Luego de recibir la propuesta el lunes y socializarla al día siguiente con la oposición y el oficialismo, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunció que el 21 de octubre se ingresará un proyecto de ley a la Comisión de Constitución del Senado para modificar la ley Antiterrorista.

Una de las metas del Gobierno es lograr acuerdo en el Parlamento. Para ello el secretario de Estado sostuvo una maratónica ronda de reuniones que permita que el proyecto sea “lo más consensuado posible, porque, claramente, frente al terrorismo se requiere el aporte y el apoyo de todos los sectores”, indicó Peñailillo.

La decisión se tomó luego de recibir el informe preparado por la Comisión Asesora Presidencial que sugirió incorporar los delitos terroristas a la ley penal común y eliminar la mención al terrorismo del artículo noveno de la Constitución.

A juicio experto, la idea de quitar la tipificación terrorismo de la Constitución responde al contenido actual de las Cartas Fundamentales en el mundo. Así lo explicó el abogado Javier Couso en Radio Universidad de Chile: “Es un residuo de la dictadura que asociaba el terrorismo a partidos marxista-leninista”, dijo el jurista apoyando la iniciativa.

La propuesta entregada por la Comisión define otros conceptos como que el terrorismo debe estar asociado a un grupo, para excluir las acciones de los “lobos solitarios”, ya que al detenerlos “se acaba la amenaza”. Sin embargo, Couso aclaró que, el que estas agrupaciones no tengan una estructura jerárquica tradicional, no las exime de la condición de “grupo”.

Además, sostuvo que la Comisión buscó evitar una reacción desmedida en medio de un clima político complejo, por lo mismo es que se propone poner fin al corpus legal. “La ley es tan ley si está en un código o si es una ley suelta, eso es una cuestión técnica”, afirmó.

Sin embargo, el Gobierno ante la instalación de bombas en la capital planteó la teoría de que sujetos en forma individual o pequeñas células herméticas, estarían realizando actos terroristas.

Elaboración del proyecto y tramitación de la Ley

El documento de la Comisión ahora está en manos del ministro Peñailillo y del titular de Justicia, José Antonio Gómez, quienes son los encargados de la elaboración del texto final. En ese sentido Gómez sostuvo que “se debe adoptar una definición de Estado que nos obliga a todos a mirar el tema desde una perspectiva común”, indicando que el Gobierno contemplará elementos políticos en el análisis.

Por su parte, Peñailillo afirmó que “decir derogar es decir como que no va a existir nada” por lo que van a hacer una ley que “de verdad cumpla el objetivo con las personas que sancionadas”, dijo, insistiendo en la ineficacia que ha presentado la aplicación de la Ley Antiterrorista, a pesar de sus modificaciones el 2010, que, recordemos, se realizaron después de la extensa huelga de hambre de los presos políticos mapuche.

Sin embargo, las sugerencias no dejaron conforme a todos. Los diputados UDI-RN cuestionaron que los cambios a Ley Antiterrorista no incluyeran los atentados en la Araucanía. Ante esto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Hugo Gutiérrez (PC) criticó la disparidad de posturas del bloque opositor.

“Por un lado, hay algunos que hablan de paz en la Araucanía y que buscan un camino de encuentro, y entre ellos se destaca el Senador (Alberto) Espina que incluso saca un manifiesto, un documento donde se procura que haya un ambiente de tranquilidad en la región y hay otros sujetos como José Manuel Edwards que, lo que busca, es la aplicación de la Ley Antiterrorista”, afirmó y añadió que aquí hay que separar las cosas y ver, pro otro lado, “qué hacemos con los conflictos sociales”.

El diputado comunista afirmó que uno de ellos es el conflicto en La Araucanía, el que se debe resolver considerando lo que está de fondo y no buscando aplicar la Ley Antiterrorista, ya que se estigmatiza la lucha de este pueblo al violar el derecho al debido proceso, lo que claramente, afirmó, no contribuye a un clima de entendimiento.

Además, el parlamentario indicó que la propuesta de la Comisión va en una línea adecuada y que, considerando la urgencia de acabar con una ley creada en dictadura, que además atenta contra los derechos de los chilenos y chilenas, “contará con su voto”. En la misma línea se pronunciaron los parlamentarios oficialistas que hace poco ingresaron una moción parlamentaria para poner fin a esta ley porque afirmaron que ésta se aleja de los cánones que impone el derecho internacional.