La pérdida de vidas humanas y el amplio daño a la infraestructura del país, provocado por el terremoto del 27 de febrero del año 2010, fue el puntapié inicial para la creación de una nueva institucionalidad que permitiera una mejor respuesta a las catástrofes que esporádicamente afectan a Chile.

Así, en marzo del año 2011, ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Ver documento), que reemplazaría a la ONEMI y que pondría a Chile en un estándar internacional en la materia. Pero a más de tres años de tramitación dicha iniciativa aun no ve la luz, mientras que en Chile siguen ocurriendo desastres como el incendio de Valparaíso o el terremoto de Iquique, ambos durante el presente gobierno.

El proyecto fue puesto y retirado de urgencia en 18 oportunidades, como se puede constatar en la página web del Congreso. En primera instancia, la responsabilidad fue acuñada al ex presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de dicha cámara, Carlos Bianchi, que respondió a las críticas explicando que es el Ejecutivo quien decide eso.

“La comisión se rige por la priorización que le da el Ejecutivo. Entonces si el ministro Larroulet tenía tanto interés en sacarlo, él perfectamente como en otros proyectos como el lobby y los traspasos de competencia y la transparencia, pudo haber llegado a acuerdo y no lo hizo; y retiró 18 veces el proyecto de ley”, dijo el senador independiente.

Senador Carlos Bianchi

Además del retraso legislativo, el proyecto también ha recibido críticas por su mismo contenido, al no contemplar las características necesarias para la “gestión del riesgo” por sobre la “protección civil” que sería un término obsoleto. El experto en gestión del riesgo de desastres Cristóbal Mena, indicó que la participación de la ciudadanía es elemental, pero que en Chile no existen herramientas educativas para entender la gestión del riesgo.

“En el resto del mundo hay, uno puede estudiar gestión de emergencias como carrera y uno puede vivir de eso. Todo esto viene de la educación somos muy pocos los que hemos tenido la oportunidad de formarnos profesionalmente en esto porque en Chile no están las herramientas para hacerlo, entonces al final la gente que hace estos proyectos de ley trata de hacerlo lo mejor posible dentro de su capacidad y conocimiento, pero como no tiene acceso a un conocimiento profundo los proyectos tienen esas dificultades”, explicó.

En el 2005 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, celebrada en Hyogo (Japón), Chile decidió adoptar un documento orientador para reducir las pérdidas humanas y materiales originadas por las catástrofes. El encuentro se repite cada dos años para revisar los avances que van teniendo los países en la materia. Pero durante 2007 y 2009, ad portas al 27f Chile no participó, y recién el 2013 el país presentó una exposición, según señaló Mena.

La nueva Comisión de Descentralización del Senado, solicitó al Ejecutivo que informara sobre la continuidad de este proyecto de ley, respuesta que entregó el subsecretario del Interior quien informó que el documento se encuentra en revisión, comprometiéndose al próximo envío de una indicación sustitutiva.

Diputado Ricardo Rincón

Si bien el diputado DC, Ricardo Rincón, quien considera que el proyecto es centralista y replica sistemas de gestión obsoletos, apoya la iniciativa de revisión que está haciendo el Ejecutivo, advierte que es necesario que se incluyan atribuciones especiales en el área de las telecomunicaciones.

“El gran problema del 27f fueron las comunicaciones. Y el capítulo de comunicaciones hemos debido introducirlo nosotros en el proyecto original en la Cámara de Diputados y aun así este proyecto no ha considerado, y obviamente es una petición que le hicimos al ministro del Interior actual, la reserva por ley de espacio en la banda de los 700 MHz, que por su ancho de banda, es la única que permite la transmisión no sólo de voz, sino que todo tipo de datos, incluido videos en tiempo real que para una emergencia son esenciales”.

Así, la decisión final sobre lo que ocurrirá con este proyecto está en manos del Ejecutivo. Fuentes cercanas al Gobierno, anunciaron que durante la primera semana de septiembre la presidenta Michelle Bachelet se pronunciará al respecto de la iniciativa, que además tendría amplias modificaciones, pero no el carácter de urgencia, que tanto ha bullado.