La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la libertad provisional al diputado Rosauro Martínez, quien es procesado por el homicidio de tres miristas en la ciudad de Neltume, en 1981. No obstante, el tribunal de alzada aumentó el monto de la fianza para su excarcelación desde los doscientos mil pesos que le había fijado en primera instancia la jueza del caso, Ema Díaz, a quince millones de pesos.

El parlamentario de Renovación Nacional fue desaforado en julio y cumplía prisión preventiva desde este jueves 11 de septiembre, cuando fue notificado de su procesamiento, en un regimiento de Valdivia y no en la cárcel de esa ciudad, gestión que realizó su abogado, Fernando Saenger.

Ante esto las organizaciones de víctimas de la dictadura se mostraron desconformes. Sin embargo Martínez tuvo inmediata defensa de su partido. El jefe de la bancada RN, el diputado Nicolás Monckeberg, se refirió a la decisión del tribunal.

“Somos muy respetuosos de los procedimientos judiciales. Como Alianza y particularmente como Renovación Nacional hemos condenado fervientemente todas las violaciones a los Derechos Humanos”, afirmó y añadió “nosotros confirmamos en la inocencia del diputado Martínez, conocemos el caso por lo mismo que él nos ha dicho y porque se han publicado en detalle los episodios y esperamos que la Justicia ratifique dicha inocencia”, indicó.

“Que esté enfrentando la justicia en la forma en lo que lo está haciendo habla muy bien de él para que este tema se soluciones”, afirmó Mockeberg. También tuvo apoyo desde la UDI, el diputado Felipe Ward afirmó que Martínez “sigue siendo parlamentario, sin fuero pero parlamentario”, aludiendo a la medida de la Comisión de Conductas Parlamentarias, entidad que integra y que ordenó emitir un informe sobre las asignaciones parlamentarias de Martínez para estudiar la posibilidad de cancelar su entrega.

El abogado del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Álvaro Silva, afirmó que esta decisión está dentro de las atribuciones legales de la Corte, que pese a que rechazó la idea de que su libertad era un peligro para la sociedad y para la investigación, reiteró que tiene la convicción de la responsabilidad del diputado, por lo que seguirá adelante con todas las acciones necesarias.

“Vamos a seguir actuando como lo hemos hecho a la fecha, con una participación activa solicitando diligencias investigativas, apoyando a la ministra instructora en todo lo que sea necesario, porque es el mandato del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y tener un rol presente y activo en todas las causas de derechos humanos, no sólo las que tienen una relevancia de prensa, sino que en todas las otras”, dijo y enfatizó que el programa trabaja sin criterios discriminadores de cobertura, condición política o socioeconómica.

Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos condenó la entrega de beneficios a Martínez e indicó que esperarán el resultado del juicio, que, por cierto es emblemático, porque según dijo se juzga a uno de los responsables que hasta ahora estaban impunes.

“Son muchos los otros Rosauro que al día de hoy están en la impunidad, muchos. A 41 años del Golpe todos estos sujetos han ido envejeciendo y en cualquier momento van a fallecer, primero con la cobardía de nunca haber colaborado con la Justicia, de seguir siendo amparados por este pacto de silencio, y se van a ir en la más absoluta impunidad”, señaló.

La dirigenta recordó a figuras como el coronel Francisco Labbé, Jovino Novoa quien llegó a ser Presidente del Senado y que “hasta el día de hoy habla como una gran autoridad política”, dijo. Mencionó también a los parlamentarios Alberto Cardemil, Sergio Onofre Jarpa, “quienes estuvieron de acuerdo con lo que se vivió en esos años y muchas veces reivindicaron las violaciones a los Derechos Humanos en defensa del contexto y el supuesto bien nacional”.

Lorena Pizarro apuntó a todos los ministros de Estado de esos años, que actuaron respaldando un gobierno de facto y los magistrados de los tribunales que actuaron en esa época y que se negaron a conceder recursos de amparo. Y aunque Lorena y otras organizaciones lo han dicho hasta el cansancio, reiteró: “A 24 años de años del inicio de la post-dictadura aún hay mucho que hacer en reparación y justicia”.