Este miércoles será relevante para el desarrollo del Caso Caval. Al mismo tiempo que el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, asista a una nueva sesión de la comisión investigadora del caso, la Alianza presentará una nueva denuncia contra el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
En la oposición esperan que la Fiscalía investigue un eventual delito informático, acción anunciada luego que el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, revelara que Dávalos pidió eliminar datos de su computador antes de renunciar a la Dirección Sociocultural de Presidencia.
Sobre la citación para el ministro Díaz, desde la comisión han afirmado que esperan que detalle acerca del protocolo, al que alguna vez se refirió para explicar la eliminación de información del computador de Dávalos.
La diputada Marcela Sabat (RN) es parte de la comisión investigadora y también de las que presentará la acción en la Fiscalía Centro Norte. La parlamentaria advirtió que esta investigación podría plantear una nueva interrogante, respecto de la salida de los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas y si es que ahí también se incumplieron protocolos informáticos.
En ese sentido, aseguró que no deben interrumpirse los procesos judiciales.
Por otra parte, este lunes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra dos ex funcionaros municipales de Machalí por posible delito de cohecho, en el marco del Caso.
Se trata de la arquitecta Cynthia Ross y Jorge Silva Menares, ex jefe del Departamento de Obras, y que trabajó con la profesional en esta repartición; además la acción también apunta al síndico Herman Chadwick Larraín, por delito de soborno, a su ex asesor Juan Díaz Sepúlveda y quienes resulten responsables.
El diputado Daniel Núñez (PC) aseguró que esta querella confirma una inquietud planteada hace meses acerca de la especulación inmobiliaria en este caso. Por ello, no descartó invitar al Presidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Ignacio Piña para que explique los méritos y antecedentes que están en conocimiento del organismo y que les permitan entender el contexto de la demanda.
Para Núñez, es clave investigar el rol de Herman Chadwick a quien se le apunta porque desde julio de 2011 tenía a su cargo la venta de los predios de la familia Wiesner en Machalí, y habría pagado al “gestor inmobiliario” Juan Díaz, más de $415 millones por servicios prestados durante el proceso, específicamente, por gestionar el cambio en el plano regulador y concretar la venta de los terrenos.
Por su parte, la Fiscalía de O’Higgins, a cargo de Luis Toledo, investiga eventuales delitos de cohecho, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible en el supuesto cambio en el Plan Regulador y el proceso de compra de los terrenos que hizo Caval, la sociedad donde participa la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Este miércoles será relevante para el desarrollo del Caso Caval. Al mismo tiempo que el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, asista a una nueva sesión de la comisión investigadora del caso, la Alianza presentará una nueva denuncia contra el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
En la oposición esperan que la Fiscalía investigue un eventual delito informático, acción anunciada luego que el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, revelara que Dávalos pidió eliminar datos de su computador antes de renunciar a la Dirección Sociocultural de Presidencia.
Sobre la citación para el ministro Díaz, desde la comisión han afirmado que esperan que detalle acerca del protocolo, al que alguna vez se refirió para explicar la eliminación de información del computador de Dávalos.
La diputada Marcela Sabat (RN) es parte de la comisión investigadora y también de las que presentará la acción en la Fiscalía Centro Norte. La parlamentaria advirtió que esta investigación podría plantear una nueva interrogante, respecto de la salida de los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas y si es que ahí también se incumplieron protocolos informáticos.
En ese sentido, aseguró que no deben interrumpirse los procesos judiciales.
Por otra parte, este lunes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra dos ex funcionaros municipales de Machalí por posible delito de cohecho, en el marco del Caso.
Se trata de la arquitecta Cynthia Ross y Jorge Silva Menares, ex jefe del Departamento de Obras, y que trabajó con la profesional en esta repartición; además la acción también apunta al síndico Herman Chadwick Larraín, por delito de soborno, a su ex asesor Juan Díaz Sepúlveda y quienes resulten responsables.
El diputado Daniel Núñez (PC) aseguró que esta querella confirma una inquietud planteada hace meses acerca de la especulación inmobiliaria en este caso. Por ello, no descartó invitar al Presidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Ignacio Piña para que explique los méritos y antecedentes que están en conocimiento del organismo y que les permitan entender el contexto de la demanda.
Para Núñez, es clave investigar el rol de Herman Chadwick a quien se le apunta porque desde julio de 2011 tenía a su cargo la venta de los predios de la familia Wiesner en Machalí, y habría pagado al “gestor inmobiliario” Juan Díaz, más de $415 millones por servicios prestados durante el proceso, específicamente, por gestionar el cambio en el plano regulador y concretar la venta de los terrenos.
Por su parte, la Fiscalía de O’Higgins, a cargo de Luis Toledo, investiga eventuales delitos de cohecho, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible en el supuesto cambio en el Plan Regulador y el proceso de compra de los terrenos que hizo Caval, la sociedad donde participa la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Este miércoles será relevante para el desarrollo del Caso Caval. Al mismo tiempo que el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, asista a una nueva sesión de la comisión investigadora del caso, la Alianza presentará una nueva denuncia contra el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
En la oposición esperan que la Fiscalía investigue un eventual delito informático, acción anunciada luego que el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, revelara que Dávalos pidió eliminar datos de su computador antes de renunciar a la Dirección Sociocultural de Presidencia.
Sobre la citación para el ministro Díaz, desde la comisión han afirmado que esperan que detalle acerca del protocolo, al que alguna vez se refirió para explicar la eliminación de información del computador de Dávalos.
La diputada Marcela Sabat (RN) es parte de la comisión investigadora y también de las que presentará la acción en la Fiscalía Centro Norte. La parlamentaria advirtió que esta investigación podría plantear una nueva interrogante, respecto de la salida de los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas y si es que ahí también se incumplieron protocolos informáticos.
En ese sentido, aseguró que no deben interrumpirse los procesos judiciales.
Por otra parte, este lunes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra dos ex funcionaros municipales de Machalí por posible delito de cohecho, en el marco del Caso.
Se trata de la arquitecta Cynthia Ross y Jorge Silva Menares, ex jefe del Departamento de Obras, y que trabajó con la profesional en esta repartición; además la acción también apunta al síndico Herman Chadwick Larraín, por delito de soborno, a su ex asesor Juan Díaz Sepúlveda y quienes resulten responsables.
El diputado Daniel Núñez (PC) aseguró que esta querella confirma una inquietud planteada hace meses acerca de la especulación inmobiliaria en este caso. Por ello, no descartó invitar al Presidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Ignacio Piña para que explique los méritos y antecedentes que están en conocimiento del organismo y que les permitan entender el contexto de la demanda.
Para Núñez, es clave investigar el rol de Herman Chadwick a quien se le apunta porque desde julio de 2011 tenía a su cargo la venta de los predios de la familia Wiesner en Machalí, y habría pagado al “gestor inmobiliario” Juan Díaz, más de $415 millones por servicios prestados durante el proceso, específicamente, por gestionar el cambio en el plano regulador y concretar la venta de los terrenos.
Por su parte, la Fiscalía de O’Higgins, a cargo de Luis Toledo, investiga eventuales delitos de cohecho, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible en el supuesto cambio en el Plan Regulador y el proceso de compra de los terrenos que hizo Caval, la sociedad donde participa la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
