Luego de que se enviaran una carta a la presidenta Michelle Bachelet para que revoque la calificación ambiental de la Termoeléctrica Cerro Chuño de la empresa británica Termonor S.A, esta vez, los vecinos de la Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica insistieron en su lucha impidiendo a los inversionistas de la empresa reunirse con los pobladores de la Junta de Vecinos N° 69 Los Laureles.
Son varias las irregularidades que identifican los vecinos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, entre ellas la distancia del proyecto y el impacto ambiental.
Yerko Pérez, miembro de la Asamblea Ciudadana, indicó que la postura de los vecinos es de no dialogar con la empresa porque el proyecto desde 2009 está aprobado por el Gobierno, por lo que a su juicio, no hay nada que reanudar.
Pérez alegó que las ofertas de trabajo que promete la empresa no son para la comunidad, igual que la energía de la termoeléctrica. De este modo, explicó que su Resolución de Impacto Ambiental vence a finales de enero del 2015 y los vecinos tratarán a toda costa de atrasar la construcción del proyecto hasta esa fecha, en que comienza a regir la nueva ley que los obliga a someterse nuevamente a un Estudio de Impacto Ambiental.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), recordó que el proyecto eléctrico iba a quemar un tipo de combustible altamente contaminante y su apoyo desde la autoridad central pasó a llevar la voluntad y los niveles de protección que las propias autoridades y comunidad de Arica han definido para su
“Es entendible que ahora que quieren reactivar este proyecto se den este tipo de rechazos de parte de la comunidad, estamos hablando de una zona que ya está altamente castigada por situaciones de contaminación como fue el abandono de sustancias tóxicas de metales pesados por la empresa Promel. Sin duda la ciudadanía de Arica tiene todos los fundamentos para reaccionar de esta manera” criticó Cuenca.
El ambientalista añadió que el problema de Arica es la exposición del excesivo centralismo y sobre posición de decisiones políticas por encima de las decisiones de autoridades a nivel regional.