sentencia en conciencia, sin que se le someta a las normas reguladoras de la prueba (..)”

En una primera reacción el abogado querellante y ex senador designado de la UDI, Cristián Letelier, manifestó su conformidad con el fallo y sostuvo que “se califica a este asesinato como un acto terrorista y no como un crimen político”.

Si bien la familia del ex senador Jaime Guzmán había indicado previamente que esperaban que fuera una sentencia condenatoria, más allá de la pena que se le aplicara, desde la UDI manifestaron su disconformidad, ya que Villanueva no va irá a la cárcel, acusando una “red de protección de la izquierda” y aseguraron que van a seguir luchando para evitar la impunidad.

Además apuntaron a otras aristas que abiertas y que tienen que ver en la planificación del delito, como la participación de Miguel Ángel Peña, radicado en Suiza, de Juan Gutiérrez Fischmann, domiciliado en Cuba y Galvarino Apablaza quien reside en Argentina. “Estamos haciendo todas las acciones pertinentes a nivel internacional” afirmaron.

La condena a pena remitida se ha interpretado desde distintos sectores como una reafirmación judicial de que el asesinato de Jaime Guzmán no revestiría características de terrorismo pues, de ser así, el juez  hubiera dictado una sentencia a cárcel efectiva. “Es totalmente contradictoria la condena”, señalaron Villanueva y su defensa, quienes al igual que su contraparte, afirmaron que “van a llegar hasta las últimas consecuencias” para esclarecer estos hechos.