Si bien Naciones Unidas afirmó que Chile cuenta con índices de desarrollo muy positivos para el siglo XXIy destacó los avances que ha tenido en materia de reducción de la pobreza y en la implementación de una serie de políticas públicas que atienden el desarrollo social, advirtió que también comparte desafíos con sus pares latinoamericanos como en temas de equidad.

El experto de la ONU Renato Zerbini Ribeiro Leao, vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que una de las mayores deudas del país es resolver la desigualdad estructural: “La brecha social es un ejemplo, la desigualdad en Chile marca por la tremenda diferencia que hay entre los que mucho tienen (y son pocos) y los que poco tienen (y son muchos)”, dijo.

El especialista sostuvo que las autoridades, representadas por una comitiva que encabezó el titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza, mostraron voluntad para incluir a los chilenos de las clases más desfavorecidas en el mercado laboral y perfeccionar la dinámica de empleo, de forma de proteger a las poblaciones y que éstas puedan compartir un desarrollo común.

Sin embargo, uno de los grandes obstáculos a derribar es la relación que se da entre las empresas y el respeto a los Derechos Humanos. Ejemplo de ello son las situaciones que se dan en vivienda, trabajo, pensiones, salud y educación, entre otros asuntos que las organizaciones sociales decidieron incluir en sus informes.

Carla Amtmann, directora de la Fundación Crea, afirmó que “no se pueden garantizar derechos sociales si éstos están privatizados”. Por lo mismo, indicó que “no se puede trasladar al empresariado el rol de garante cuando lo que se necesita es un Estado democrático, participativo y que asegure la garantía de esos derechos”.

Este nuevo enfoque se suma a los temas ambientales, donde el Comité destacó el precario reconocimiento del derecho al agua y las consecuencias de los proyectos mineros en las localidades. También se pronunció sobre las discriminaciones que ya había advertido a Chile en materia de pueblos indígenas, migrantes, mujeres y, la falta de respeto a la diversidad sexual.

En ese sentido, se demuestra que Chile no ha dado cumplimiento cabal al Pacto de derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito, principalmente, por la ausencia de un reconocimiento de los llamados “derechos de tercera generación” en la Carta Fundamental y las leyes.

José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, quien estuvo presente en Ginebra, plantea que uno de los desafíos propuestos por el Comité es que la nueva Constitución del Estado chileno reconozca plenamente los derechos económicos, sociales y culturales y establezca los mecanismos necesarios para cumplirlos. Además, subraya que el proceso para elaborar esta nueva Constitución debe ser “participativo y transparente”.