El ministro Carroza procesó en calidad de autores a Luis Zúñiga González, Francisco Vásquez Vergara, Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Jorge Astengo Espina en los ilícitos de homicidio calificado en el caso de Rodrigo Rojas De Negri y de homicidio calificado en grado de frustrado en el caso de Carmen Gloria Quintana. En tanto, Sergio Hernández Ávila, conductor del camión que trasladó a los jóvenes, fue sometido a proceso en calidad de cómplice.

Todos los procesados quedaron detenidos, en prisión preventiva, en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. De esta manera, el ministro en visita puso fin al tercer día de interrogatorios que tuvo lugar en su despacho donde fueron careados los siete imputados con el conscripto de la época y principal testigo, Fernando Guzmán, quien era el encargado de portar el equipo de radio en los sucesos que ocurrieron el 2 de julio de 1986 cuando una patrulla militar emboscó a los dos jóvenes.

Dentro de los antecedentes que se pudieron comparar después de estas diligencias es que ninguno de los militares mantuvo su versión. Es decir, ninguno de los siete continuó con el acuerdo que pactaron luego de botar los cuerpos de  Rojas y de Carmen Gloría Quintana.

Según expresó el jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, Rodrigo Lledó, los procesados reconocieron haber abandonado al fotógrafo y a la estudiante, lo que se convirtió en un dato importante para establecer la figura de un homicidio calificado.

“Todos reconocen haberlos ido a tirar a Quilicura, eso es totalmente relevante para nosotros, porque el homicidio se consuma en ese momento. Incluso si es que ellos hubiesen accidentalmente incendiado, el homicidio se consuma al irlos a tirar a un lugar donde se sabe que no van a tener ningún tipo de protección o asistencia ante las graves quemaduras que presentaban”, expresó Lledó.

Otro de los antecedentes que arrojaron los careos a los siete militares involucrados, según indicó el jefe jurídico del Programa de Derechos Humanos es que todos reconocieron haber tirado los cuerpos quemados de Carmen Gloria Quintana y de Rodrigo Rojas De Negri a una zanja en un descampado en Quilicura.

El secretario Ejecutivo del mismo programa, Francisco Ugas, llamó a que terminar con los pactos de silencio porque complejizan el avance de las causas pendientes en materia de derechos humanos.

Por su parte, la madre de Rodrigo Rojas, Verónica De Negri, valoró la decisión que tomó Guzmán de declarar la verdad de los hechos  y  llamó a que todas las personas que tengan conocimiento sobre los crímenes de lesa humanidad entreguen información, ya sean militares o civiles.

Además criticó a la Presidenta Michelle Bachelet  por no cumplir con el compromiso defender los Derechos Humanos y la instó a que decrete el cierre del penal de Punta Peuco y degradé a todos los militares condenados por estos crímenes.

“Ella (Michelle Bachelet) está al mando de todas las fuerzas armadas y tiene que degradar absolutamente a todos. Yo le pido a ella que mantenga su compromiso. El mismo compromiso que tenía cuando estaba conmigo en la Posta Central y me llevó para que viera a Rodrigo y que me asegurará de que no se lo había robado, porque el ejército me lo quería robar”, expresó la madre del fotógrafo.

Verónica De Negri también hizo un llamado a toda la ciudadanía a que no vote ni por los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera ni menos por el ex secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a quienes sindicó como encubridores. “Yo hago una denuncia. Hay posibles candidatos presidenciales que están muy vinculados al encubrimiento a proteger a los criminales que son el presidente Lagos, el presidente Piñera y José Miguel Insulza y él que vote por ellos está ayudando a seguir cometiendo crímenes”, sostuvo.

La existencia de estos pactos de silencio y la importancia de que el caso Quemados entregue nuevos procesados fue un tema que tocó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien indicó la importancia  que estos casos tienen para el máximo tribunal.

En ese marco, el magistrado aseguró que los tribunales dan garantías a las personas que quieran entregar información y colaboren con la justicia. Ya sea respecto a crímenes de lesa humanidad u otros casos, porque eso está contenido en la ley.

Milton Juica  explicó que “los pactos de silencio corresponde a pactos de hechos de personas que componen una asociación criminal, donde ellos deciden guardar silencio”.

El vocero del máximo tribunal reconoció que la existencia de esos pactos dificulta el actuar de la justicia. “Insisto, es un problema institucional de las Fuerzas Armadas y de las personas involucradas en estos hechos. Los tribunales con presidencia de esa situación, solo están llamado a resolver esos conflictos. Por supuesto ayudaría mucho para esclarecer los sucesos, pero no es un tema que le corresponde exigir al poder judicial”, señaló Juica.