Según la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en el juzgado de garantía de Santiago, la ex parlamentaria independiente (pro UDI) Marta Isasi utilizó a profesionales del Congreso para realizar estudios sobre la Ley de Pesca.

Luego, con esta investigación en la mano, habría justificado los dineros que recibió por parte de Francisco Mujica, haciendo pasar ese estudio como una asesoría de Corpesca – empresa ligada al Grupo Angelini- a través de Giorgo Carrillo, asesor de la ex parlamentaria.

Esta versión, publicada en la última edición de The Clinic, añade que la querella del CDE asegura que los 25 millones que Corpesca pagó a Marta Isasi fueron persuasivos, razón por la que el órgano pidió que se investigue la relación entre la presentación de Francisco Mujica ante la Comisión de Pesca y la posterior votación de la ex parlamentaria en la Ley de Pesca.

Ante esta nueva acción legal, Nelson Estrada, presidente de la Confederación Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal (Condepa), manifestó que siempre sospechó de los intereses que representó el voto de Isasi. Sin embargo, enfatizó que todos los parlamentarios debieran ser investigados porque la Ley de Pesca sólo perjudica a los trabajadores.

“Me parece bien que lo llamen a declarar porque él fue asesor de otros parlamentarios incluso. Cuando los medios dejaron, que a Isasi se le descubre haber recibido un dinero, yo firmé la querella en su contra, porque la forma en que defendía la Ley de Pesca daba para pensar (…). En este sentido yo creo que se debiera investigar a todos los parlamentarios porque esta es una ley muy perjudicial para el sector artesanal”, expresó el dirigente.

Desde que se destapó este caso ya se registran tres investigaciones del Ministerio Público.

Romilio Gutiérrez, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, instancia parlamentaria que sancionó a Marta Isasi, dijo que a la Comisión no le corresponde manifestarse, pero sí se refirió a las medidas que han tomado para evitar estas conductas.

“Como ella no es parlamentaria a la Comisión de ética no le corresponde pronunciarse. Pero, efectivamente son hechos que entorpecen la labor parlamentaria y es por eso que en el Congreso se avanzó en regular el lobby y en tener una ley que va a obligar, incluso al personal que trabaja con nosotros, estar sujetos a una agenda de transparencia y eso va ayudar a que esto no se repita”, comentó Gutiérrez.

La acción fue presentada en el octavo Juzgado de Garantía de Santiago y además imputa por el delito de cohecho a la ex parlamentaria y su otrora asesor Giorgio Carrillo.

Cabe recordar que a fines del año pasado, producto otra querella interpuesta por el CDE, resultaron formalizados el ex asesor de la diputada, Giorgio Carrillo, y la esposa de éste, Johana Gallardo.

Además, en mayo de este año la ex diputada ya fue formalizada por el delito de fraude al Fisco, debido a su actuar negligente en el control de 143 millones de pesos en asesorías.

Radio Universidad de Chile intentó contactarse con el Consejo de Defensa del Estado, pero informaron que “no realizan comentarios sobre sus querellas, documentos que tienen carácter reservado”.