Tensión en el Congreso por próximos pasos en investigación sobre SQM

En los 25 años de post dictadura nunca antes la clase política había enfrentado un momento tan crucial como el que se vive hoy, luego que se empezara a correr el telón que cubre la estrecha relación entre el dinero y política. Algunos personeros hacen llamados a transparentar el financiamiento de las campañas electorales, mientras otros se muestran cautelosos y piden dejar que las instituciones funcionen como siempre lo han hecho.

En los 25 años de post dictadura nunca antes la clase política había enfrentado un momento tan crucial como el que se vive hoy, luego que se empezara a correr el telón que cubre la estrecha relación entre el dinero y política. Algunos personeros hacen llamados a transparentar el financiamiento de las campañas electorales, mientras otros se muestran cautelosos y piden dejar que las instituciones funcionen como siempre lo han hecho.

Este domingo se conoció que Fiscalía citará a declarar a los máximos directivos de SQM, con el fin de obtener mayor información sobre el financiamiento de la empresa a campañas políticas.

De ese modo y mientras el escenario judicial trabaja a toda velocidad para poder presentar antecedentes que vinculen a la minera de Ponce Lerou con nuevos nombres políticos, en el Congreso diputados y senadores proyectan escenarios sobre los que debería avanzar la indagatoria del Ministerio Público.

Si bien la gran mayoría pide una “investigación a fondo”, caiga quien caiga, prevén diversas consecuencias políticas para el país si se conocen o confirman los rumores que señalan a nombres de diversas colectividades políticas.

El senador independiente, Alejandro Guillier, señaló ante rumores de posibles salidas políticas en este caso, que sería el peor negocio que podrían hacer tanto el Estado como los partidos políticos, y que sólo cuando se hayan asumido las responsabilidades políticas y penales que pudieran caber, recién en ese momento se podría hablar de legislar para regular la relación entre política y dinero.

“Sería un muy mal negocio para el Estado como institución y para los propios partidos políticos. Creo que es el momento de que transparentemos todo y cada uno asuma su responsabilidad si las tiene y una vez que tengamos el diagnóstico correcto y luego que cada uno haya asumido la responsabilidad que le corresponde, sea política, administrativa o legal, tenemos que entrar a hacer las modificaciones y cambios que el país requiere para ponerle coto a esta relación entre política y dinero”, indicó Guillier.

El diputado independiente, Gaspar Rivas, si bien coincide con Guillier en que es difícil que se produzca un acuerdo que posibilite que los personeros políticos que pudiesen verse involucrados en este caso puedan eludir el actuar de la justicia, estima que existe el legítimo derecho a dudar de que se pudiera producir una transacción en este sentido.

“Después de todo lo que se ha visto en la política nacional, uno no puede menos que tener que sospechar que se pueda realizar, tal vez, alguna suerte de transaca política, es decir, nosotros no molestamos más por el caso Penta y ustedes no nos molestan más por el caso Soquimich, y quedamos todos amigos y empatados en cero”, indicó.

El diputado de la UDI, Patricio Melero, enfatiza en que es necesario dejar trabajar a las instituciones que están tras esta investigación, no obstante hace un llamado a que las sanciones se ajusten a las leyes vigentes, sin excederse ni politizar los procedimientos judiciales.

“Hay que llegar en la dimensión justa de lo que es administrativo, de lo que es judicial y en la proporción de las sanciones que correspondan y que estén establecidas en el Código Tributario y en el Código Penal. No hay excederse en estas materias, hay que tener prudencia, no hay que politizar las investigaciones, y hay que confiar en que la institucionalidad chilena está actuando como ha actuado siempre, y creo que eso es fundamental tenerlo muy presente”, señaló.

Por su parte, Gonzalo Fuenzalida, diputado RN, hizo hincapié en la necesidad que instituciones como el SII y el TC sean reformulados para que en su composición prime el componente técnico, por sobre el político, como es la situación hasta ahora, y que es uno de los flancos de mayores críticas hacia el actuar de estas instituciones en relación con el caso SQM.

“Hay instituciones que no están dentro de la lógica de la política pública, no están dentro de la lógica de ganarse la legitimidad a nadie, y que son instituciones que de alguna forma tienen que ser dirigidas por personas que sean extremadamente técnicas y que no tengan mucha relación con la política, sino que en el fondo haga su trabajo en forma técnica, y su relación con la política sea netamente del ámbito legislativo y punto”, indicó.

El diputado de Amplitud Pedro Browne reconoce que el ambiente político a raíz de las implicancias de este caso está extraño, por lo que sostiene que es necesario desenmarañar la situación a través del correcto funcionamiento de las instituciones, para así no dejar espacio a dudas.

“Creo que hoy existe una confusión respecto de este caso. El ambiente está extraño, yo creo que hay que contribuir a desenredarlo, a que efectivamente haya la mayor claridad, la mayor transparencia y que no quede ningún manto de duda respecto de ninguna de las instituciones”, señaló.

Finalmente el diputado Gonzalo Fuenzalida, reconoce que existe preocupación en el Congreso por las posibles consecuencias que el caso SQM podría acarrear para algunos de sus integrantes.





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