El Gobierno alineó el trabajo de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, de Gobierno e Interior y de las futuras comisiones de trasparencia de ambas cámaras, en un almuerzo en el que los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, de secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón y de Secretaría General de Gobierno Álvaro Elizalde , recibieron a los integrantes del Poder Legislativo en el Palacio de La Moneda. El sentido: afinar la agenda legislativa para salir de las crisis de credibilidad que tiene a la política en jaque por los casos Penta, SQM y Caval.
Con el fin de apurar la agenda de transparencia y probidad que está en el Congreso, los presidentes de la Comisión de Legislación de ambas cámaras, además de los líderes de las comisiones de Gobierno e Interior y los futuros encargados de las comisiones de Transparencia y Probidad, establecieron la carta de navegación en esta materia.
La idea es lograr consenso para definir un financiamiento público a los partidos políticos, establecer un piso al aporte personal, eliminar el financiamiento de las empresas, regular las reelecciones de los parlamentarios, fortalecer el Servicio Electoral y auditar a los partidos políticos que reciban aportes del Estado.
Esta última medida, es una de las más importantes para el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti.
“Hay que subir el estándar y si van a recibir aportes públicos, con mayor razón tiene que haber la más completa y absoluta transparencia en cuanto los aportes, a su funcionamiento, a la toma de sus resoluciones y eso también debiera ser un estándar que va a permitir que la ciudadanía sepa y conozca cómo funcionan sus partidos políticos, cuál es la responsabilidad, cuál es la actuación de sus presidentes y de todos sus integrantes”, concluyó el legislador.
Estas medidas fueron valoradas por el Director Ejecutivo en Instituto Libertad Antonio Horvath Gutiérrez, quien, no obstante, explicó que ninguna de estas iniciativas debe interferir con la acción de la justicia.
“Estas en ningún caso tienen que entorpecer todo el trabajo de reconocimiento e investigación que tiene que realizar tanto el Ministerio Público como las instituciones competentes, es decir en la medida que estas iniciativas de transparencia sean un complemento, mientras en paralelo, el Ministerio Público sin presiones, sin prejuicios, sin el contrapeso de ningún tipo pueda realizar su trabajo para que se avance, en transparencia y conocer toda la verdad de los casos que se están investigando, y segundo que actué la justicia, vamos a ir en el camino correcto”.
En tanto, el Doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus criticó los acuerdos del Gobierno porque no ha resuelto dos cosas: “el financiamiento de los partidos políticos y su vinculación con los grupos económicos, y el entrecruzamiento de intereses políticos-económicos que están en el sistema económico por la debilidad del Estado y por la concentración del poder económico”. Lo que produce un poder político que no tiene control, explicó el especialista.
“¿Qué hace el presidente del Banco Santander (Vittorio Corbo Lioi) en la comisión del financiamiento de los partidos (comisión Engel)?, ¿qué tiene que ver él?, ¿por qué esta él ahí y no está la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa? Lo segundo, a mí me parece más clave que lo primero porque cuando hay concentración económica en el nivel que existe en Chile, y una politización de los “capitanes” de industria de la que existe en Chile, está creando un poder político que nadie lo controla”, sostuvo Huneeus.
Ante este escenario, el sociólogo y politólogo, Manuel Antonio Garretón, cree que la única solución es una que incluya a la ciudadanía.
“Yo creo que la única manera es por la vía de una consulta, una reforma constitucional que permita, que implique, una consulta para que el país decida si quiere mantener la constitución como está, si quiere cambiar la constitución por la vía de un Parlamento o si quiere una asamblea constituyente”.
