El Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Humanas, presentó el jueves pasado los resultados de la décima versión de la encuesta que evalúa las “Percepciones de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile”.

325 mujeres fueron consultadas a nivel nacional entre el 22 de septiembre y el 27 de octubre, para luego comparar los datos con el año 2004.

Según el estudio, dentro de las “grandes reformas” es la Reforma a la Educación la que cuenta con el mayor respaldo de las chilenas: un 44,1 por ciento está de acuerdo y muy de acuerdo con ella. Luego le sigue la Reforma Laboral con un 39 por ciento de respaldo.

Carolina Carrera, presidenta de la entidad encargada de la encuesta, opinó que la preferencia precedente está asociada a quién define el establecimiento donde estudian los hijos.

“El 55,8 por ciento es definido por las mujeres, eso es importante porque la Reforma Educacional tiene que hablárseles a ellas porque son las mujeres las que determinan dónde se educarán sus hijos. Solo el 31,3 por ciento lo hace la pareja y el hombre apenas decide en un 6,8 por ciento. Entonces si esta Reforma no mira los efectos diferenciados, le está hablando al sujeto en abstracto” dijo la líder de Humanas.

Asimismo, la encuesta muestra que las mujeres para obtener mayores grados de igualdad entre géneros en el trabajo aspiran mayoritariamente a equivalencia de sueldos y acceso a los mismos empleos.

Ana Bell, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y coordinadora del Comité Conosur de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos, comentó que la mejora de la situación de las mujeres discriminadas respecto de su previsión se planteó en la Comisión Bravo, en búsqueda de resolver que ellas no tuvieran que poner más dinero o extender sus tiempos laborales sin obtener cambios en sus fondos.

“A ver cuánto de esa reforma laboral va a responder a esta percepción y expectativas de las mujeres a que esta situación cambie. Es importante el aporte que puede hacer esta encuesta al debate actual, donde los cambios van en 10 a 15 días más, habría que mirar cómo se recoge estas opiniones para representarlas en una reforma donde las mujeres digan si se está haciendo algo que cambia nuestra situación” señaló Ana Bell.

La encuesta también aborda las diferencias entre las mujeres con ascendencia indígena de las que no la tienen. Los resultados revelaron que las primeras se sienten menos discriminadas y prevalecen más la planificación familiar que las segundas.

Cristián Candia investigador del Programa de Política Indígena de la Fundación Felipe Herrera, sostuvo que las conductas de la reproducción y la sexualidad en el mundo indígena son más conservadoras que las de la mujer occidental, por involucrar una decisión más colectiva y familiar.

“Puede estar naturalizada la discriminación y para las mujeres indígenas puede ser parte de la vida, entonces eso requiere un análisis de tipo antropológico que revele que tipo de problemas hay detrás. Por ejemplo en el tema de la violencia intrafamiliar, a nosotros nos ha tocado en talleres hechos con mujeres indígenas escuchar que ese es un problema real, sin embargo, no lo declaran en lo público porque el mundo indígena mira con desconfianza el mundo no indígena” advirtió Candia.

Otro de los temas tocados en el estudio fue la despenalización del aborto, donde la mayoría de las chilenas consideraron que actualmente la interrupción del embarazo no es un delito.

María Isabel Matamala, integrante de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, se refirió al respecto.

“En todo el periodo de democracia nunca en este país hemos logrado una ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, en el año 2000 ya las organizaciones de la sociedad civil lo plantearon y en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ella dijo que se aprobaría la ley marco y en este gobierno se vuelve a plantear, pero parece que se anuncia al inicio de la administración y después se produce un silencio” criticó la feminista.

Por último, María Isabel Matamala concluyó que hay una deuda en general de lo que significa sexualidad y reproducción, en su opinón, ese tipo de derechos quedan invisibilizados o son más intercambiables en las negociaciones que se hacen a nivel de Gobierno, Iglesia y sociedad civil.