Con el objetivo de enriquecer las políticas públicas, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, presentó a principios de diciembre la primera consulta ciudadana sobre el nuevo Reglamento Concesiones Marítimas que busca, entre otras cosas,  incentivar la inversión en el borde costero.

El proceso que termina el 30 de enero, ha levantado reacciones respecto de la regulación del trámite de oposición a las concesiones que, según el nuevo documento ,se limitaría a 30 días desde que se hace pública la solicitud. Mientras que en la norma vigente un tercero se puede oponer en cualquier parte del proceso, con la nueva reglamentación se acotan los tiempos y se deben presentar antecedentes para argumentar las razones de la negativa de otorgamiento.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cree que este proyecto facilita la instalación de nuevas infraestructuras ligadas sobre todo a puertos de minería y termoelectricidad que pueden ser incompatibles con otros usos que podrían tener los territorios afectados, tanto entre actividades económicas como con los modos de vida de los habitantes.

Lucio Cuenca, director de OLCA.

“Hay muchos intereses, y muchos usos que pueden tener las zonas costeras y que pueden haber altos niveles de incompatibilidad y, por lo tanto, de conflicto. Creo que lo que está planteando el Gobierno hoy en día, por un lado transparenta un poco el procedimiento, pero restringe la participación”, dijo Cuenca.

Transparencia que se traduce, según el nuevo reglamento, en la obligación de publicar un extracto de la solicitud de concesión marítima en un diario de circulación regional o local, pero que se ve opacada ante el nuevo límite de tiempo establecido para ejercer oposición. Además la medida no considera otros medios de comunicación, y no toma en cuenta que muchas de las comunidades no cuentan con los recursos económicos para mantener un monitoreo constante de publicaciones que aparezcan en un determinado medio de comunicación.

Además, Cuenca advierte que buena parte del borde costero del país está habitado por comunidades indígenas y desde la octava región hacia sur rige la Ley Lafquenche, que debiera tenerse en consideración para esta reglamentación, como también respetar la consulta indígena de acuerdo a los estándares del convenio 169.

Para el sociólogo Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, el mecanismo de aviso propuesto por el gobierno resulta bastante “vago” ya que la publicidad podría ser mucho más efectiva para informar a la ciudadanía sobre la aparición de una solicitud. El ecologista cree que además de incluir otros medios de comunicación como la radio, se debe imitar el proceso de concesiones eléctricas, donde la municipalidad cumple el rol de difundir a las organizaciones de base.

Manuel Baquedano

“El que va a pedir la concesión no tiene ningún interés de que se sepa, para que se termine esa etapa y por lo tanto la ciudadanía quedaría indefensa. En ese contexto un diario me suena sumamente vago. Más bien debe ser un conjunto de medios que va primero a avisarle a la municipalidad para que esta la difunda en la junta de vecinos y los lugares que pueden ser afectados por la concesión, segundo, en las radios locales. En estas zonas extremas las radios juegan un rol muy importante. Yo creo que en esta parte el proyecto tiene que ser mejorado”.

Baquedano acusa que el borde costero, al igual que otras áreas del país, no tiene planificación estratégica en relación a sus recursos y el Gobierno ha sido incapaz de evaluar su gestión considerando el conjunto de elementos que existen en el territorio. Además indicó que las concesiones también se han prestado para abusos, llegado incluso a intentar efectuarse en zonas protegidas.

La consulta ciudadana para conocer este proyecto se mantendrá abierta hasta el 30 de enero de 2015 en el sitio web de la página del Ministerio de Defensa al que se puede acceder a través de este link. La respuesta a este sondeo se sabrá luego de 30 días hábiles, tiempo en que el Ministerio debe elaborar un informe con análisis de las observaciones y darlo a conocer mediante la misma plataforma web.

El caso de Mehuin

La planta de celulosa Valdivia, propiedad de Celco, tiene un conflicto que data de hace más de 16 años con la comunidad de Mehuin por la instalación de un ducto para botar sus desechos al mar. La comunidad, principalmente pescadores, ha utilizado tanto la movilización social como la institucionalidad vigente para poder paralizar la concesión y proteger su territorio donde ya existen acuerdos para la pesca artesanal.

La nueva reglamentación podría afectar a esta comunidad, que hasta ahora se ha defendido de las pretensiones de Celulosa Arauca de descargar los desperdicios industriales al mar.

Eliab Viguera

Eliab Vigera, presidente del Comité de Defensa del Mar de Mehuin recuerda que la planta de procesamiento de la celulosa blanqueda de la empresa Celulosa Arauco, se encuentra a unos 30 kilómetros de los habitantes de su localidad, hasta donde llegaría el ducto con residuos industriales líquidos: Los mismos que causaron el desastre de los cisnes de cuello negro en el Santuario del Río Cruces.

“Hemos recurrido a todo, como a la ley Lafquenche que nos da la preferencia que se tramite este sector para otros fines. Indudablemente esta modificación del reglamento de concesiones marítimas afecta directamente a las pretensiones de administración del borde costero de las comunidades indígenas de todo el país” y agregó que “la administración de los espacios costeros por medio de la ley indígena demoran más de un mes, en realidad casi todo un año”.

A vista del dirigente existe una desproporción descabellada entre la facilidad para otorgar concesiones que generarán infraestructura y las de desarrollo sustentable.