El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, señaló que los criterios para poder acceder a la gratuidad en las universidades serán consensuados por la comunidad. En este sentido, el secretario de Estado también destacó las propuestas del columnista y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien especificó que las casas de estudios deben contar con consejos o juntas directivas independientes y que los propios miembros de los planteles universitarios puedan participar en su conducción.

“Este primer camino no está escrito sobre piedra y si hay criterios que con rapidez y consenso se logran reunir, respecto de cuáles debieran ser las condiciones para que otras universidades accedan a la gratuidad (…), van formando un cuerpo de aportes respecto de la comunidad en general considera necesario.”, consideró Eyzaguirre.

Pero para el investigador José Joaquín Brunner lo que falta “no es ponerse de acuerdo en dos o tres criterios más.” El académico plantea que el Gobierno debe explicitar cuál es su política real frente a la gratuidad y pide responder preguntas como: ¿a quiénes va a cubrir y por qué?, ¿bajo qué condiciones generales?, ¿cómo ha de hacerse para que esto sea realmente un derecho para todos aquellos que tienen los méritos suficientes?, ¿cuánto va a costarle esto al Estado? y ¿de dónde vendrán los recursos?

La promesa de campaña

La gratuidad en la educación universitaria fue una de las más promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. En el programa se especificó que “se avanzará gradualmente a la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que se prolongará por seis años.” De la misma forma, se explicó que en este Gobierno, “al menos accederán a la gratuidad los estudiantes pertenecientes al 70 por ciento más vulnerable de la población.”

No obstante, el Gobierno quiso presentar un adelanto del proyecto. Fue así como Michelle Bachelet anunció desde el Salón de Honor del Congreso que el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores o de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) que estuviesen acreditados y constituidos jurídicamente como organizaciones sin fines de lucro, podrán acceder a la gratuidad a partir del próximo año.

La propuesta planteada en el discurso del 21 de mayo de este año causó un debate de meses. Rectores de las universidades privadas que no integran el Consejo de Rectores, líderes estudiantiles y expertos criticaron la iniciativa. Incluso, la máxima autoridad de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, presionó al Gobierno y no descartó emprender acciones legales si progresaba el anuncio.

Esta presión tuvo efecto. El martes 16 de junio, al finalizar la segunda mesa tripartita con los profesores, el Ejecutivo planteaba tres nuevas exigencias, expandiendo la gratuidad también a las universidades privadas creadas después de 1981. Hasta ese momento los planteles universitarios que querían incorporarse al beneficio no podían ser controlados por una institución con fines de lucro, debían poseer una libertad académica y una administración financiera transparente.

En relación a los cambios efectuados por el Ministerio de Educación, el ex presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Educación, Juan Eduardo García Huidobro, valoró “el buen espíritu” de adelantar esta política para beneficiar antes a los estudiantes. Sin embargo, el investigador expuso que en la actualidad no se pueden establecer requisitos para optar al beneficio, más allá de las obligaciones legales que poseen las universidades para funcionar.

“Los acuerdos políticos tienen que hacerse en función de sentidos compartidos y si se da gratuidad no a los más pobres si no que a los que están en determinadas instituciones yo estoy generando un problema político mayor (…). Adelantar la medida se tiene que dar con una lógica absolutamente coherente con la legislación existente.”, afirmó García Huidobro.

De la misma forma, para el ex ministro de Estado, José Joaquín Brunner, los cambios que se han hecho representan, “desgraciadamente”, una improvisación en el origen.

“A estas altura es bastante claro que los proyectos de ley que el Ministerio de Educación envía al Congreso, por lo general vienen con una cantidad de insuficiencias o planteamientos inaceptables para muchos actores. Entonces se termina cambiando el proyecto original por el propio Ejecutivo.”, declaró el especialista en políticas educativas.

Por ahora, ante estos cuestionamientos, el ministro Nicolás Eyzaguirre ha reconocido que todas las dificultades que ha tenido que enfrentar este anuncio, que se planea implementar el 2016, “no se habrían generado de haber tenido la regulación de la educación superior, antes de que comenzara la gratuidad.”

Asimismo, el Ministro de Educación aclaró que darse un consenso razonable entre los criterios y el marco presupuestario se podría acelerar la incorporación de las universidades que no pertenecen al Cruch.