Los 210 días de plazo que tendrían los partidos políticos para completar el proceso de reinscripción de sus militantes, encendió las alarmas entre los secretarios generales de los colectividades de la Nueva Mayoría, quienes inmediatamente respondieron que esta fecha de vencimiento para realizar el procedimiento, no sería suficiente, y fue esta discrepancia la que obligó al Ejecutivo a retractarse de su idea original, que era enviar esta iniciativa este jueves al Parlamento.

Desde todos los sectores del oficialismo criticaron esta propuesta de parte del Ejecutivo, la que dicho sea de paso, apunta a cumplir una de las directrices emanadas desde la Comisión Engel, y tal como sostuvo el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, el proyecto debe ser realista y que implique un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas.

“Sobre todo afinar un proyecto que sea realista, que sea sensato, que se haga cargo de estos problemas, pero que sea realista en que las cosas se hagan bien. Y sobre todo que sea abierto a construir un acuerdo político de todas las fuerzas, de todos los partidos. Que en el fondo, apunten a una buena ley, que ponga el acento en la reinscripción, pero también en la participación, en la transparencia en temas financieros, y que promueva también la participación política. Esa es la idea a la que nosotros hemos ido apuntando, y en la que se está trabajando”.

Desde el mundo académico, también advirtieron sobre los efectos negativos que esta idea puede importar, en este sentido Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, hizo énfasis en la posibilidad de que una medida como esta pueda favorecer a los caudillos de cada uno de los partidos, desde parlamentarios a alcaldes, que pueden movilizar adherentes e inclinar las preferencias al interior de los conglomerados en su favor.

“En el tema concreto de la reinscripción de militantes, un fenómeno que se puede dar, tiene que ver con que hoy día los padrones son muy grandes, en los partidos políticos hay muchos militantes, pero podemos tener un fenómeno que los padrones que vengan ahora sean mucho más controlados por los líderes políticos. Que estos dirigentes, incluso diputados, senadores o alcaldes, de alguna forma tengan un padrón más controlado que el que tienen hoy día, y que sirva de alguna forma para las elecciones internas”.

Mauricio Morales, director del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales, coincidió con este análisis, e insistió en los incentivos que la reinscripción hecha con muy poco tiempo, puede generar dinámicas como el acarreo para favorecer a determinadas figuras dentro de un partido.

“Es muy probable que si se hace un proceso de reinscripción, este sea muy disparejo en términos subnacionales, dependiendo del poder relativo que tengan los caudillos de cada partido, en un determinado territorio. Los caudillos van a tener muchísimos incentivos para inscribir gente, porque tienen claro que pueden venir elecciones primarias, o puede venir la determinación de candidaturas, sobre la base de consultas o de una elección interna de los militantes, en un proceso de primarias, y ahí en los procesos de primarias es clave el acarreo”.

Morales hizo hincapié en la necesidad que sea el Servel el organismo que acompañe a los partidos en este proceso, aunque advirtió sobre la posible sobrecarga de trabajo que este servicio pudiera tener, por lo que planteó la necesidad de que, a futuro, el Estado pueda crear una especie de Superintendencia de Elecciones que sea la encargada de velar por los procesos electorales en Chile.

“El plazo que se les está dando a los partidos es extraordinariamente breve, y es muy probable que si esto se lleva a la práctica, los partidos terminen con menos del 50 por ciento de militantes que hoy declaran tener. Por ejemplo, hay partidos que declaran una militancia de 100 o 120 mil personas, y en realidad van a quedar reducidos a menos de la mitad que eso. Si eso es bueno o es malo para la democracia, a mí me da la impresión de que eso es positivo porque va a transparentar los padrones reales, pero es negativo desde el punto de vista de los plazos, en un ambiente de altísima desafección y altísima desconfianza hacia los partidos políticos, la tarea de reinscribir a todos los militantes se les pone totalmente cuesta arriba, sería mucho más fácil que mediante un trabajo mancomunado con el Servel, se pudiera llegar a padrones reales”.

Otro punto que ha generado controversia en el mundo político, tiene que ver con la definición en torno del financiamiento de los partidos, ya que desde las colectividades más pequeñas, critican la posibilidad de que el Estado priorice a las tiendas que tengan representación parlamentaria a la hora de entregar recursos.

Efren Osorio, secretario general del Partido Humanista (PH), indica que le parece lamentable que fuera esta la decisión que tome finalmente el Ejecutivo, por la asimetría entre los partidos que esto generaría, considerando que, según Osorio, en su colectividad tienen las cuentas al día y han logrado subsistir pese a todas las regulaciones hechas desde tiempos de la Dictadura hasta el día de hoy.

“Nos parece realmente insólito que la UDI se le entregue cerca de mil 600 millones de pesos, a la DC se le entreguen mil 200 millones de pesos, y que sin embargo a otros partidos como el nuestro no haya ningún aporte. Nosotros siempre hemos mostrado absoluta transparencia, siempre hemos tenido nuestras cuentas al día. Hemos sido un partido que ha sobrevivido, pese a que la legislación de los partidos políticos que hizo la Dictadura”.

Por su parte, Patricia Morales, presidenta del Partido Progresista (PRO) calificó como una farsa la posibilidad de que, finalmente, sean sólo los partidos con representación parlamentaria quienes reciban dineros públicos, ya que el espíritu de esta reforma es dar las mismas oportunidades a todos. Además, criticó que el Gobierno no haya hecho un trabajo pre-legislativo sobre este proyecto.

“Si se llega a un sistema de financiamiento en el cual se financia únicamente a los parlamentarios actualmente electos, sería una farsa porque en el fondo sería entregar un premio a los partidos que han funcionado bajo el sistema binominal, y acá se trata, justamente, de equiparar la cancha. Entonces, se requiere un financiamiento basal para todos los partidos que existen. Tú no puedes tener, por una parte ciertas condiciones para existir como partido, y que la misma ley no te reconozca que esas mismas condiciones que son necesarias para existir legalmente, no sean suficiente para el financiamiento, o sea no te pueden establecer condiciones de tipo A y tipo B”.

Finalmente, tanto políticos como académicos, coincidieron en la necesidad de avanzar en transparencia y probidad de la actividad partidaria, por lo que consideran que, a pesar de estas críticas, estas reformas son un avance en poder revertir la crisis de confianza y legitimidad que la actividad política, en general tiene entre la ciudadanía.