Pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas. Reactivación del “Caso Quemados”. Peticiones para degradar a militares en retiro, incluso retroactivamente y post mortem. Exigencias para cerrar el penal Punta Peuco. La muerte del ex jefe de la DINA Manuel Contreras. Antecedentes de un escenario que transita entre la Dictadura cívico-militar y la llamada Democracia.

Primero fueron las declaraciones del ex conscripto Fernando Guzmán en el contexto de la causa que investiga el asesinato de Rodrigo Rojas de Negri. La reacción del juez Mario Carroza fue casi instantánea. Múltiples procesamientos contra militares en retiro.

Luego vinieron las peticiones de la sobreviviente del mismo caso, Carmen Gloria Quintana. Entre ellas, la exigencia de que aquellos involucrados en violaciones de derechos humanos pierdan beneficios y sean degradados. Incluso fue más allá. “Si el comandante en jefe del Ejército no es capaz de asumir esta responsabilidad histórica, debe renunciar”, exigió.

Las presiones y cuestionamientos fueron recogidos desde el Congreso Nacional. Es así como la semana pasada, por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara decidieron citar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Este martes fue el turno del Ejército, a través del general Humberto Oviedo. Pero no llegó solo, pues lo acompañó el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.

Fue justamente él quien planteó inmediatamente que “no existe la voluntad de ocultar, sino que de entregar información completa. Aquí se viven casos en que la opinión pública condena, en que en definitiva se producen hechos que no se refrendan posteriormente en los tribunales”.

Y con un convencimiento que sorprendió a varios de los presentes, el propio Gómez insistió en que “actualmente en esta situación no existe ese pacto de silencio, ni institucionalmente el Ejército va a negar ninguna información. Pero no puede ser el comandante en jefe hoy, en esta fecha, responsable de lo que ocurrió en el año 2000, en 2005, etcétera”.

Ejército niega vínculos con la CNI

Luego vino el turno del comandante en jefe Humberto Oviedo. Junto con reconocer que aún permanecen en la institución 36 personas que se desempeñaron en la Central Nacional de Informaciones (CNI), según él sin procesos judiciales pendientes, planteó que “la CNI no fue un organismo del Ejército. Hubo gente comisionada de oficiales y suboficiales a la CNI, que cumplieron una función por ley. Y esas mismas personas después volvieron cuando terminaron su comisión”.

Así mismo, al igual que el ministro, afirmó que “el Ejército no tiene ni ampara ningún tipo de pacto de silencio. Y eso, por favor, quiero reforzarlo en esta Comisión. No podría, ni por ética, decir y poder confirmar que nosotros albergamos o amparamos pactos de silencio al interior del Ejército”.

Hasta ese momento, la sesión transitaba entre sus dos objetivos: que el alto mando explicara los mecanismos institucionales para la entrega de información sobre violaciones a los derechos humanos solicitada por los tribunales de Justicia, además de conocer la política de contratación de asesores y personal externo dentro de cada rama de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente vinieron las preguntas y reflexiones de los diputados. El representante de Amplitud Pedro Brown apuntó a las contradicciones que han surgido en el último tiempo.

Por ejemplo, “cuando conocemos declaraciones de una ex ministra de Defensa, la ex ministra Vivian Blanlot, que dice que tiene la convicción de que en el Ejército existen documentos que ayudarían a esclarecer muchos de los casos de violaciones a los derechos humanos. Creo que efectivamente se requiere una declaración contundente por parte del Ejército si eso efectivamente no es así, porque claramente ahí hay una contradicción”.

Y también se preguntaba: “¿Cómo podemos tener no solamente la declaración por parte del Ejército, sino también la certeza respecto de que se agotan todas las instancias para que no haya información dentro de la familia militar?”.

Por su parte, el PPD Tucapel Jiménez aprovechó la oportunidad para cuestionar el actuar de la institución castrense. “Que Manuel Contreras haya muerto como general será una mancha que llevará el Ejército en su historia. Si las Fuerzas Armadas y el Ejército hacen un esfuerzo, creo que se puede llegar a la verdad”, desafió.

Incluso, propuso algunas alternativas. “Soy partidario, no sé si las familias o las organizaciones de derechos humanos, incluso de dar atenuantes mayores a las que existen, sin hablar de impunidad, porque soy muy claro en eso, pero atenuantes un poco mayores para que las personas puedan hablar. Porque es tan importante que se sepa la verdad, no solamente para las familias o para el Ejército, sino que para todo el país”.

Desde la DC, Ricardo Rincón se mantuvo en la misma línea crítica, con especial énfasis en la relación entre el Ejército y la CNI. “No entendemos los pactos de silencio como institucionales, al menos en el Ejército de hoy, lo que no podría ser. Pero se entienden los pactos de silencio como una herramienta de encubrimiento. En la CNI existió un departamento especial de microfilms y supongo que el Ejército tiene antecedentes de estos procesos. Son más de 200 mil documentos de la CNI incinerados por el Ejército en democracia. Esto no ocurrió en los años 70, sino en la década del 90 y posterior incluso”, advirtió.

Entre las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, no es mucho lo que esperan de esta serie de citaciones. Esto, por calificarlas como una reacción comunicacional de los parlamentarios ante los hechos revelados en el “Caso Quemados”.

Precisamente una de sus víctimas, Carmen Gloria Quintana, exigió, en conversación con el programa Semáforo, la necesidad de realizar nuevos informes, con testimonios más profundos. “Es necesario validar a las víctimas. Hay una decepción profunda con el compromiso de la verdad y justicia. No hay que quedarse solo con la verdad. Es hora de exigir toda la justicia y no en la medida de lo posible. Nos tenemos que poner los pantalones para exigirlo. Basta de negociar con el dolor de las víctimas”, sentenció.

Durante las próximas semanas será el turno para que también asistan a la Comisión de Defensa de la Cámara los comandantes en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, y de la Fuerza Aérea, Jorge Robles.