Frente una serie de conflictos ambientales recientes, delicadas situaciones laborales, y una crisis institucional que genera cuestionamientos sobre quiénes realmente se benefician con el actual modelo de desarrollo, Radio Universidad de Chile conversó con la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries sobre estos temas.

Como punto de partida, se trató la situación de las trabajadoras de la Frutícola Atacama, que sobrevivieron al alud, pese a denunciar haber sido encerradas en un conteiner. En ese sentido, la directora afirmó que se debe observar con atención éste y otros abusos que las crisis naturales dejan en evidencia.

“La desgracia de los desastres naturales es que exponen situaciones que de otras maneras se ocultan, se invisibilizan y, en este caso, el tema del conteiner, que al final era un perímetro, una reja, da cuenta de los abusos a los que son objetos los trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, dónde están los déficit en materia de derechos humanos y, claramente, en materia laboral, los derechos colectivos están al debe en este país”, dijo.

Lorena Fries añadió que en Chile tenemos una falla en términos de la fiscalización, de los atributos que tiene el Estado para regular la posibilidad de acceso y de cumplimiento de las normas laborales. En esa línea, dio una mirada al norte, que es una de las zonas que más riqueza genera al país.

“Pareciera que este país está formateado de manera tal que, sobre todo en el norte, son las industrias extractivas, mientras (en el sur las hidroeléctricas, forestales), las que diseñan el panorama en el país. En ese sentido, obviamente frente a desastres o un tema candente como es el acceso al agua potable, al saneamiento, va dejando en indefensión a la población”.

La directora del INDH afirmó, en relación con los derechos económicos, sociales y culturales de la población chilena, que estos no están debidamente reconocidos en la Constitución de 1980, lo que hace mucho más difícil para la ciudadanía exigir su cumplimiento. Esto se evidencia en los conflictos ambientales que hoy se expresan, donde el mercado ha tomado la delantera por sobre las garantías de la población.

“Sobrepasamos el punto de equilibrio entre lo que es el normal desarrollo económico que puede tener un país sobre la base de sus recursos naturales y sus industrias (extractivas, mineras y forestales, etc.), con la calidad de vida y el derecho a la vida digna de las comunidades que se asientan en los territorios donde están esas industrias. Ese desequilibrio, esa asimetría en la relación de la comunidad con el acceso de bienes básicos para lograr esta vida digna es la que está en crisis”.

“La regulación actual no es suficiente para garantizar derechos y en ese sentido el Estado tiene que tener un rol más activo”, sostuvo, y en una mirada autocrítica añadió: “Hemos coexistido con un modelo de desarrollo que está mostrando que no da más y, por lo tanto las posibilidades de cambio pasan también por cambiar ese modelo”.

Finalmente, Lorena Fries se refirió a las palabras del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, quien, en el contexto del fallecimiento de un carabinero en las conmemoraciones del Día del Joven Combatiente, afirmó que “el Gobierno no descarta utilizar estado de sitio en situaciones como éstas”. Ante esto la directora sostuvo que “es una exageración, un fracaso para un Estado de derecho y una democracia madura como la nuestra” y que “un Instituto Nacional de Derechos Humanos no puede avalar en ningún caso una declaración como ésa”.