Al menos ocho regiones mantendrían sus consejos paralizados hasta que no exista una respuesta clara por parte del Ejecutivo respecto a las demandas solicitadas, según informó el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), Manuel Carrasco.

El representante de la institución explicó esperarán a que no pase más allá de una semana para saber si existirá una nueva ley corta (ley corta 2) que les de mayores atribuciones y medios para ejercer sus cargos públicos, que en la actualidad son de elección popular.

Marcelo Carrasco

Carrasco explicó a Radio Universidad de Chile que ha habido conversaciones tanto con el presidente de la cámara de diputados, Aldo Cornejo, como con su homóloga en el Senado, Isabel Allende, comprometiendo solución a los temas puntuales que tienen los consejeros regionales.

“La senadora Isabel Allende hoy día en la mañana me llamó y se comprometió en hablar con el ministro del Interior, con el subsecretario; lo mismo hicieron los diputados, hablaron con ellos, nosotros lo que esperamos hoy día es que estas señales que ha dado la Cámara de Diputados de entregarles las herramientas y los medios a los consejeros para cumplir su función, el Gobierno también va a tener el piso político suficiente para poder generar el proyecto de ley que nosotros queremos que se realice lo antes posible y no tener que seguir esperando mucho tiempo más”.

La moción parlamentaria, ya habría sido aprobada por la cámara de diputados según informó Carrasco y solo faltaría el pronunciamiento del Ejecutivo, para que se manifieste sobre una nueva ley corta. Mientras tanto los consejos estarían paralizados en Magallanes, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Arica, Valparaíso, en el Maule y Coquimbo.

Manuel Améstica (PPD), consejero y presidente de la comisión de régimen interno del consejo regional del Maule, una de las primeras regiones en movilizarse en junio pasado, explicó que es necesario separar la ley corta del resto del proyecto descentralizador que sería una discusión a largo plazo y que ellos no pueden esperar ese tiempo para ejercer sus funciones como corresponden.

Manuel Améstica, consejero regional del Maule

Según cuenta Améstica se envió una ley corta en abril para la elección de los presidentes de los consejos y que era ese el momento para incluir las facultades de los consejeros regionales pero que no se hizo y la iniciativa se ha dilatado y la nueva ley corta aún no se materializa.

“El Gobierno nos dijo en ese momento a fines de agosto les enviamos el proyecto, después en reuniones con el subsecretario de desarrollo regional, Ricardo Cifuentes, nos hemos reunido alrededor de 4 o 5 ocasiones en La Moneda, en la que él nos ha dado incluso fechas, a fines de agosto, después el 15 de septiembre, después el 26 de septiembre, luego para el 8 de octubre dijo que se enviaría el proyecto ley corta 2”.

La fecha límite indicó el consejero, sería el 15 de noviembre, o si no, se hará un llamado a detener las funciones de forma indefinida, que tendría lamentables consecuencias en la aprobación de proyectos en las regiones. Por lo pronto en el Maule, aunque si se asistirá a la sesión, se llamará a “brazos caídos” y no se votará a favor ni en contra de los proyectos que se presenten.

En la región de Los Ríos en tanto, ya se inició un paro indefinido y en la Comisión de Hacienda de dicha región, la unanimidad de sus integrantes acordó sumarse a la movilización además de no asistir a ceremonias de carácter oficial, según informaron medios de prensa.

Resumiendo, los consejeros se niegan a esperar que se formule un resultado que se encuentre inserto en la ley que busca descentralizar al país, mientras que fuentes cercanas al gobierno indican que esa, podría ser precisamente la causa, de que no se avance en el la iniciativa regional ya que habría diferencias al interior de la Nueva Mayoría respecto a cuán profunda debe ser la descentralización.

Por ahora los consejeros regionales tendrán que seguir optando a aprobar o desaprobar proyectos sin poder hacer propuestas sobre las necesidades regionales, ni tampoco contar con medios para fiscalizar las iniciativas a las que han dado respaldo.