Era marzo de 2015 cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba con gran expectativa mediática la conformación de una nueva instancia asesora. Esta vez se trataba de la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

Las vinculaciones e irregularidades entre los negocios y la política se habían instalado con fuerza, atacando directamente la popularidad del Gobierno y, particularmente, de la propia Mandataria. Los casos Penta y Caval obligaban a diseñar una nueva estrategia ante la ciudadanía. La regulación del financiamiento de las campañas electorales sería, entonces, uno de los discursos más recurrentes.

Aquella tarde del 10 de marzo fueron presentados los quince elegidos por el Gobierno para elaborar propuestas. En palabras de Michelle Bachelet, “recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial, escuchando a la ciudadanía, a expertos y organismos internacionales mediante audiencias”.

La tarea que encabezaría el economista Eduardo Engel contemplaba una petición muy especial: revisar el trabajo legislativo sobre el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia que ya se encontraba en el Congreso. Es decir, una misión que no sólo implicaba ideas y propuestas. También enfrentarse directamente con el Poder Legislativo.

Entre los integrantes de la llamada “Comisión Engel” se encuentra el abogado Álvaro Castañón, quien critica una lenta tramitación sobre temas en los que se pensaba existían consensos. Sin embargo, asegura que hoy no existe disposición política o simplemente está cambiando. “Falta la voluntad por parte del Ejecutivo y desde el Congreso”.

A casi cuatro meses de que entregaran sus propuestas, recuerda, por ejemplo, que “la Presidenta anunció que los proyectos que había enviado eran el inicio de la agenda de transparencia y que venían muchos más. La verdad es que no hemos visto en el último tiempo que se estén enviando nuevas iniciativas”.

El también director de la Fundación Multitudes, junto con apuntar a los temores infundados de los parlamentarios cuando se habla de transparencia, reconoce avances en algunas áreas, aunque advierte que se están dejando importantes vacíos.

“En el proyecto de ley de partidos políticos vimos que la reinscripción no se incorporó desde el Gobierno. De hecho, la Presidenta anunció por cadena nacional la reinscripción de los militantes en los partidos políticos, lo que no se está viendo reflejado. Emplazo a cualquier diputado o senador a que diga que el padrón de su partido no tiene irregularidades. Es un padrón que debe ser auditado porque se transformará en plata, explica.

Además, plantea que “en la medida que se legisle pensando en el largo plazo o por lo menos en el mediano, y no en un cálculo político inmediato, se pueden salvar más vacíos”.

También integrante de la “Comisión Engel”, la cientista política Marcela Ríos reconoce que se han encontrado con resistencias en algunas áreas, como el tema de la reinscripción de los partidos políticos, lo que finalmente se ha desdibujado en el debate. Así mismo, en lo que respecta a cambios en el funcionamiento del Congreso.

Por ello, afirma que existe un cierto consenso entre quienes integraron la instancia de que la agenda de reformas va mucho más lento de lo que se esperaba. Esto, considerando que el trabajo de la Comisión se dio en un contexto de urgencia ante las demandas ciudadanas para promover reformas que ataquen la corrupción.

Para la también coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD, la situación requiere de un trato especial.

“Se ha encontrado mayor resistencia en todo lo que tenía que ver con regulación de la política, por lo que se ha ido complejizando la discusión. Y como son los políticos los que tienen que legislar sobre sus propias reglas del juego, sí en este caso uno espera que hubiera más apertura para tomar las recomendaciones de la Comisión, porque efectivamente existen conflictos de interés y muchos intereses en juego por parte de quienes están legislando”, advierte.

Por su parte, el académico Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, se detiene en la incertidumbre que genera sobre cuánto de transparencia, control democrático y buenas prácticas se logren instalar en la agenda legislativa. Particularmente, con relación a los proyectos de financiamiento de la política y ley de partidos, aspectos, que asegura, aún no se hacen efectivos.

Por ello, apunta al debate legislativo propiamente tal, con la preocupación de si efectivamente se considerarán los planteamientos emanados desde la Comisión de la que también fue parte. “Siempre los parlamentarios tienen una percepción de actuar a la defensiva, que eventualmente se les pueda estar atacando”.

Y agrega: “En general, lo que la Comisión realizó fueron recomendaciones genéricas y en algunos casos nos metimos en algo más particular. Por lo tanto, el debate va a estar en los detalles, porque el diablo está en los detalles, y es ahí donde se debe tener ojo respecto de los niveles de transparencia y control democrático”.

Cabe destacar que entre las 305 ideas planteadas por la “Comisión Engel” destaca el establecimiento de un fondo público para financiar los partidos políticos por alrededor de seis mil 900 millones de pesos anuales, así como la reducción del límite de gasto total permitido para campañas políticas, persecución y sanción penal de la corrupción, fiscalización de la política y su financiamiento, derogación de la Ley Reservada del Cobre, probidad y fortalecimiento de los municipios, reforma del sistema de Alta Dirección Pública e inhabilidades entre los sectores público y privado.