México vive uno de sus peores momentos. La tensión interna desatada y en crecimiento desde 2006, tiene todos los ojos internacionales sobre su accionar. Situación que escaló con la masacre y tortura de ocho jóvenes estudiantes y la desaparición forzada de otros cuarenta y tres normalistas en Iguala, provincia de Guerrero, ocurrida el pasado 26 de septiembre.

La preocupación se instala por el grado de vinculación que las propias autoridades del estado, la policía local y las autoridades municipales tendrían con el narcotráfico. Recordemos que entre los involucrados directos se encuentra el recientemente detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez y su esposa, cuyos parentescos familiares con agentes del narcotráfico son de público conocimiento. A esto se suma, la presunta participación del  ahora renunciado gobernador  del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Antecedentes que aumentan las múltiples críticas que acusan al Gobierno de colusión con el narcotráfico y corrupción. Éstas arriban a todas las esferas del Estado mexicano y sus autoridades.

Por ello, y a través de una carta dirigida al embajador de México en Estados Unidos, diversos personeros vinculados a la política, la academia y los derechos humanos en nuestro país, piden que en México se ponga fin a este “proceso de descomposición criminal del Estado federal”.

Dentro de los firmantes se encuentran el historiador Sergio Grez, la premio nacional de derechos humanos Viviana Díaz, el premio nacional de periodismo Juan Pablo Cárdenas,  el diputado Gabriel Boric, el historiador Julio Pinto, el político Sergio Bitar, entre otros. Ellos destacaron que: “como chilenos y latinoamericanos, nada de México nos es ajeno; es por esta cercanía que no podemos callar y sentimos el deber de unir nuestras voces a la exigencia de esclarecimiento de los crímenes y del destino de los jóvenes estudiantes normalistas desaparecidos”, subrayan en la carta.

Además exigen que estos crímenes sean castigados firmemente. Sicarios y quienes resulten responsables e involucrados, sean alcaldes, policías, familiares de algunos de ellos, u otras autoridades. Todos deben recibir las penas más altas por parte de la justicia. Aun así no es suficiente, dicen. Esto porque resulta imprescindible acabar con el proceso de descomposición criminal del Estado federal”, enfatizan los cientos de firmantes.

Es en ese mismo escenario, que el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, pide que las autoridades chilenas llamen a informar al embajador de Chile en México y que se repudie con fuerza, la vinculación que el Estado de ese país pueda tener con estas violaciones a los derechos humanos.

“Ya es hora de que esas personas y gobierno queden completamente aislados.  La opinión pública internacional y los foros internacionales en donde Chile participa tienen que ser categóricos en condenar y aplicar sanciones. Los propios foros tienen en su batería sanciones posibles a gobiernos que practican la violación de los derechos humanos”, enfatizó el parlamentario.

En el orden de la solución, el diputado Aguiló plantea que las movilizaciones sociales seguirán en escalada hasta que la voz de sus demandas sea oída a nivel internacional. Sin embargo, es fundamental que se aísle a los estados que participan de estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

A juicio de Carlos Ruíz, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, si bien, éste es uno de los momentos más difíciles para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la solución al conflicto entre el Estado y la narcocracia es difusa.

“Hasta qué punto hay  una relación entre el Estado y el narcotráfico.  Pudimos apreciar que uno de los jerarcas del narco que acaba de ser apresado es un Alcalde: un representante del Estado, sobretodo en un país federalista como lo es México.
Una política estatal se podría amparar sobre la base de un acuerdo social muy amplio y hasta ahora no hay indicaciones de que Peña Nieto se la juegue en esa dirección”, explicó el académico.

Recordemos que la situación de los estudiantes, lamentablemente, no representa un hecho aislado. Estos nuevos crímenes se suman a los miles que, desde hace años, no han sido resueltos  por las autoridades de México. Alrededor de 2.000 serían los desaparecidos y más de 12.000 mil femicidios que acompañan la dura realidad que vive hoy un país. Por lo pronto, desde una óptica internacional, ya empieza a ser reconocido como un posible nuevo Estado fallido.