Polémica ha generado el caso del mártir número 657 de Carabineros, Francisco González Arévalo, quien figura en la lista de los efectivos caídos en servicio producto de la violencia política, en un el marco de “un enfrentamiento con extremistas” en 1976, caso que fue incluido en la Comisión Nacional de Reparación de 1996.

Sin embargo, 40 años después apareció el parte policial que revela su verdadera causa de muerte; una riña callejera en la que participó en su calidad de civil. Este caso fue reportado al Estado de Chile por la Dirección General de Carabineros y su familia no fue informada, ni concurrió a documentar la versión.

En ese sentido, el diputado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Hugo Gutiérrez, afirmó que este es uno más de los tantos casos fundados en la llamada “tesis de los dos demonios”.

El diputado comunista sostuvo que todos estos Carabineros o integrantes de las Fuerzas Armadas, que se incorporaron al informe Rettig y sus asociados, nunca debieron haber estado en ese informe, porque nunca fueron víctima de violaciones a los Derechos Humanos, de acuerdo a cómo se entienden a nivel doctrinario e internacional.

El parlamentario añadió que esto fue una concesión que hizo el gobierno del ex Presidente Aylwin, como una manera de congraciarse con las Fuerzas Armadas y que permitió la aparición de “muchas cuchufletas” como esta y que, hasta el día de hoy no se han descubierto todas.

El ex Consejero de la Corporación, Jorge Correa Sutil, afirmó que la situación de González Arévalo es uno de los cinco casos de error de calificación que existen de tres mil episodios documentados, es decir que representa menos de un dos por ciento de los casos descubiertos.

Sin embargo, el diputado comunista cuestionó cuántas situaciones similares habrá sin que se conozca de ellas.

El abogado de Derechos Humanos Cristián Cruz afirmó que este caso es grave por tres razones: primero, porque la Dirección de Carabineros le mintió al Estado, segundo porque éste fue muy poco prolijo en la incorporación de datos y, tercero, porque que los nombres que figuran en los informes han recibido reparación, lo que implica beneficios económicos o sociales.

Para el jurista la pregunta es ¿qué va a hacer hoy el Estado cuando tiene la certeza que Carabineros mintió?, y afirmó que no ve ninguna razón para que el ministerio del Interior no persiga la responsabilidad criminal. Además, indicó que el material proveniente de las Fuerzas Armadas y Carabineros debe ser revisado.

“Con estos antecedentes comprobados, al menos como parámetro se puede indagar en los caos informados por estos organismos para ser más prolijos con la verdad”, afirmó y añadió que lo que dijo el ex subsecretario, Correa Sutil, apunta a la posibilidad de error, pero no critica el tema de fondo y que se le mintió a un organismo de Verdad y Reconciliación por otro organismo del Estado, y en democracia.

Con esto coincidió también el diputado, quien sostuvo que “no se puede seguir amparando mentiras como esta para mantener la tesis del empate político” y que, si realmente se quiere avanzar en Verdad y Justicia se debe poner acento en la esclarecer estas falacias.