Con tristeza, y molestia, las familias de las víctimas del caso Degollados tomaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgar la libertad condicional al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Alejandro Sáez Mardones, y al ex suboficial del ejército Miguel Pablo Muñoz Uribe.

Mardones y Muñoz están condenados por crímenes de lesa humanidad. El primero a cadena perpetua como autor de los secuestros y homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como autor de los secuestros de otras seis personas.

Mientras que Muñoz es sindicado como el homicida del Secretario Regional del Partido Comunista de Magallanes, Carlos Raúl Baigorri Hernández, del militante socialista Germán Simón Cárcamo Carrasco y de Ramón Domingo González Ortega, ejecutados en los inicios de la dictadura, en Porvenir, Magallanes.

Sin embargo, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que ambos uniformados cumplían con los requisitos de “irreprochable conducta anterior”, asistieron a los talleres de rehabilitación y tenían conciencia del daño causado, por lo que descartó la argumentación de la Comisión de Libertad Condicional de este mismo tribunal y declaró como ilegal el rechazo al beneficio carcelario.

Hechos que provocaron un gran pesar en los familiares, según aseguró Camilo Parada, hijo del sociólogo José Manuel Parada: “Hay una sensación de impunidad y de desprotección que es infinita, o sea, porque estamos hablando de personas que secuestraron, torturaron y degollaron a Manuel Guerrero, a Santiago Nattino y a mi padre, José Manuel Parada y emocionalmente esto es muy difícil, muy complejo”.

Parada explicó que “lo primero que me invadió fue una consternación al comprobar con dolor la verdad que Gendarmería y la Corte de este país están equiparando de facto delitos comunes con delitos de lesa humanidad”.

Manuel Guerrero Antequera, otro de los hijos de las victimas agregó que la sentencia del tribunal de alzada es una pésima señal para el país: “Nos parece que es una pésima señal en Chile y los propios documentos oficiales del Estado han constatado y calificado, decenas de miles de caso de violaciones a los Derechos Humanos apenas hay 60 personas cumpliendo condena por estos delitos y además se les beneficia por estos delitos”.

En este sentido, el abogado que representa a las familias, Fernando Leal, calificó de vergonzoso el fallo y sostuvo que apelarán al dictamen en la Corte Suprema. “No puede ser que personas que no tienen una adecuada conciencia del delito, del mal y daño causado, tratándose de un crimen tan horrendo como el caso Degollados, donde tres personas fueron secuestradas y fueron asesinadas siendo degolladas. Estamos hablando de uno de los peores crímenes cometidos en la Dictadura y que más impacto causó en la opinión pública”.

Desde el punto de vista legislativo, el diputado Comunista Hugo Gutiérrez indicó estar cansado de solicitar que se revoquen estos recursos y que es necesario legislar un proyecto de ley que trace la diferencia entre aquellos delincuentes que comenten delitos ordinarios y aquellos que producen los crimines más aberrantes que son los de lesa humanidad.

“De una vez por todas presentemos un proyecto de ley que efectivamente establezca con claridad que todo aquellos que son condenados por estos delitos de lesa humanidad no tengan ningún tipo de beneficio “intramuro”, es decir que no tienen posibilidad alguna de obtener ningún beneficio carcelario que les permita recuperar la libertad antes del total cumplimiento de la pena”.

Finalmente, la ministra de Justicia, Javiera Blanco accedió a reunirse con los familiares de las víctimas de Nattino, Parada y Guerrero durante este martes para hacerle llegar su pesar y la necesidad de legislar sobre esta materia.