Como una emergencia nacional altamente compleja se refirió en su discurso la presidenta Michelle Bachelet a la escasez de agua y afirmó que, desafortunadamente, esta realidad “llegó para quedarse”. Ante esto indicó que el país cuenta con un Delegado en Recursos Hídricos, además de “un claro diagnóstico y líneas de acción intersectorial”.

La mandataria detalló que en marzo se anunció un completo plan que considera medidas para enfrentar el déficit, que contempla inversiones en infraestructura de riego, nuevas fuentes de agua potable, sistemas de captación de lluvias, abastecimiento para consumo humano, entre otras medidas a las que se suma la construcción de 19 embalses al 2024, de los que se priorizarán ocho en este gobierno.

Las medidas fueron catalogadas como “insuficientes” por los ambientalistas, quienes además fueron muy críticos del grado de cumplimiento de los compromisos adoptados en 2014.

Entre ellos destaca el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, quien explicó que el proyecto, que sigue en trámite, establece mecanismos que sólo van a afectar a los derechos de agua nuevos que se constituyan y no se tocan los ya otorgados, que son cerca del 90 por ciento de las aguas disponibles en Chile. “Con esto se mantiene el sistema de propiedad y de gestión privada de los recursos hídricos”, afirmó.

Y si bien el agua está establecida como un bien nacional de uso público en el Código de Aguas, el especialista afirmó que elevarla de grado habría sido el primer paso necesario para revisar el modelo de privatización y abordar los temas de fondo.

Pero coincidiendo con ese diagnóstico, otras organizaciones plantearon que existieron algunos avances que tendieron a ir en la línea correcta. Sara Larraín en la organización Chile Sustentable, sostuvo que quedó establecido que, a partir de ahora, las concesiones que entrega el gobierno son temporales, no permanentes.

Además, destacó que se cataloga el agua como un Derecho Humano y se fijara una prioridad para su uso, situando en primer lugar contar con agua potable y saneamiento, las actividades de subsistencia como la agricultura, la mantención de los caudales y, al final, las actividades productivas con fines de lucro, a diferencia de lo que ocurre hoy.

Sin embargo, la ambientalista fue dura sobre lo que ha sido el proceso en el caso de la generación de una Ley de Protección de Glaciares. En conversación con Radio Universidad de Chile sustico que “la cosa va mal por parte del Ejecutivo”. Esto porque la ley se envió diez meses después del anuncio, reemplazando una moción parlamentaria de protección general por un texto que lo hace sólo al interior de Parques Nacionales, ni siquiera se integra otras categorías como las reservas.

“Del resto, a algunos los declararía una reserva estratégica de agua dulce y los otros tendrán que ser negociados caso a caso en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, lo mismo que ocurre hoy día, por lo tanto, es un chiste”, dijo tajante la ambientalista.

Otra de las organizaciones que reaccionaron fue Greenpece Chile, que criticó que la presidenta afirmara que se inició la discusión de indicaciones a la moción parlamentaria “en un trabajo amplio con el mundo científico, social, económico y político”. Matías Asún, director de la organización, sostuvo que la ley en trámite es “un traje a la medida de la minería”. La ONG levantó una plataforma para exigir a los diputados que los declaren los glaciares “intocables”, la que está disponible en greenpeace.cl/defiendalos

Este proyecto está en pleno trámite en la cámara de Diputados y es observado de muy cerca por las organizaciones, desde las que sostienen que, después de los anuncios de este 21 de mayo, pueden decir que “Chile sigue atrasado en cuanto a la protección de, lo que consideran, el principal recurso: el agua”.