Esta semana se desarrolló una sesión especial en la Sala de la Cámara de Diputados para abordar la crisis hídrica y las medidas de urgencia que se necesitan para paliar el impacto negativo de ésta y de la concentración de la propiedad de derechos de agua en el país.

A la sesión fue invitado el Delegado Presidencial para la Escasez Hídrica, Reynaldo Ruiz, y los ministros Carlos Furche de Agricultura y Alberto Undurraga de Obras Públicas,  este último encargado de llevar adelante la agenda legislativa. Por ese rol le han llovido críticas y lo han acusado incluso de dilatar las reformas.

En la ocasión, Undurraga entregó los lineamientos generales y principales contenidos del documento supuestamente listo para su envío. “Vamos a tener una definición temporal del derecho en vez de una definición a perpetuidad como son actualmente. Los derechos nuevos van a tener un período de tiempo renovable con condiciones para la caducidad si no se usan adecuadamente, así como condiciones para la renovación”, explicó.

“La indicación al proyecto está redactada y lista para ser enviada al Parlamento, sin embargo estamos chequeando cuáles de estos artículos corresponde que vayan a consulta indígena en función del Convenio 169 de la OIT. En función de ello determinaremos cuál es el paso a seguir, cuestión que esperamos concordar con la Comisión de Recursos Hídricos de esta corporación”, sostuvo el secretario de Estado.

“Ese proceso tiene que hacerse en las próximas semanas, a lo más uno o dos meses y que cuando eso esté resuelto se envía la reforma”, ese sería el compromiso del ministro, indicó el diputado Daniel Núñez (PC).

El parlamentario especificó que el ministro propone que el otorgamiento de derechos se prolongue por 30 años renovables, en los que se establezca el tipo de uso. Además se limitaría la transferencia de derechos entre cuencas y entre rubros distintos, minería y agricultura por ejemplo. Para ello se le entregaría mayores facultades a la Dirección General de Aguas (DGA). Este organismo sería el encargado de entregar los permisos de transferencia.

“Es una reforma que tenemos que entrar a discutir a más tardar en septiembre, máximo octubre de este año, ese es el compromiso del ministro y los plazos que el señaló”, acotó el diputado Núñez.

En distintos tonos, los parlamentarios pidieron a los ministros que aceleren el ingreso de las normativas pendientes, debido a la urgencia que exige la crisis hídrica. La diputada independiente Alejandra Sepúlveda emplazó a los secretarios de Estado a cumplir con la promesa de la Presidenta Michelle Bachelet. “¿Dónde están los proyectos para hacer los cambios reales?”, enfatizó la parlamentaria.

“Ella en su campaña lo dijo, pidió los votos para hacer los cambios. Los votos están y ahora necesitamos que esa voluntad política y ese clamor ciudadano se explicite aquí en el Congreso Nacional. Uno no ve eso, ve una lentitud tremenda”, criticó.

En la misma línea, para el diputado Christian Urízar (PS) urge que el delegado presidencial para la escasez hídrica entregue definitivamente el informe que le encargaron. “Estamos esperando los anuncios que se van a hacer después del informe del delegado. La Presidenta dijo que iba a hacer anuncios importantes. Estamos a la espera, pero necesitamos con urgencia tomar este tema e ir en ayuda de las personas que no lo están pasando bien, que están muy complicadas en todas sus zonas”, dijo en su intervención el diputado.

“Necesitamos soluciones hoy”, reclamó el jefe de la bancada DC, Matías Walker. “Tenemos que terminar con esta dicotomía entre el agua y la tierra que estableció el Código de Aguas de Pinochet del año 80. No puede ser que las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo sean dueñas de más del 25 por ciento de la tierra y al mismo tiempo posean menos del uno por ciento de los derechos de aprovechamiento de agua”, argumentó.

La diputada Cristina Girardi (PPD) también exigió celeridad en la modificación del Código de Aguas, y responsabilizó al Estado por la crisis actual, al que acusó incluso de colusión con los empresarios. “No sólo ha permitido el robo, sino que ha sobre otorgado derechos y ha tenido una actitud de colusión con aquellos que tienen concentrado este mercado. Claramente para cambiar eso, necesitamos modificar nuestra Constitución y necesitamos reformar profundamente nuestro Código de Aguas. El agua tiene que ser un derecho humano esencial”, sostuvo la diputada.

Según el ministro dentro de los próximos dos meses habría novedades sobre la batería de proyectos a los que se ha comprometido el Ejecutivo, entre ellos la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, la Ley de Glaciares y el Código de Aguas, además de la pendiente reforma constitucional que establezca en los derechos de propiedad, una prioridad explícita para el uso público, de consumo y saneamiento, del agua.

Todos proyectos pendientes, al igual que el informe del delegado Reynaldo Ruiz.