En diciembre del año pasado, el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy recibió un informe del Programa de Derechos Humanos de esa misma cartera que, potencialmente, podía revelar secretos incómodos de la dictadura: los nombres de los uniformados y civiles que fueron señalados como torturadores en los testimonios que casi cuarenta mil chilenos dieron ante la Comisión Valech durante la década de 2000.

Durante su campaña presidencial en 2013, Michelle Bachelet presentó un programa de gobierno en que apenas dedicaba unos pocos párrafos al tema de derechos humanos. Respecto a las violaciones perpetradas durante la dictadura sólo existe una línea: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un período de cincuenta años para poder ser conocidos y revisados”. La frase del programa se refiere al hecho que las comisiones Valech I y II prometen que los detalles de las declaraciones de las víctimas no se darán a conocer durante un plazo de medio siglo, o sea, hasta después de que todos los participantes de los hechos, victimarios y víctimas, hayan fallecidos.

Sin embargo, La Moneda no hizo nada al respecto. El reporte de Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDH) permaneció durante meses en el escritorio de Aleuy. El informe, de 24 páginas, es una suerte de ruta legal y legislativa para levantar el secreto de los 50 años, lo que podría ser el punto de partida para abrir cientos de casos nuevos –o reabrir otros- de graves violaciones durante el régimen cívico-militar encabezado por Pinochet. Hoy en día los testimonios originales de las víctimas permanecen bajo la custodia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, guardados en una bodega en el Museo de la Memoria. A la gran mayoría de estas declaraciones no puede acceder nadie, ni siquiera los jueces que están investigando varios casos.

Para muchos abogados ello no sólo constituye una impunidad institucionalizada, sino que incluso podría configurar una denegación de justicia. “Hay que salir del secretismo que ha imperado en nuestro país”, dijo en privado hace varios meses un funcionario del Ministerio del Interior. “Tenemos que hacer pública esta información, porque en estos temas Chile ya está cayendo en falta en el sistema judicial internacional”.

Aun así, el reporte seguía siendo ignorado. En parte ello se debió a que el ministerio bajo Rodrigo Peñalillo estaba asediado por los casos de Caval y Soquimich. A los pocos días de que Jorge Burgos asumiera la cartera del Interior, sus asesores tomaron conocimiento del reporte del PDH. Y nada se hizo al respecto.

“El pacto de silencio entre los militares todavía existe” afirmó hace unos meses un abogado que trabajó varios años en el Gobierno viendo estos temas. “Nuestras autoridades deberían hacer un llamado público y claro para romperlo, pero no se ha hecho todavía porque falta voluntad política”, afirmó con resignación.

En su cuenta pública del 21 de mayo, hace sólo dos meses y medio, la Presidenta Bachelet pronunció 16 mil 549 palabras, y exactamente cuatro de ellas fueron “derechos humanos”.

Unos meses después todo parece distinto. ¿Qué cambió que ahora el tema volvió al centro del debate.

Es sencillo. El testimonio de un ex conscripto del Ejército permitió abrir de par en par el caso judicial de los dos jóvenes quemados vivos por militares en el invierno de 1986. El “pacto de silencio” de esos uniformados se rompió por decisión de uno de ellos. Y los procesados por el magistrado Mario Carroza ahora se van multiplicando.

A partir de este caso, la directora del Instituto de Derecho Humanos Lorena Fries planteó la necesidad de abrir los archivos de la Comisión Valech y La Moneda reaccionó. El vocero Marcelo Díaz sostuvo que “es una medida que está considerada como una hipótesis de iniciativa, y en su momento, una vez que se evalúen todas las consideraciones, vamos a informar la decisión”. Sin embargo, hasta hoy no ha mencionado que hace casi nueve meses el gobierno tiene en su poder ese reporte del PDH que el propio palacio ha ignorado.

El ministro Díaz recordó que la idea de mantener en secreto el origen del contenido del informe Valech era para “facilitar la entrega de información y de hecho así fue, no es una medida que no sea usual en este tipo de iniciativas que tienen precisamente como propósito generar condiciones para quienes tengan información la puedan entregar”.

De hecho, este año abogados oficialistas como Jorge Correa Sutil han declarado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que la privacidad y reserva de los testimonios es un aspecto fundamental de la Comisión Valech. “Si la víctima opta por la privacidad de esa declaración y el Estado la recibe con garantía de reserva, no es posible traicionar luego esa garantía. El Estado de Chile ha sido celoso de mantener la reserva de esas declaraciones y en mi parecer lo ha hecho justificadamente”, sostuvo el abogado demócrata cristiano.

Este caso ilustra la manera, muchas veces ambivalente, en la que Michelle Bachelet ha encarado algunos temas de derechos humanos desde que accedió por primera vez a la presidencia en 2006. En diciembre de 2014, por ejemplo, trató de evitar que el PDH apelara a un fallo en el caso de Alberto Bachelet. Después de días de presiones cedió y permitió al PDH apelar a una sentencia que sólo daba dos y tres años de penas remitidas para los inculpados de torturar y causar la muerte de su padre.

Sin embargo, el tema de la privacidad de las declaraciones, que también ha preocupado a los editorialistas de El Mercurio y La Tercera, está claramente abordado desde el punto de vista legal en el reporte del PDH. La propuesta es hacer un llamado para que en un plazo prudente, por ejemplo unos seis meses, todas aquellas víctimas que no quieran a dar a conocer los detalles de sus declaraciones sean eximidas.

Efectivamente, existen víctimas que no quieren dar a conocer sus testimonios. Se trata, sobre todo, de aquellas que viven en pueblos pequeños y que, hasta hoy, le ven diariamente la cara a sus atormentadores en la calle principal de la localidad. Sin embargo, lo que nadie se atreve a decir en estos días, es que la cláusula de los 50 años de secreto no era un deseo de las víctimas, sino de los victimarios. Para concretar esta iniciativa durante el gobierno de Ricardo Lagos, La Moneda se vio obligado a negociar, como había sucedido con la Mesa de Diálogo y la Comisión Rettig, con los militares. Y éstos fueron los que exigieron 50 años de secreto, los que equivalen a 50 años de impunidad.

Así, mientras la derecha chilena piensa que el retorno del tema de las violaciones a los derechos humanos es un salvavidas desesperado de un gobierno sitiado por la baja aprobación, lo cierto es que es un asunto que incomoda a La Moneda. Porque, guardando las proporciones, muestra que ha desempeñado un papel secundario, ciertamente menor, en el gran pacto de silencio que encubre la historia contemporánea de Chile.