La presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, organismo que vendría a reemplazar a la actual Onemi.
Durante la ceremonia, que se realizó en el Salón Montt Varas de La Moneda, la Jefa de Estado destacó el trabajo realizado por la actual Oficina Nacional de Emergencias, pero planteó la “necesidad de contar con una institucionalidad más robusta” para enfrentar los distintos eventos que ocurren en el país.
El nuevo sistema estaría caracterizado por “una mirada integral”, según dijo la Presidenta, y los principales cambios pasarían por una gestión administrativa de la emergencia, que incluiría la creación de direcciones provinciales y regionales, que se coordinarán con sus respectivos consejos.
“Estamos proponiendo remplazar a la actual Onemi, Oficina Nacional de Emergencias, por un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que se haga cargo de las tareas que se requieren, en todas las fases del proceso, es decir de las tareas de prevención y gestión de riesgo durante la catástrofe y en la recuperación posterior, que lo haga con una perspectiva sectorial y con énfasis en las características locales”, explicó la Mandataria.
En el contexto de la iniciativa, el subdirector del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, Mario Pardo, indicó que el Centro participó de la ceremonia de firma, pero que aún no hay claridad, pues solo con el texto definitivo en mano se podría entregar una posición al respecto. De todas formas estableció que según lo conversando con anterioridad, los cambios serían favorables.
“Con las conversaciones que hemos tenido previas, tengo entendido que se mantienen las agencias de información de datos duros a Onemi y una de estas agencias sería el Centro sismológico Nacional de la Universidad de Chile, con un link directo al nuevo sistema de protección civil”, explicó.
Pero a pesar de los avances, la realidad dista mucho de un sistema ideal de medición. En la actualidad existen cerca de 90 estaciones de monitoreo sismológico instalados a lo largo del país, además del compromiso de aumentar este número a 140 para finales del próximo año. Sin embargo, en una situación ideal y “utópica”, comentó el Mario Pardo, deberían ser 600 las estaciones necesarias para poder entregar una cobertura adecuada y eficaz, o sea, en la actualidad existiría apenas un 15 por ciento de la cobertura que corresponde.
La instalación de los equipos que tendría un precio variable que según la zona, ronda los 20 millones de pesos, y el valor de los instrumentos serían aún más costosos, con un margen de los 25 mil dólares cada uno. Todo esto acompañado de un sistema robusto de comunicaciones satelitales ya que la señal de internet presentaría fallas con los terremotos. Aunque con todo, dijo Mario Pardo, la inversión no sería mayor que los costos que se producen cuando existe una catástrofe.
“Históricamente desde que Chile existe como República y tenemos historia de terremotos y vemos cuales son los daños y los costos que le ha significado al país se puede hacer un promedio entre 1 o 2 por ciento del PIB, luego gastar algunos millones de pesos en este tipo de actividad con la cual podemos mitigar y bajar los daños es altamente rentable para el país”.
Pardo destacó que los datos que se puedan obtener de estas estaciones, no solo contribuirían a entregar información que ocurre durante las emergencias, sino que queda al servicio de todos los ingenieros cientistas del país para mitigar los daños en futuras construcciones e infraestructura.
Prevención, gestión y multas
Según el Ejecutivo, el nuevo Servicio de emergencias, en materia de prevención, tanto los organismos del Estado como las empresas que prestan servicios básicos, deberán generar mapas de riesgo y planes de que puedan adelantar a los conflictos, siendo así, capaces de identificar nudos críticos. A las instituciones que no cumplan con las normas establecidas por el sistema se le podrán cursar multas previa fiscalización.
También se incluye en esta iniciativa la “gestión de la emergencia y recuperación” con distintos cargos como un “jefe de emergencia”, quien dispondrá de recursos, facultades e información para manejar las distintas tareas y será el responsable técnico encargado de actuar durante el evento y las etapas inmediatamente posteriores. La Presidenta Bachelet aseguró que si bien las emergencias no se pueden evitar, si se pueden minimizar los daños y las pérdidas que se producen.
“Creo que somos conscientes de la necesidad de respuesta que requiere nuestro país frente a emergencias en todas sus fases. Tenemos que trabajar mucho más fuerte para crear una cultura de la prevención para que cada uno de nosotros sepa cómo conducirse en cada caso, para preservar tanto nuestra vida como la nuestro ser cercano en la comunidad”, dijo.
Además, se creará una instancia ministerial que dictará normas y que desarrollará planes y estrategias que será liderada por el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Esto sería apoyado por una comisión consultiva por expertos relacionados al tema como bomberos, Cruz Roja, sismólogos y servicios como el Shoa entre otros.
En la instancia, el ministro Peñailillo además, hizo entrega a la Mandataria la “Política Nacional en Gestión de Riesgo de Desastres”, mediante el cual se contará con un marco guía que logre reducir de manera considerable los efectos adversos que causan los desastres en nuestro país. Configurándose como un instrumento que proporciona una serie de orientaciones para desarrollar un proceso sostenido de reducción del riesgo de desastres y responder adecuadamente a situaciones de emergencia.