El valiente proceder del capitán de corbeta Arturo Prat Chacón pasó a la historia como un ejemplo de patriotismo. Tan solo cinco años después del combate naval de Iquique, en 1884, se propuso conmemorar su aniversario como una festividad a nivel nacional. Sin embargo, estos clamores recién se concretaron en 1915, con la Ley N°2.977. En ella se estableció la celebración del “día de todas las glorias del Ejército y la Armada de la república”, de forma permanente y en modalidad de feriado.

Por su parte, la instalación de la cuenta pública presidencial en el “Día de las Glorias Navales” se oficializa en la constitución de 1925, cuyo artículo N°56 establece que “el Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 21 de mayo de cada año” y que, “al inaugurarse cada legislatura ordinaria, el presidente de la república dará cuenta al congreso pleno del estado administrativo y político de la nación”. Estas disposiciones, sobre la obligatoriedad presidencial de dar cuenta pública, se transfieren a la constitución de 1980, con la sola exigencia de periodicidad anual y sin detallar qué día debe realizarse. Entonces, la persistencia del 21 de mayo como fecha insigne para un balance del poder ejecutivo se trata de una arraigada tradición republicana.

Volver al origen de este ceremonioso día obliga a reconocer el lugar de las armas en los más importantes rituales nacionales. Pero 100 años han pasado desde la solemne entronización de esta fecha en el calendario. Años de profundas transformaciones que hoy decantan en una convicción democrática, más inclusiva y transparente. Entonces, en el centro de las liturgias navales, ¿es pertinente analizar nuestras instituciones para saber si están en sintonía con este desafío?

Para Jorge Magasich la respuesta es afirmativa. Este historiador nacido en Valparaíso, que actualmente se desempeña como académico en Bélgica, ha dedicado parte importante de su carrera a desarrollar investigaciones históricas sobre la Armada. El año 2008 publicó el libro “Los que dijeron que no: historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973”, así como sucesivos trabajos que analizan los desafíos democráticos pendientes en las Fuerzas Armadas.

En esta tarea, el estudio de la formación doctrinaria e ideológica impartida en la Escuela Naval resultó ineludible. Jorge Magasich examinó tres documentos de circulación interna de la Armada de Chile, editados en 1991, 2002 y 2012. La periodicidad de este material le permitió hacer un análisis comparativo, en donde concluye que la Armada “es una institución altamente politizada, que continúa pregonando las tesis políticas de la extrema derecha”.

Formación ideológica

La Armada es reconocida por su carácter de elite. La más selectiva de las tres ramas, que prescinde de la conscripción y eleva sus estándares de excelencia académica y deportiva a niveles casi inalcanzables. Según la investigación de este historiador, resulta ser también una de las ramas castrenses más resistentes a las transformaciones exigidas por los procesos de democratización.

Evidencia de ello es el folleto “Realidad nacional en torno al pronunciamiento militar de 1973 y obra del gobierno militar”. Este documento, publicado en 1991 por la Dirección General del Personal y la Dirección de Educación, se propone “entregar una visión histórica de los hechos que condujeron al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973”.

Según Jorge Magasich, el sistema de argumentación de este texto es de nivel propagandístico, “donde sobrevive buena parte de la ideología de la Dictadura. La identificación de la nación con el catolicismo es absoluta; se condena a toda separación del vínculo matrimonial; el gobierno de la UP es diabolizado hasta la caricatura; la glorificación del golpe de Estado es simplemente inaudita. Y la democracia emergente desde 1990 es percibida como una amenaza”. El documento, además, define a la patria como un “todo homogéneo, histórica, étnica y culturalmente”.

Bajo estos conceptos se formó a los oficiales que hoy tienen entre 35 y 45 años. Pero Jorge Magasich advierte que “no estamos ante un folleto de propaganda golpista cualquiera, sino ante un texto oficial de la Armada de Chile, financiado con los recursos que le proporciona la sociedad”.

Posteriormente, este historiador se concentra en el análisis de dos apuntes de clases utilizados en la asignatura denominada “Mando”; uno editado en el año 2002 y el otro en 2012. El primero le otorga un lugar “de primera importancia a la religiosidad católica de los oficiales navales”, pues establece que “la autoridad tiene origen divino”.

Con porfía, la Armada se resiste a la separación de la iglesia y el Estado, ya consagrada en la constitución de 1925. Aunque el historiador reconoce que “en 2012, la exaltación religiosa se ve drásticamente reducida”, no se ha logrado superar la conservadora trilogía de “Dios, Patria y Familia”, definidos en el Proyecto Educativo Institucional del año 2013 como los valores imperantes de la Armada.

El análisis continúa con las “especificidades navales que justifican el aislamiento de los marinos”, con un argumento desarrollado en el documento de “Mando” del año 2012. “Explica que los militares son una categoría diferente y, sobre todo, que están aparte de la sociedad”, cuya premisa principal descansa en que “a diferencia de los civiles, la profesión de marino puede implicar dar la vida por la patria”. Esta es una convicción militar que, según Jorge Magasich, “es despectiva hacia los civiles, quienes son presentados como reacios a sacrificarse de la misma forma que el personal de la Armada. Tales propósitos ignoran, en efecto, las grandes dosis de abnegación y sacrificios que exigen -en nuestros tiempos- varias profesiones y oficios”.

Tareas pendientes

Consultado por las medidas que avancen hacia una democratización de nuestras Fuerzas Armadas, Jorge Magasich sugiere, en primera instancia, “que se retire el monumento a Toribio Merino y todos los símbolos que ensalzan la Dictadura”. Luego, y como un primer paso hacia una reforma a la educación militar, propone “constituir grupos de especialistas en temas de defensa, en los que estén representadas todas las corrientes políticas, que estudien cómo retirar de las escuelas militares las doctrinas que indujeron al golpe de 1973, incluyendo el mecanismo de selección de docentes”.

Aunque atomizadas en diferentes iniciativas, estas reformas al sistema de educación militar se han gestado en los diferentes procesos de modernización del Estado. Incluso la ex subsecretaria de marina -y breve subsecretaria para las Fuerzas Armadas del presente gobierno de Michelle Bachelet- Carolina Echeverría, reconoció en un documento académico la necesidad de “introducir cambios a los sistemas de enseñanza de las instituciones castrenses”, pues “un adecuado sistema educacional de defensa profesional permite realizar cambios progresivos en el interior de las instituciones armadas de acuerdo con los ritmos que la sociedad impone”.

Un ejemplo de estas tímidas transformaciones es la vinculación de algunas escuelas matrices con planteles universitarios civiles. En estos espacios, los militares salen por un momento de la instrucción doctrinaria, para aprender de diferentes disciplinas, tales como ciencia política, álgebra, física, administración, ética o filosofía.

Sin embargo, hay objetivos reparatorios que parecen ser más lejanos. Jorge Magasich enfatiza en que “los derechos humanos deben figurar obligatoriamente en los programas de estudios. Y, como se ha hecho en países vecinos, sería notable que en todos los cuarteles, buques y recintos donde se perpetraron atrocidades se coloque una placa visible señalando que allí se torturó y no volverá a hacerse. Finalmente, que se rinda homenaje regularmente a las víctimas del terrorismo de Estado”, concluye.