Una de las 58 propuestas que la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones entregó la semana pasada a la Presidenta Michelle Bachelet establece la eliminación de la modalidad de pensión de retiro programada.

La consecuencia de la medida implicaría la obligatoriedad del sistema de rentas vitalicias. Esto, considerando que hoy el sistema de pensiones ofrece dos alternativas: jubilarse a través de una AFP o mediante renta vitalicia.

Entre los análisis surgidos en la también llamada “Comisión Bravo” figura el riesgo que representan las rentas vitalicias en función de la variabilidad de las tasas. Sin embargo, la misma Comisión propone terminar con la otra alternativa. Es decir, consolidar de manera exclusiva la vía más riesgosa para quienes accedan a una jubilación.

Un traspaso de los ahorros a empresas privadas, las que dada su actividad de especulación financiera siempre traen aparejada la posibilidad de quiebra.

Sin embargo, desde la “Comisión Bravo” aseguran que se ofrece una alternativa por periodos limitados, que no corresponde a un retiro programado propiamente tal. Aunque sí desaparece el retiro programado puro.

Asimismo, quienes ya están jubilados y son parte de un retiro programado no podrían ser considerados en un hipotético nuevo escenario, una discusión que debiera definir el Gobierno. “El criterio de las propuestas de la Comisión es que no se afecten derechos adquiridos”, reconocen entre sus integrantes.

En este nuevo escenario, y considerando que las rentas vitalicias las proveen las compañías de seguro y no las AFP, solo las primeras podrían ofrecer los futuros productos.

Una medida inexplicable para Ricardo Hormazábal, presidente de Acusa AFP. Esto, porque la Comisión no aclara qué ocurrirá con las más de 300 mil personas que tienen retiros programados de pensiones de vejez, con un promedio de 118 mil pesos mensuales.

Y si bien la otra modalidad, la de renta vitalicia, podría aparecer como de mayor conveniencia, según Hormazábal ambas se rigen por el sistema de AFP, donde la diferencia se basa en la cantidad de capital, es decir, lo que cada uno logra ahorrar.

“La de retiro programado realmente es una mala propuesta en general, pues, insisto, no soluciona el problema. El retiro programado lo administran fundamentalmente las AFP, y éstas no pueden ofrecer rentas vitalicias. Pero hoy se da una característica especial, y es que las compañías de seguro se están comprando las AFP”, advierte.

El propio Hormazábal destaca que por primera vez un informe muestra divisiones entre propuestas diversas. “La propuesta B se enmarca dentro de lo que sería una política de seguridad social, mientras que la propuesta A sigue entendiendo que las pensiones son un commodities, por lo tanto transables exclusivamente en el mercado y manejado con las condiciones actuales”.

Su análisis se detiene en que de las 58 propuestas de la Comisión, 17 benefician directamente a las AFP y el resto apuntan a que el Estado debe entregar más recursos para parchar la incapacidad del sistema”.

“Es incomprensible que la Comisión reconozca por unanimidad que, según sus propias encuestas, más del 72 por ciento de los chilenos rechaza el sistema de AFP”, concluye.

Precisamente desde la “Comisión Bravo” descartan la posibilidad de un escenario monopólico, considerando la gran cantidad de compañías de seguro. Además, en forma complementaria se proponen licitaciones más amplias que las que existen hoy, que tenderían a bajar los costos del retiro programado.

Asimismo, un reconocimiento de que no existe una propuesta global que sea representativa de la comisión. Esto, porque ninguna de las propuestas alcanzó el 50 por ciento más uno de los integrantes, que correspondía a trece votos. “Lo que existen son propuestas de miembros de la Comisión”, aclaran.

La defensa apunta a que se trataría de una propuesta donde la pensión esperada es mucho más predecible en función de las cotizaciones que haga el individuo y que no está tan expuesta a riesgos.

Además, detallan que si el individuo tiene un cierto comportamiento razonable en materia de contribuciones podría acceder al equivalente a un salario mínimo.

Mala solución, mismo problema

Entre los críticos al actual sistema de jubilaciones, el retiro programado representa una de las modalidades más controvertidas en el ámbito de las pensiones. “En Chile el 91 por ciento de las pensiones de vejez en la modalidad de retiro programado son menores a 150 mil pesos, es decir, menores al 63 por ciento del salario mínimo”, detalla el economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol.

Si bien agradece que la “Comisión Bravo” haya tratado el tema, asegura que se plantea una solución que no apunta al corazón del problema. “Terminar con el retiro programado y eventualmente exportar estas pensiones al sistema de renta vitalicia que administran las compañías de seguro es peor aún”.

De hecho, plantea que en el modelo de renta vitalicia el monto de las pensiones tampoco es muy distinto. “Las compañías de seguro lo que hacen con las pensiones es ligar totalmente la propiedad de los afiliados. Es decir, uno le vende los fondos de pensiones a una compañía de seguros, la que genera un contrato comercial con el jubilado en el que se establece el monto de la jubilación. El agravante está en que esas empresas privadas también pueden someterse a la especulación financiera, como ya lo hacen”.

Además, afirma que el riesgo se mantiene siempre en el afiliado, lo que implica que no se corrigen las fallas de origen del sistema de pensiones. “La capitalización se somete a especulación financiera, lo que ocurre tanto en las compañías de seguro como en las AFP”.

En suma, una solución que intenta causar alivio, pero donde el problema seguirá presente mientras se mantenga el bajo nivel de las pensiones, como explica Durán. “Es algo que no tiene solución en el sistema de AFP”, concluye.

Por ello, su propuesta apunta a avanzar hacia un sistema solidario de reparto, donde se evite el riesgo para el afiliado, generado por la especulación financiera.