Los doce trabajadores de la empresa Santiago Express que se manifestaron por mejoras salariales cortando las vías del Metro la semana pasada, no tendrán que esperar el resultado de la investigación en prisión. Esto luego que la Corte de Apelaciones ratificara el fallo del Juzgado de Garantía que rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Gobierno.

Los conductores de la empresa que brinda servicios en la línea 400 del Transantiago, acompañaron a sus colegas con una manifestación en las puertas de los tribunales donde se llevó a cabo la audiencia que, a su vez desde las 7 de la mañana protagonizaron diferentes actividades en protesta por la nula respuesta de la empresa a sus demandas.

Rodrigo Román, abogado representante de los trabajadores movilizados celebró el fallo de la corte que a su juicio le quitó el sustento jurídico a la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, interpuesta por la Intendencia Metropolitana y por Metro.

“Es una bravuconada, es una fanfarronearía de parte del Estado chileno invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los trabajadores en lucha, a los trabajadores en el contexto de una huelga legal, sin lugar a dudas que carece de un fundamento jurídico y el único fundamento es un fundamento político para perseguir a los trabajadores en lucha. Nosotros estamos muy conformes, en primer lugar, porque hay doce trabajadores que junto a sus familias podrán seguir viviendo tranquilamente. Lo que importa es que puedan eludir la cárcel y es una señal importante para la sociedad porque las pretensiones del mal gobierno de encarcelar a quienes luchan quedaron sin fundamento”.

Misma posición expresó el dirigente del sindicato Sintrac Sergio Alegría, quien igualmente se manifestó preocupado por la insistencia del gobierno en criminalizar esa manifestación.

“Preguntarle al Gobierno si sobre las transgresiones a las normas legales que se comenten día a día, en que se le roba plata a los trabajadores en este mal negocio para los usuarios y para los trabajadores hoy día. Preguntarle al Gobierno cuáles son las medidas que va a tomar respecto de la violación de las malas normas legales vigentes, herencia de la dictadura militar, en donde los trabajadores se ven arrastrados a usar pañales para cumplir extensa jornada de trabajos con bajos sueldos, en donde los trabajadores se ven negados a la posibilidad si quiera de pasar licencia para adquirir los famosos bonos que interpela esta empresa”.

Matías Moya, abogado de la Intendencia Metropolitana ratificó la visión del Gobierno de considerar a los trabajadores como un peligro para la sociedad, argumentos que no fueron tomados en cuenta por la Corte de Apelaciones.

“No compartimos los argumentos esgrimidos por la Corte. Creemos que los 12 imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad, porque estimamos de que existe un riesgo de reiteración de la conducta desplegada por ellos. Creemos que mientras se mantenga la huelga de la empresa a la cual ellos pertenecen, pueden volver a ejecutar hechos similares”.

En tanto, la Fiscalía Centro Oriente no se hizo presente en la audiencia lo que ratifica para el abogado Román la tesis sobre la escasez de sustento jurídico que tendría la querella. Sin embargo, el proceso investigativo continúa y los trabajadores quedaron con arraigo nacional y firma mensual, además de la imposición de Metro de no acercarse a ninguna estación del tren urbano.