Presente está la memoria de Patricio Manzano, estudiante de la Universidad de Chile que murió como voluntario mientras participaba en los trabajos de verano de la FECH durante 1985. Esta actividad fue prohibida por la dictadura, pero los estudiantes insistieron en llevarla a cabo, lo que finalizó con 201 jóvenes detenidos, quienes fueron sometidos a una fuerte represión y torturas ante el desacato.

En ese contexto falleció Patricio Manzano. La dictadura informó al país que el joven, quien practicaba atletismo y tenía buen estado físico, no habría declarado a sus captores una supuesta enfermedad cardíaca preexistente. Esto fue refutado con fuerza por la investigadora Marcela Campos, integrante del Colectivo que lleva el nombre de la víctima.

“No tengo ninguna duda de que Patricio junto con 200 jóvenes más fue sometido a golpes y a torturas, físicas y psicológicas en la Escuela de Formación de Fuerza Especiales de Carabineros de Los Andes el ocho de febrero del 85. Golpiza aseriada, ordenada por los oficiales mayores a los estudiantes que habían entrado a la Escuela de Carabineros, quienes caminaron sobre los cuerpos de esos muchachos que estaban tendidos, quienes vivieron situaciones como la prohibición de ingerir agua por más de tres o cuatro horas, con una temperatura de 32 grados, quienes recibieron golpes de lumas, pasaron por callejón oscuro. No tenemos ninguna duda de que aquí no fue un accidente cardiaco o cardiovascular”, afirmó.

De hecho, el joven fue asistido por estudiantes de medicina de sexto año quienes advirtieron a los uniformados la necesidad de brindarle masajes y realizar un proceso de reanimación, pero las autoridades militares decidieron subirlo a un carro para trasladarlo al hospital, pese a la advertencia que le realizaron los internos.

Para Marcela Campos el estudiante falleció producto del intenso estrés físico y mental al que fue sometido, el que indicó, no obedece “al exceso de uno o dos uniformados, sino que al decreto firmado por el Ministro del Interior de la época, Sergio Onofre Jarpa, por una orden dada por Augusto Pinochet e informada al subsecretario de entonces, el ex diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil”.

Para ella esto fue más allá de una agresión al joven, militante de izquierda, fue un ataque a la FECh que, hace pocos meses se había democratizado y añadió que sólo tres días después de que murió Manzano, Jarpa perdió su puesto. “No nos parece casual”, afirmó.

Por esto el colectivo ha buscado históricamente respaldo en la FECh que, esta vez nuevamente le dio un espaldarazo. Así lo indicó la actual presidenta, Valentina Saavedra, para quien esto fue un golpe a la amenaza que constituía la formación del movimiento estudiantil.

“Los trabajos voluntarios en sí, no le hacían daño a nadie, ni siquiera amenazaban políticamente al Estado que existía en ese momento, pero la reorganizaicón de los estudiantes, que estos volvieran a ser un actor en la sociedad,  tener iniciativa, implicaba una amenaza para la dictadura y cualquier tipo de actividad que los reactivara podría ser después causa de movilizaciones más adelante, o un germen, una semilla de organización política también”, afirmó.

En lo judicial existe una querella presentada por las dos hermanas del joven, instancia acogida por el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y que, desde 2011 investigaba el ministro Mario Carroza. Sin embargo, en diciembre de 2014 el magistrado decidió cerrar el sumario sin culpables.

Ante esto el abogado Hernán Montealegre presentó una apelación y explicó que en la querella se persiguen las responsabilidades directas del oficial que privó a Manzano de la atención médica que requería, pero también de la cadena de mando, lo que incluye a Onofre Jarpa pero, ante su avanzada edad, se concentra en Cardemil.

“Estoy pidiendo la apertura del sumario porque Cardemil ha evadido a la Justicia y ha mentido en sus declaraciones diciendo que nunca tuvo contacto ni con la CNI ni con ninguno de estos grupos de Inteligencia, pero yo he acompañado documentos donde Cardemil dice en las instrucciones que él le pidió a la CNI que investigara la infiltración en la Vicaría de la Solidaridad, y eso está manuscrito por él. Por lo tanto, es falso que él no tuviera ningún contacto con este tipo de situaciones”, afirmó.

En este contexto los grupos de apoyo se levantaron para solicitar que se reabra el caso y, en paralelo, iniciaron una campaña de recolección de firmas por Internet que busca pedir a la Rectoría que la Universidad de Chile se sume a un “téngase presente” añadido a la querella para manifestar que la Casa de Estudios también tiene la inquietud de alcanzar la Verdad y la Justicia en este caso.