Hace 15 días concluyó el plazo establecido por el Ministerio de Educación para ingresar al Senado el proyecto de Nueva Educación Pública o Desmunicipalización.
En un inicio, el Gobierno estipuló ingresar esta medida al Hemiciclo antes del 21 de mayo. El martes 16 de junio, y con el proyecto que crea 15 Centros de Formación Técnica aprobado en la Cámara Alta, se planteó como la segunda fecha. No obstante, nuevamente se postergó la tramitación de esta reforma, que hasta la fecha posee un plazo incierto.
Desde el Congreso ven con preocupación el retardo de la discusión. En la primera visita de Adriana Delpiano a la Comisión del Senado, Fulvio Rossi (PS) le pidió que se enviara lo antes posible el proyecto al Parlamento.
“Ya han habido tres o cuatro postergaciones, creando expectativas y dando la sensación a la opinión pública de que éste no es un tema relevante. La verdad que no da para más la educación pública en manos de los alcaldes.”, afirmó Rossi.
Una opinión similar planteó la senadora gremialista, Ena Von Baer, quien preguntó “¿para qué nos apuraron tanto?, si ahora estamos sin proyecto. (…) Si hay una situación compleja con el paro de profesores y no se quiere sumar otro flanco con la Desmunicipalización, no podemos estar esperando que se resuelva la paralización sin avanzar en ninguna otra cosa más.”
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) y alcalde de Macul, Sergio Puyol, declaró que “siempre pensé que el primer proyecto o una medida que se podría manejar en paralelo era el proyecto que tendría que ver con los municipios.”
Ante los senadores, la ministra de Educación, Adriana Delpiano expuso que “esta semana y la próxima estaré de cabeza en conocer bien que es lo que hay y en qué se ha avanzado tanto en el proyecto de educación pública —que entiendo que es una urgencia enviarlo—. Yo no quisiera mandar un proyecto que desconozco en sus detalles.”
Hasta el momento, se sabe que para modificar la institucionalidad en la educación pública se crearán 67 Servicios Locales de Educación (SLE), en una reforma que dispondrá de US$ 600 millones. Asimismo, esta iniciativa del Ejecutivo se implementaría en una zona específica, de forma incremental hacia el resto de las comunas y en una transición que podría tardar incluso seis años.