La denuncia del subsecretario de Salud, Jaime Burrows, sobre la existencia de presiones indebidas por parte de las farmacéuticas para retrasar la tramitación de la Ley Ricarte Soto, abrió el debate sobre las millonarias ganancias que maneja la industria, el rol que ha tenido ante el Parlamento, y las falencias de los mecanismos institucionales para impedir el tráfico de influencias o lobby en el sector Salud.

La meta del Gobierno es aprobar el proyecto de ley que crea un Fondo Nacional de Medicamentos de Alto Costo, más conocido como “Ley Ricarte Soto”, antes del 21 de mayo, y así mostrar un real avance en temas “que importan a todos los chilenos”, en medio de las críticas al Ejecutivo en el marco de presente la crisis institucional y política.

En ese contexto es que la semana pasada el subsecretario de Salud, el demócrata cristiano Jaime Burrows, manifestó su sospecha sobre eventuales presiones indebidas por parte de la industria farmacéutica para retrasar el trámite de la iniciativa.

A la insistencia de laboratorios y científicos para extender el debate se sumó el que una de sus asesoras, parte del equipo de redacción del proyecto, fuera tentada con una oferta de trabajo en el sector privado con el doble del sueldo que recibe actualmente, un auto nuevo y beneficios, como explicó suspicaz la autoridad.

Ante estos antecedentes la autoridad afirmó que “obviamente se puede y se tiene derecho a pensar que hay algo que se está trabajando justamente para ejercer ese tipo de influencias”.

El vicepresidente de la Cámara de Innovación Farmacéutica, Jean Jacques Duhart, rechazó categóricamente ese tipo de acusaciones más aún cuando, según afirmó, la industria ha manifestado apoyo a la ley, con reparos en la investigación clínica, no al acceso y cobertura. Además, sostuvo que han sido “muy cuidadosos en utilizar los canales institucionales de manera pública, transparente y documentada”.

Y es que a las presiones en la tramitación de este proyecto, se suma el peso ejercido por la industria en la Ley de Fármacos.

En esa línea, Mauricio Huberman, presidente del Colegio Químico Farmacéutico, lamentó el caso informado por la autoridad y reconoció la existencia permanente de presiones en ambas comisiones de Salud. “En todas las leyes que hemos visto últimamente y que tienen que ver con empresas se han dado presiones”, dijo.

Huberman apuntó al rol que debe cumplir la Ley del Lobby para regular esta situación. Esto porque la ley obliga registrar cada una de las reuniones que se realicen, “para que quede todo documentado de forma transparente y se eviten las presiones”, afirmó.

El Presidente de la Comisión de Salud del Senado, FulvioRossi, catalogó como “grave” el caso y advirtió que “debe ser investigado”.

Además sostuvo que es curioso el comportamiento de la industria farmacéutica en esta iniciativa, cuando el gobierno piensa invertir 170 millones de dólares y debe decidir qué medicamentos ingresarán al fondo y la forma en que los abastecerán.

“Es sorprendente su conducta, porque no han sido muchos los laboratorios que han pedido audiencia para ser escuchados en el Senado y es allí donde deben ir, ese es el lobby legítimo”, dijo Rossi.

En tanto organizaciones ciudadanas advirtieron que aquí se mueve mucho dinero. Matías Goyenechea de la organización Creando Salud afirmó que las presiones existen y son directas e indirectas. Además advirtió que la industria farmacéutica es gigantesca y que cuenta con utilidades ampliamente superiores a las de las Isapres.

Además sostuvo que hay “letra chica” en este proyecto. La misma postura comparte la organización de pacientes oncológicos “Renacer”para quienes el proyecto “es otro Auge y no beneficia a la población en su conjunto”. También hay reparos de senadores de oposición y del propio gobierno quienes consideran que el texto no es claro, en especial, sobre la cobertura y el financiamiento.

Pese a las críticas, sigue adelante el trámite en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, ya que el gobierno continúa con la intención de aprobarlo antes del discurso presidencial.