Distintas organizaciones advirtieron los peligros de la nueva “Ley Monsanto”, ahora bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Esto, porque se reunieron en dependencias del ministerio de Agricultura con Hugo Martínez, asesor a cargo de la redacción del nuevo proyecto, instancia en que se enteraron que las autoridades esperaban conformar un nuevo cuerpo legal en el cual se regule el registro de variedades vegetales, asegurando derechos de propiedad intelectual para las grandes compañías semilleras e incorporando, a la vez, un registro de variedades agrícolas tradicionales a fin de evitar su apropiación por parte de las mismas empresas.

Ante esto, manifestaron su preocupación por los plazos de implementación, ámbito y financiamiento de este último registro, y destacaron la necesidad de realizarlo antes del registro de propiedad intelectual de nuevas variedades vegetales por parte de las compañías productoras.

María Isabel Manzur, especialista de la Fundación Sociedades Sustentables, señaló que  “el tema de los registros es un asunto administrativamente engorroso. Hay que registrar todo el patrimonio genético de semillas tradicionales de Chile, y eso no se hace en un mes. Esa era una de nuestras preocupaciones, el cuánto se va a demorar eso en relación al proyecto de ley o la operación de la misma”. La experta añadió que posiblemente un registro así no va a cubrir todas las semillas tradicionales chilenas, por lo que se requerirían otros sistemas complementarios.

La también bióloga y doctora en zoología de la Universidad de Liverpool afirmó que entre los mecanismos complementarios hay vías de salvaguardia, como antecedentes históricos de usos y costumbres, o que las protegen de la contaminación transgénica.

Desde Chile sin Transgénicos apuntaron a la necesidad de una Consulta Indígena ante la inminencia de la implementación del cuerpo legal. Sin embargo, las autoridades aún estarían evaluando la opción de concretarla, posiblemente considerando las polémicas que se han generado con el proceso, por su falta de carácter vinculante.

Iván Santandreu, biólogo de la organización, hizo un llamado a buscar el mayor nivel de participación, diálogo y consenso de la ciudadanía: “Lo importante es que todos los actores involucrados en todo el país manifieste su opinión y participe de este cuerpo legal porque es fundamental para las futuras generaciones. Esto no se puede seguir haciendo como antiguamente, que se hacía un proyecto de ley entre cuatro paredes por algunos autodenominados ‘expertos’ agrónomos o académicos, de espaldas a la ciudadanía, y a las comunidades locales, los pueblos originarios, porque estos son temas relevantes para la soberanía y seguridad alimentaria”, señaló.

Sin embargo, existen resistencias por parte de los ambientalistas ante la postura de conciliar los intereses de las comunidades y los grandes empresarios cuando el propio UPOV 91 tendría una serie de complejidades que han estado instalando desde que Chile acudió a la firma del texto en 2011. Así lo expresó Lucía Sepúlveda, especialista de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, para quien el escenario general no ha cambiado mucho pese al retiro de la ley de la anterior.

“En el fondo, es insistir en la aprobación del Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla. El gobierno introdujo algunas modificaciones, pero nosotros pensamos que no son suficientes porque lo que vale acá es el convenio internacional”, afirmó, y añadió que si se aprueba esta ley, por sobre esas modificaciones van a valer lo que dispone este convenio, de manera que siguen presentes las mismas objeciones que tenían antes.

Uno de los reparos al convenio es que se generan proyectos atados y el de obtentores estaría unido a la Ley de Transgénicos, con todos los riesgos que implica. Por lo mismo, están atentos al desarrollo de este proceso en el que, afirman, “existen muchas dudas”.

Por lo mismo, Radio Universidad de Chile se comunicó con el ministerio de Agricultura, pero este no respondió a la solicitud. Sin embargo, ya trasciende que, se buscarían tener el proyecto de ley listo a fines de este año, para ser ingresado al Congreso Nacional a tramitación durante el 2015.