Desde su llegada a Chile, Carmen Gloria Quintana ha tenido una intensa agenda de reuniones con autoridades, agrupaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación. Los avances sostenidos en la investigación del denominado Caso Quemados han permitido ir constatando la veracidad en la tesis de la sobreviviente, quien –desde siempre- responsabilizó al Ejército de haberlos quemado y abandonado a su suerte.

Por eso y luego que el conscripto Fernando Guzmán rompiera el pacto de silencio y denunciara la participación directa del Ejército en el ataque que costó la vida de Rodrigo Rojas y dejó a Carmen Gloria al borde de la muerte, más voces se suman a la petición de avanzar en materia de justicia y reparación para las víctimas.

Medidas como degradar a los militares comprometidos en violaciones a los Derechos Humanos o revelar la información contenida en la Comisión Valech, son parte de las iniciativas que por estos días se le ha planteado al gobierno.

En ese escenario, el Ministro de Defensa recibió a la psicóloga Sin embargo, el encuentro con José Antonio Gómez tuvo un agregado especial: él estuvo detenido en la Academia de Guerra y en el Estadio Nacional donde fue torturado en época de Dictadura y luego integró la Comisión Valech.

Así, durante la entrevista, Carmen Gloria Quintana reiteró la petición de degradación para los involucrados, toda vez que “Chile exige que las Fuerzas Armadas se desmarquen y entreguen la información respecto de todas las violaciones a los Derechos Humanos”, dijo.

“Basta de impunidad, basta de justicia en la medida de lo posible” dijo la víctima del criminal ataque a la vez que reiteró su emplazamiento al Ejército y pidió la renuncia del comandante en Jefe del Ejército (Humberto Oviedo) “si no es capaz de asumir esta responsabilidad histórica en que el país lo pone”. Además, aseguró que el cargo debía ser ocupado solo cuando “apareciera un soldado valiente que asuma la responsabilidad”.

Gómez se comprometió con ella y con las víctimas y aseguró que por mandato del ministerio que dirige “el Ejército deberá entregar la información del caso y colaborar con la justicia”.

Además, la autoridad instruyó a las FF.AA. a que durante el próximo mes se entregue un informe que detalle las personas contratadas por afuera de la institución y que estén involucrados en causas de DD.HH.

Carmen Gloria Quintana también fue enfática en criticar la forma en la que el Ejército resguarda la identidad de los involucrados en la violación a los Derechos Humanos. A su juicio, situaciones como estas confirman ” la tesis de que al interior del Ejército existe hasta el día de hoy una política sistemática de encubrimiento, de mentira y de impunidad en todos los casos de derechos humanos que se sostiene hasta el día de hoy”.

Pese a ello, José Antonio Gómez defendió a la actual institución señalando que “todo lo que se ha planteado respecto de los pactos de silencio es algo que se vivió durante un periodo de dictadura, donde los derechos humanos no existían, cuando hay pacto de silencio lo hay entre criminales, esos criminales no están hoy en el Ejército”.

Asimismo defendió mantener el secreto en el informe Valech, toda vez que fue pensado como “un beneficio para las víctimas”, dijo.

“El Ministro está desinformado. Al interior de las Fuerzas Armadas existen estos pactos para protegerse. Además hay una acción coactiva de los superiores con los inferiores, a quienes se les obliga a participar de los pactos, sin siquiera preguntarlo”, señaló el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto.

El jurista agregó que “ya no hay tiempo para la inacción. Es hora que el Gobierno entregue los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda llevar adelante todos los procesos por derechos humanos”.

El Poder Judicial también se pronunció al respecto. Su vocero, el ministro Milton Juica explicó que las declaraciones de los conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco, quienes revelaron la existencia de asociaciones que durante todo este tiempo trabajaron para impedir que se conociera la verdad en el denominado Caso Quemados, podrían constituir un motivo aparte en la investigación.

Declaró que “las instrucciones, claro, en la medida que configuren un delito específico -como lo hay-, pueden ser investigadas en la medida que se compruebe que hay una persona que le ha dicho a otra persona ‘declara de esta manera’, porque eso es obstrucción a la justicia como un delito independiente”.

Cierre de Punta Peuco

Pero para las organizaciones de Derechos Humanos eso no es suficiente. Por eso exigieron que se hiciera efectiva la degradación de los involucrados y que, finalmente, se ponga fin a los pactos de silencio que se mantienen en la actualidad. El cierre el penal de Penal Punta Peuco, es otra de las históricas demandas de las víctimas.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, comentó que ha faltado voluntad política y criticó el cómo los sectores políticos vinculados a la dictadura siguen defendiendo a los militares, tal como lo planteó el diputado Ulloa, que llamó al Ejército a rendir honores a Manuel Contreras.

Pero, por ahora, el cierre del penal se ve lejano. Así lo confirmó el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien aseguró que Punta Peuco es una cárcel más y que, por eso, se rige con el mismo régimen que las demás.

Juez Carroza indaga participación de abogados en “pacto de silencio”

“Recibimos la visita de los abogados (Carlos) Cruz-Coke y (Julio) Zenteno, quienes fueron contratados como los mejores abogados del país, para asumir nuestras defensas. Recuerdo que de ahí salió la idea que los bidones que fueron encontrado en poder de los muchachos, tuvieran un corte ‘achaflanado’, esto es diagonal, que explica que salga de mejor manera el combustible desde los bidones y no se demore en salir. A su pregunta, efectivamente existió un abogado de nombre Carlos Godoy Pavez, asesor de la Segunda División de Ejército, pero a él nunca lo vi interviniendo en las declaraciones o las diligencias”.

Esta es parte de la declaración de uno de los ex conscriptos que rompió el “pacto de silencio” en el Caso Quemados, Pedro Franco Rivas, que entregó al juez Mario Carroza y en la que implicó a estos tres abogados, y asegura que los testimonios que entregaron a la Fiscalía Militar luego de sucedido los hechos, “son todas mentiras”, y que les obligaron a aprendérselas.

Esta reunión se habría realizado en el Regimiento de la Segunda División del Ejército en Peldehue, aunque algunos señalan que fue en Fuerte Arteaga, organizada por el sindicado como autor del homicidio de Rodrigo Rojas de Negri y de las graves quemaduras de Carmen Gloria Quintana, Julio Castañer, y ahí habrían sido instruidos en la versión que apuntaba a que fueron los propios artefactos incendiarios que habrían portado los jóvenes los que se inflamaron.

A partir de este testimonio, el Juez Carroza instruyó a la PDI a que investigue si existió esta reunión y de se determine la participación de los abogados mencionados.