Luego de seis meses de trabajo la presidenta Michelle Bachelet recibió las 70 propuestas que aprobó la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional.

Las medidas estratégicas son divididas en cinco ejes de acción, entre las que figuran, descentralización política con reconocimiento autónomo de las regiones y municipios, descentralización administrativa y descentralización fiscal, entre otras.

La Presidenta Bachelet calificó la entrega de este informe como “un hecho histórico”, enfatizando que el desarrollo de las regiones, no sólo es un acto de justicia, sino que un compromiso ético con la calidad de vida de las personas.

En línea con lo anterior, la mandataria señaló que este año mandará un proyecto para reformar la Carta Fundamental.

“Hoy estamos reafirmando ante ustedes nuestra voluntad de aportar por las regiones, es que la descentralización no puede tener éxito si la elección democrática de sus autoridades y el traspaso de competencias no van acompañados de los recursos necesarios para ello. A llegado el momento de hacerse cargo de esa demanda y avanzar hacia un desarrollo armónico y enviaremos a más tardar, en junio de 2015, un proyecto de ley de financiamiento regional que permita que parte de la riqueza que se genera en lugar, quede en ese lugar”, expresó Bachelet.

No obstante, desde una mirada preliminar al no conocer el detalle del informe, Ángelo Narváez, investigador de la Fundación Crea y del Núcleo espacio y capital del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que tanto el Ejecutivo como la comisión, confunden conceptos de procesos de desconcentración con descentralización.

Si bien ahora el Gobierno deberá iniciar la etapa de revisión de la propuesta y qué medidas serán implementadas, el experto señaló que, entre otras materias, podrían surgir conflictos en la discusión legislativa en cuanto al capital humano.

“Los que están intentando establecer son altos procesos o elevar los índices de desconcentración, de ampliación de espacios decisionales y administrativos. Eso en términos de conflictos con el poder legislativo tiene repercusiones tremendamente grandes, pues la necesidad de capital humano que se dedique a los procesos burocráticos a nivel local y particularmente uno que está sobrepasado como lo es el poder judicial, lo que no está presente en el informe y puede tener amplia repercusiones en la discusión y decisiones que tome el Ejecutivo”, sostuvo el Narváez.

Otras medidas que no están presentes en la propuesta, según el académico, serían las que quedan fuera de los planos administrativos, aquellas que dan cuenta de efectivos procesos de descentralización y que refuerzan la hipótesis de que se confunde este concepto central con el de desconcentración del Estado.

“Hay una cuestión sumamente importante que no aparece en la propuesta de la comisión y son las propuestas concretas de descentralización en planos que no sean administrativos, que no sean una desconcentración del Estado, por ejemplo, carece de toda perspectiva de procesos de descentralización económica, productiva y financiera. Tampoco hay propuestas de desconcentración sociodemográficas”, enfatizó Narváez.

En cuanto a las tres grandes categorías que se pueden observar en la propuesta, el experto señaló que sólo se redistribuye la centralización de la toma de decisiones; además la ampliación de los espacios de representación formal, como la elección de intendente, se confunde con procesos de democratización real; y por último, el más complejo, la ampliación excesiva de la participación profesional en la ejecución de los programas, podría llevar a la población un menor manejo del lenguaje y comprensión de los procesos.