Luego que el Gobierno diera a conocer que presentará en diciembre el proyecto de ley que corregirá los vacíos en torno al mercado del gas de cañería, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, recibió al alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Christian Vittori, para debatir los alcances de la iniciativa.

El Ejecutivo decidió apresurar el envío de la nueva norma luego que se conociera el estudio elaborado por la Comisión Nacional de Energía, que arrojó un aumento de los índices de rentabilidad de Metrogas por sobre el límite establecido de 11 por ciento.

Esto motivó a la municipalidad de Maipú a presentar una acción en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con el objetivo que la instancia instruya al ministerio de Energía a tarificar los precios de la firma de gas natural domiciliario, con el objeto de que ésta compense a los usuarios afectados por haber sobrepasado en 2012 y 2013 el límite máximo de rentabilidad permitido.

De acuerdo a lo informado por el ministerio de Energía la semana pasada, la cartera solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que reevalúe la pertinencia de mantener el procedimiento iniciado por la municipalidad de Maipú, dado que su resultado no modificará el vacío legal en materia de tarificación.

Pese al llamado hecho por el ministro Pacheco, el alcalde Vittori afirmó que mantendrán la denuncia presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero valora la decisión de adelantar el proyecto de ley, “el estudio de la rentabilidad va a permitir, por primera vez en Chile, tener una estructura tarifaria para el gas y segundo, tener un mayor control de las rentabilidades permitidas por ley para que las empresas impongan un límite a esa rentabilidad”, sostuvo.

“Efectivamente, la base legal para ir a una demanda colectiva de nuestros vecinos y usuarios en la compensación, debe tener una base jurídica y, a nuestro juicio, la base jurídica constituye finalmente lo que resuelva el TDLC. Si el Tribunal establece que el informe de rentabilidad en 2012 y 2013 es correcto y que es veraz, eso establece la base legal para esta demanda colectiva”, agregó Vittori.

Asimismo, Vittori afirmó que buscarán a través del procedimiento del TLDC conocer con precisión las cifras que arrojó el informe para determinar con mayor certeza el perjuicio que hubo a los clientes.

En cuanto a la falta de legislación, el vocero de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, dijo que “es bastante incomprensible que se presentara un estudio para decir a la opinión pública y recién ahí comprobar que hay una disociación entre lo permitido y lo que realmente están ganando las empresas, ¿cómo se explica eso?, realmente no se explica”, afirmó.

Larenas agregó que es necesario continuar con la denuncia ante el TDLC para poder garantizar una compensación real para los usuarios.

Sobre el proyecto de ley que enviará el Gobierno en diciembre, éste contempla, entre otras disposiciones, reducir la rentabilidad máxima anual desde 11 hasta 9 por ciento, ordenar el congelamiento de tarifas en caso que una empresa exceda el máximo permitido por la ley, además, se considera la devolución de los excesos pagados por los clientes; y proceder a la tarifación inmediata del servicio de distribución de gas de cañería en caso de exceso de rentabilidad por parte de las distribuidoras.

“Ya contamos con la información respecto de los niveles de rentabilidad de la industria y hemos analizado en detalle los vacíos de la ley vigente y nos queda muy clara la necesidad de resolver de forma inmediata los temas de fondo de este mercado a través de un proyecto de ley que ingresaremos en diciembre”, dijo el ministro de Energía, Máximo Pacheco.