Cuando Francisco Huenchumilla fue removido de su cargo planteó los caminos para la solución del conflicto en La Araucanía. A su juicio, existen dos caminos: el político y el policial.

Ese mismo día los camioneros marchaban en caravana desde el sur, 24 horas después ingresaron a Santiago pese a que La Moneda les había prohibido el paso, deteniéndolos en la ruta de ingreso a la Región. Tras reunirse con el Ministro del Interior, los líderes del movimiento entregaron su ultimátum a las autoridades: una de sus peticiones era que las autoridades se hicieran cargo de los ataques a camiones en la zona.

Una semana después, Jorge Burgos anunció la designación de un fiscal preferente para que investigue los ataques. La decisión fue tomada luego del comité de seguridad especial citado de forma extraordinaria en La Moneda.

El elegido para la tarea es el fiscal en jefe de Collipulli Héctor Leiva, quien además es miembro del equipo de persecutores de Alta Complejidad de La Araucanía. La información fue confirmada por la Fiscalía Nacional, junto con la orden de que la Intendencia de la región presente acciones legales para perseguir a los responsables del ataque provocado en Pidima, que afectó un camión y con lesiones al conductor. Tras el hecho, la decisión del Gobierno fue invocar la Ley de Seguridad del Estado donde el nuevo intendente, Andrés Jouannet, quien hará la presentación.

Burgos también tuvo espacio para asumir la responsabilidad del Gobierno en la zona: “Yo estoy hace tres meses y medio en el cargo. La lucha contra el delito es parte de una cadena, donde participan diferentes órganos del Estado, las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.

Asimismo señaló que aprovecharon la instancia para analizar nuevas medidas que se tomarán en la zona: “Le he pedido a Carabineros y PDI que presenten un plan de refuerzo de vigilancia preventiva  al transporte de camiones en la zona, a través de la Subsecretaría de Interior donde se han desarrollado este tipo de ilícitos”, asegurando que desde el Ministerio perseguirán a quienes cometan este tipo de delitos que “dificultan el transporte de bienes y pone en riesgo la vida de las personas”.

Descontento de las comunidades

El miércoles, el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy se reunió con representantes de Banco Estado y con la Confederación de dueños de camiones, para afinar el seguro para transportistas y pequeños paceleros, otra de las medidas que se habrían pactado en la reunión del pasado 26 de agosto.

En paralelo, en La Araucanía se desalojaba la toma de los edificios que surgieron en solidaridad con la de la ocupación a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), lo que terminó con mapuches heridos.

En ese contexto, Rodrigo Curipán, werkén de la comunidad de Rankilko y líder de la toma, acusó discriminación contra su pueblo y “un trato preferente” a los empresarios del sur del país.

“Consideramos que hay una cuestión de desigualdad, llevamos 17 días en la toma de Temuco (que no ha sido desalojada), tratando de conseguir una conversación con el Gobierno Central, en este caso con el Ministro de Desarrollo Social, mientras que los otros, que tienen mucho más poder económico, de bloquear vías, y poner en jaque al gobierno, están conversando hoy” denunció.

Curipán añadió que el gobierno suena contradictorio cuando dice que no va a conversar con quienes sostienen medidas de presión, toda vez que recibió en el palacio de Gobierno a los camioneros que bloquearon durante todo el día las rutas de acceso a la Región Metropolitana: “hay una espiral de situaciones muy oscuras” y que detrás están las empresas forestales, el consorcio agrícola y los camioneros, agregó.

La llegada de Andrés Jouannet a la Intendencia tampoco ha sido bien recibida por las comunidades. Curipán responsabilizó el actuar del DC, al que cuestionó por su “personalismo político” que abrió la puerta a conductas como el racismo y la discriminación, indicó.

Para la consejera Conadi Ana Llao, un ejemplo de esta conducta es que Jouannet , en su llegada, anunció que iba a fortalecer la vigilancia rural. El reproche es la falta de voluntad para resolver el problema con diálogo, escuchando las necesidades y planteamientos de la gente, indicó.

“Esperábamos que la Presidenta Michelle Bachelet aprendiera de los errores de su primer mandato, pero hasta ahora está dando señales malísimas”, las que se expresan en el retroceso de un ochenta por ciento en temas mapuche, añadió Ana Llao.