Diputados aprobaron por unanimidad este martes el informe de la Comisión Mixta que resuelve las discrepancias del Senado y la Cámara Baja en torno a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Al respecto, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, destacó la trascendencia de esta normativa relevando la importancia del respeto a los Derechos Humanos como una tarea fundamental de toda la sociedad.

Por su parte, el diputado UDI Jaime Bellolio, justificó la aprobación de su bancada al proyecto y  enfatizó en que los Derechos Humanos son de las personas y no de los partidos políticos.

“Esta nueva institucionalidad no permite un doble estándar, no pueden condenarse con justa razón las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado y al mismo tiempo hacer vista gorda a las que ocurren hoy. Es una buena noticia que tengamos una Subsecretaría pero quiero pedir que sea ecuánime, que no mire si alguien es de derecha o izquierda, sino que si es de la condición humana”.

En tanto, el diputado PPD Felipe Letelier, expuso que será difícil plantear una política pública o institucionalidad haciendo abstracción del país que fue azotado por una dictadura.

“Cuando uno habla de los campos de concentración Ritoque, Puchuncaví, Tres Álamos, no es más que recurrir a la memoria histórica. Entonces, ser ecuánimes y equitativos será difícil porque aún todavía hay quienes están callados y no dicen la verdad para esas miles de personas que están desaparecidas”.

El diputado DC Claudio Arriagada hizo referencia a la nueva cultura que debe promover la institucionalidad para proyectar a cuatro años un plan de los Derechos Humanos.

Por otro lado, el diputado representante de la bancada independiente Gabriel Boric, recogiendo las opiniones de organizaciones sociales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Agrupación de Memoria y Futuro de Londres 38, sostuvo que si bien el proyecto es un avance en términos institucionales, es insuficiente.

“Uno lee el mensaje y está de acuerdo con todas sus buenas intenciones, pero cuando vemos en la práctica cómo se va a ejecutar, vemos que no se contemplan instrumentos y capacidad de diagnóstico de parte del Estado de vulneración o protección de derechos como por ejemplo una unidad de estudio”.

“No se contemplan mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil y el presupuesto y planta no aseguran cobertura ni cumplimiento de funciones en un marco como se establece en el mensaje”, enfatizó Boric.

El proyecto pasará a manos del Ejecutivo, para su posterior promulgación y publicación.