Ha sido catalogada como la mayor defraudación tributaria de la historia de Chile. El caso que involucra a cinco miembros de una de las familias más “reputadas” de nuestro país, ha sacudido a la élite económica chilena y de paso podría extenderse a otras familias ligadas al rubro empresarial.

Fue el año pasado cuando el Servicio de Impuestos Internos decide querellarse en contra de los hermanos Bernardo, Gabriel y María Teresa Ossandón y sus padres, Gabriel Ossandón Valdés y María Soledad Troncoso Larraín, quienes habrían diseñado un mecanismo “doloso” para evitar el pago de impuestos.

Dicha trama comienza en el año 2011 cuando otro de los hermanos, Manuel Ossandón Larraín, presentó una querella en contra Bernardo Ossandón, el abogado Rodrigo Ruiz Tagle y del ejecutivo Marko Jurgensen, por los delitos de estafa, falsificación de instrumento público, entre otros delitos.

La estafa que desató la guerra

Los hechos se remontan al año 2004, fecha en la que el matrimonio compuesto por Manuel Ossandón Larraín y Sara Bustamante Donoso, deciden viajar a los Estados Unidos por estudios. Dicha situación obligó a Manuel a dejar su patrimonio de unos US$200 millones a cargo de su hermano Bernardo Ossandón, primogénito de la familia y quien está a cargo de la administración de los negocios del clan.

A través de una serie de operaciones comerciales, Bernardo logra traspasar el patrimonio de Manuel, sin su consentimiento, a una Fundación Educacional ubicada en Panamá, la cual habría sido constituida mediante la falsificación de la firma del abuelo de los hermanos Ossandón Larraín, Bernardo Larraín Vial.

La causa que quedó en manos de la fiscalía Centro Norte, contiene los descargos realizados por Bernardo Ossandón Larraín, quien declaró en su momento que “todas las operaciones fueron hechas con el consentimiento de Manuel” y tenían por objeto “la protección familiar de los derechos patrimoniales de cada uno de los participantes de esta estructura societaria”.

Bernardo agregó que “Manuel ha recibido, a lo largo de los años, cuantioso dinero con cargo a los derechos que le han sido reconocidos en las sociedades familiares y el patrimonio de todos ha sido utilizado para financiar también en parte proyectos de inversión liderados por él, los cuales han resultado en completos fracasos”.

Estas palabras fueron refutadas por Manuel Ossandón, quien sostuvo que nunca estuvo al tanto de estas operaciones y que tampoco existe certeza de dónde está el patrimonio legado a su hermano Bernardo y que, supuestamente, fue trasladado a esta Fundación Educacional.

La arista tributaria

Durante el proceso Manuel denuncia que a través de una serie de operaciones la sociedad Real State (constituida en las Islas Vírgenes y sindicada como el puente para transferir los dineros a Panamá) aumentó su capital sideralmente y que debió pagar impuestos por ello.

Explica que al comprar créditos con tanto descuento y, al mismo tiempo, no pagar nada por esos créditos, su patrimonio creció. Como esta operación la hizo con todos los hermanos, la acusación afirma que Real State tuvo un incremento de capital de UF 18.970.240, el cual estaría afecto a la tasa del 35 por ciento de Impuesto adicional.

Fueron estos movimientos los que llegaron a manos del Servicio de Impuestos Internos durante la administración de Julio Pereira y que encendieron las alarmas de la entidad debido a lo cuantioso del monto defraudado.

Sergio Contreras abogado de Manuel Ossandón Larraín señala que “fue en el año 2012 cuando los antecedentes llegan al Servicio de Impuestos Internos, como Pereira tenía una relación de parentesco lejana con la familia Ossandón Larraín, decide inhabilitarse dejando todo en manos del subdirector jurídico de aquél entonces, Mario Vila”.

El abogado agrega que “después de mucho esfuerzo y muchas reuniones, logramos que el SII ordenara la liquidación de algunas empresas pertenecientes a Bernardo Ossandón para que el Fisco recuperara parte de lo defraudado, pero pese a eso el Servicio nunca se querelló”.

En efecto, durante la administración de Sebastián Piñera el Servicio de Impuestos Internos optó por no perseguir judicialmente a la familia Ossandón Larraín. Recién el año pasado, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, la entidad decide estudiar los antecedentes y presentar una acción legal que permitió reabrir la causa, esta vez, en la fiscalía de delitos de alta complejidad que encabeza Carlos Gajardo.

La formalización de los Ossandón

La causa penal, que comenzó con la querella interpuesta por Manuel Ossandón en contra de su hermano Bernardo, estuvo por más de tres años a cargo de la Fiscalía Centro Norte, sin que existieran mayores avances en la causa.

De hecho, el abogado Sergio Contreras afirma que todos los datos proporcionados y que hoy son el sustento de la investigación que lleva a cabo el equipo del fiscal Gajardo, “fueron proporcionados por Manuel Ossandon”.

Finalmente, a mediados de 2014, la Fiscalía Centro Norte decide separar la indagatoria dividiendo, por un lado la causa por estafa, que terminaría por ser sobreseída y por el otro, la arista de falsificación de instrumento público, que todavía está en trámite y que la representación de Manuel Ossandón espera que avance a la luz de los nuevos antecedentes.

Si bien ahora no son parte directa del proceso, el abogado Sergio Contreras sostiene que la formalización de los cinco integrantes representa “un triunfo moral” debido a que se confirman, de alguna manera, las acusaciones que ellos levantaron por años.

Luego que la causa cayera en manos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, no pasaron más de tres meses para que el fiscal Carlos Gajardo, decidiera formalizar a los integrantes de la familia Ossandón Larraín, poniendo en entredicho el trabajo de la Fiscalía Centro Norte y de la anterior administración del SII, por su decisión de no querellarse pese a los antecedentes que tenía a mano.

De acuerdo a lo señalado por el Departamento de Delitos Tributarios del SII, los querellados “diseñaron y ejecutaron una serie de actos constitutivos de procedimientos dolosos destinados a ocultar el monto de las verdaderas operaciones realizadas y rebajar su carga impositiva en forma antijurídica y maliciosa, evadiendo así el pago de los impuestos a los que se encontraban afectos”.

A juicio de algunas fuentes cercanas al caso consultadas por este medio, este modelo de defraudación tributaria no es exclusivo de la familia Ossandón Larraín, sino que sería un método masificado entre los grupos económicos más poderosos de este país.

Por lo mismo no se descarta que ésta investigación, que es catalogada como “el fraude tributario más grande de la historia de Chile”, derive en nuevas aristas.