Las 26 organizaciones que asistieron a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, invitadas por el Centro de Estudios de la Justicia y la organización Litigación Estructural de América del Sur (Leasur), coincidieron que es necesario cambiar el sistema penitenciario en su conjunto.

Esto debido a los altos índices de reinserción, que superan el 50 por ciento,  y por las continuas violaciones a los Derechos Humanos y vejaciones de las que son víctimas los internos de las cárceles chilenas, tanto en las estatales como en las concesionadas.

Una de las razones de estos abusos es la nula fiscalización que tiene el Estado sobre las labores que hace gendarmería. Según indicó la directora del Centro de Estudios de la Justicia, María Inés Horvitz: “La sanción penal es privación de libertad pero no privación de la educación,  privación de la salud, privación de la información o recibir visitas, o incluso de tener una vida sexual y de tener una tratamiento digno. O sea nada de eso debería estar afectado por la pena en nuestro país no hay excepciones respecto a las malas condiciones ni siquiera para un animal”, enfatizó la experta.

A juicio de la experta, el problema va más allá y tiene que ver con el desconocimiento que tienen las autoridades sobre la realidad penitenciaria, lo que se acrecienta con la nula intención de reformar el sistema, asegura: “Este tema no ha estado en la agenda de ningún partido político, de ninguna coalición. Por el contrario lo que hay es demanda de más cárcel, de y de mayores penas. Y como se ha dicho acá ni siquiera es recomendable estratégicamente esa medida para disminuir la delincuencia”, explicó la abogada.

“Los estudios internacionales demuestran que las cárceles embrutecen a las personas, las hace sentir resentimiento, no se sienten titulares de derecho y finalmente van adquiriendo un rechazo que hace que al salir sigan primero delinquiendo, porque no tienen ninguna otra alternativa porque los antecedentes penales impiden encontrar trabajo. Además se pierden los vínculos sociales, incluso con la familia, y eso significa que su medio siempre va a terminar siendo un medio criminógeno y, por lo tanto, un nuevo incentivo para fortalecer su carrera criminal”, concluyó la directora del Centro de Estudios de la Justicia, María Inés Horvitz.

La mirada del Ministerio Público

Otra de las evaluaciones que se sacó provino desde el Ministerio Público, que  por medio del Fiscal Raúl Guzmán indicó la necesidad de tener un marco regulatorio que se ocupe de los beneficios de los internos, que mejore la legislación vigente y que reestructure el servicio de gendarmería.

Raúl Guzmán

En este marco, el fiscal de la Región Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, analizó la dificultad que existe para detectar delitos al interior de las cárceles chilenas y separó los ilícitos en dos grupos, según su dificultad en la investigación. Por un lado aquellos de fácil indagación como lo son el tráfico de drogas o las asociaciones ilícitas que forman los internos mientras permanecen en la cárcel.. Sin embargo, explicó que el problema radica en esos episodios de violencia que se vive al interior de los recintos penitenciarios, como ataques o incluso homicidios, los que no son simples de esclarecer: “(Aquí) existe una responsabilidad del funcionario (gendarmería) porque genera una dificultad en la investigación tanto por el silencio de los propios internos que no quieren denunciar estas agresiones como también por la cultura carcelaria en la que los gendarmes no quieren acusarse entre ellos”, manifestó el Fiscal.

Es así que uno de los problemas que exista para investigar los delitos que suceden al interior de los penales, es el mal manejo de las cámaras de seguridad. Esto lo dieron a conocer las organizaciones que asistieron al evento, las que explicaron que un de las malas prácticas reconocidas por la Fiscalía es que al momento de una agresión la cámara que debiera captar la escena se encuentra apuntando hacia una pared sin dar cuenta de lo sucedido. Para evitar aquello, Raúl Guzmán, explicó que lo necesario es: “en primer lugar regulando adecuadamente aquello y estableciendo la responsabilidad del funcionario que está a cargo de la vigilancia de la cámara. Evidentemente mientras esto no este claramente definido e intencionalmente se obstaculice o se disminuyan los medios con los que se puedan comprobar los hechos, no se va a poder identificar algún delito de obstrucción a la investigación”, concluyó el fiscal.

La respuesta de Gendarmería 

Radio Universidad de Chile también conversó con la institución cuestionada. Jorge Ortiz, dirigente de la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN) asumió parte de la responsabilidad de la institución y manifestó la necesidad de que se respeten los Derechos Humanos de los funcionarios: “Asumimos la responsabilidad como institución, como funcionarios no uniformados. Entendemos que la dinámica interna de los penales produce este círculo vicioso de la relación entre interno y funcionario y en ese aspecto quisiera pronunciarme sobre los Derechos Humanos de los funcionarios, que están bastante vulnerados también. Absolutamente vulnerados y eso, una cosa genera a la otra. El maltrato y las malas relaciones de culpar al otro de lo que a mí me está pasando”, finalizó el representante de los funcionarios.

Posibles soluciones

Desde la otra vereda, las agrupaciones de familiares de internos y aquellas organizaciones que prestan ayuda a los reclusos también dieron su parecer sobre el estado del sistema penitenciario.

Galo Muñoz, representante de la Corporación Nuevos Horizontes, manifestó la necesidad de que haya programas donde la comunidad se involucre con las poblaciones y se concientice sobre las consecuencias que tiene delinquir. Esto por medio de políticas de impacto en las zonas más vulnerables: “Donde existe este problema (delincuencia y el consumo de drogas) es en las poblaciones donde la PDI tiene que llegar a hacer su trabajo que es llevarse detenido o llevarse preso al padre, al proveedor de una familia. Por lo tanto, el chico cree que es su enemigo. Tampoco vamos con médicos porque le va a decir que el problema de la adicción se debe al lóbulo parietal izquierdo, así la gente tampoco entiende. Nosotros trabajamos con la teoría de los pares, con alguien que es de la población, yo vengo de una población y también tuve ese problema, le puedo decir si quiere consumir consuma, ningún inconveniente, pero yo te voy a contar la otra parte que no sale ni en los libros, lo que es dormir con la soledad o el sabor del hambre”, ejemplificó Galo Muñoz. 

Pero una vez dentro, la realidad golpea fuerte, por lo que es necesario conocer los derechos que tienen los internos. Ese es el trabajo de la ONG 81 razones que tiene entre sus integrantes a los familiares de los presos fallecidos de la Cárcel de San Miguel, que trabajan brindando asesoría jurídica y protegiendo los Derechos Humanos de los reclusos.

En este contexto, Cesar Pizarro exige que Gendarmería cumpla con la legislación vigente: “La Constitución no avala los malos tratos, ni las torturas, ni la violación a los Derechos Humanos. Si se respetara  la ley, los derechos constitucionales, nos evitaríamos todos estos gastos en traslados, en golpizas, en tortura, en abogados, y tendríamos quizás un sistema penal más tranquilo y más en paz”, concluyó el asesor en Derechos Humanos de “81 Razones”.

Una alternativa

Finalmente, la socióloga y delegada de Libertad Vigilada del CRS Santiago Norte, Katherine Santamaría, dio algunas luces de cómo se puede evitar que los reclusos vuelvan a delinquir. Principalmente, la profesional, indicó que las penas que se cumplen al interior de las cárceles son las que causan un mayor desapego del entorno y que profundizan las razones por las cuales las personas vuelven a delinquir, por lo que el Estado debiera focalizarse en un nuevo enfoque: “Las penas sustitutivas de libertad a la reclusión son penas que tienen menor índices de reincidencia, pero que también se requiere de recursos efectivamente para que las personas puedan ir al programa laboral o a un programa educativo. Considero que es fundamental que el Estado se haga cargo del problema de la reinserción social, pero también la ciudadanía en general tiene que liberarse un poco de los prejuicios a las personas que han cometido algún delito y darle las oportunidades que se requieren”, finalizó la socióloga de Libertad Vigilada.

Con este completo balance, la mesa ciudadana se pondrá dos desafíos: El primero tener un documento con las propuestas emanadas desde el encuentro para tres meses más; en segundo lugar convocar a una actividad que aglutine a todas las organizaciones que será agendada para marzo o abril de este año.