El proceso para elegir al próximo Fiscal Nacional está en curso. Si bien han surgido algunos inconvenientes entre los once candidatos, como los cuestionamientos al actual jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, por presuntas irregularidades en una investigación de 2014, las críticas se han enfocado principalmente hacia el Senado.

Esto, porque serán sus integrantes quienes ratificarán la elección que realice la Presidenta Michelle Bachelet, previa selección de cinco candidatos por la Corte Suprema, para reemplazar, el 1 de diciembre, al jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuan.

El contexto es bastante preocupante, si se considera que al menos siete senadores podrían omitirse en dicha votación, que requiere de un quorum de dos tercios de los 38 legisladores. Por lo pronto, Carlos Bianchi ya está fuera, al ser desaforado y enfrentar un juicio oral.

Los otros seis, vinculados a distintas investigaciones que encabeza precisamente el Ministerio Público por irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

En el caso Penta, los UDI Ena Von Baer e Iván Moreira. Por el caso SQM, el socialista Fulvio Rossi y el DC Jorge Pizarro, a propósito de las asesorías de sus hijos a la empresa minera no metálica. En el caso Corpesca, el UDI Jaime Orpis. También el PPD Eugenio Tuma, por supuesto fraude al Fisco.

¿Debieran inhabilitarse estos senadores en la votación que determinará al responsable de decidir si proseguirán dichas investigaciones? ¿Perdería legitimidad la elección del nuevo Fiscal Nacional por los conflictos de interés que surgen a simple vista?

Para muchos existe un grave problema de forma, donde resulta bastante cuestionable que sean los propios senadores quienes decidan quién encabezará las investigaciones que afectan a miembros de su propia institución.

El problema que se generaría es el aumento de la crisis de confianza que hace bastante tiempo afecta al Congreso y al resto de las instituciones políticas. Así lo plantea el abogado Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes.

Lo complejo es “incrementar las sospechas con relación a quién llevará la investigación de los casos Penta y SQM, que son casos jurídicamente claves, no solo por su contenido político, sino porque también reflejan el colapso de un sistema electoral de financiar la política que hoy se está tratando de reformar”.

Como ex integrante de Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, apunta a lo que considera un claro conflicto de interés. “Ellos tienen el interés en que la investigación de estos casos termine en inocencia, en que no hubo irregularidades, que no existieron delitos penales”.

Por ello, asegura que “es evidente que existe una obligación de inhabilitarse y que debería existir al menos un mínimo de decoro y de eficiencia de la Comisión de Ética, en poder exigir esto con miras a que el gran activo que tiene el Congreso Nacional, que es su trabajo legislativo, no se dañe por una falta de confianza y por una falta de credibilidad, en que en el fondo están haciendo lo mejor para el bien común”.

Sin embargo, desde la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la respuesta no es alentadora. Esto, dado que la actual legislación impide que sean los propios senadores quienes interpelen a sus pares.

Uno de sus integrantes, el socialista Alfonso de Urresti, si bien reconoce que se ha conversado para que exista alguna instancia o comisión independiente, que pueda establecer conflictos de interés o anticipar situaciones como las que deberán enfrentar los parlamentarios, por ahora nada de eso es factible.

“Hay que ser claros y precisos que la Comisión de Ética no tiene facultades jurisdiccionales. Eso corresponde a los tribunales, por lo que hay que ser respetuoso de esa situación. Yo soy abogado y creo en el principio de la legalidad. Hay que actuar de acuerdo a lo que la ley establece y no lo que opina tal o cual persona”, manifiesta el senador.

Pero no todos piensan igual en el Congreso. La senadora Lily Pérez, por ejemplo, no duda en la necesidad de que los senadores involucrados en investigaciones judiciales se inhabiliten en votaciones de este tipo.

Confirma que la idea de que se pueda interpelar u obligar a otros parlamentarios a inhabilitarse frente a determinadas situaciones ya se la planteó al senador Alejandro Guillier, jefe de bancada de los senadores independientes. “Desconozco qué ha sucedido con dicha materia”, reconoce la representante de Amplitud.

Su intención es que donde aparezcan conflictos éticos debería predominar la voluntad de cada parlamentario. “Pero como al parecer no es así, tendrá que ser el propio Senado el que se refiera al respecto”.

Y agrega: “Creo que es evidente el conflicto ético que surge cuando hay algún senador o senadora que está siendo investigado por el Ministerio Público y tenemos nosotros, los senadores, que nominar al próximo Fiscal Nacional. Y me extraña la posición mayoritaria del resto de los senadores, que salvo el senador Antonio Horvath y yo, todo el resto está de acuerdo con que voten. Que no tienen por qué inhabilitarse”.

También como integrante de la Comisión de Ética, el senador Alejandro Guillier asegura que efectivamente se ha avanzado en un trabajo de seguimiento de todos los casos de parlamentarios investigados, donde incluso se ha interpelado a varios de ellos. Esto, mientras se prepara una propuesta para darle mayor fuerza a dicha Comisión.

Y si bien se manifiesta a favor de que los cuestionados legisladores se inhabiliten, también reconoce la ausencia de normas para que aquello sea una obligación.

“La sana convivencia, la transparencia y lo razonable indican que sería conveniente, prudente y que contribuiría, especialmente porque los fiscales son los que persiguen muchos de los delitos o faltas que están siendo investigados y sería una señal de transparencia ante la opinión pública. Parece lo razonable, estoy de acuerdo con eso, pero es solo una recomendación. No es una obligación, porque no hay estatutos jurídicos como para aquello”, lamenta.

En cuanto a esto último, detalla que las comisiones de ética tienen funciones distintas a los tribunales de justicia, puesto que solo éstos pueden inhabilitar a diputados y senadores en el ejercicio del cargo y de las distintas funciones que eso implica.

Incluso advierte que otorgar mayores atribuciones a una comisión de ética podría prestarse para asuntos poco transparentes. Eventualmente conflictos de naturaleza política, por lo que no sería conveniente extender sus facultades.

“La Comisión de Ética simplemente tiene que decidir si alguien actuó correcta o incorrectamente y darle un reproche moral. Pero en una democracia debería bastar con que un parlamentario sea objetado por sus propios pares por no dignificar su función pública, para que sea castigado por el elector”, concluye.

Entre las propuestas para enfrentar este vacío, la de Álvaro Castañón va más allá de que los propios parlamentarios puedan interpelarse entre ellos. “Debe existir un sistema de acción pública para que cuando un diputado o senador esté transgrediendo la ley, o esté próximo a infringir alguna norma de probidad, conflicto de interés o corrupción, cualquier ciudadano, fundación, parlamentario o cualquier persona pueda advertir a la Comisión de Ética que esté atenta sobre algún tema”.

En ese sentido, plantea la necesidad de “generar incentivos virtuosos para que todos podamos ejercer un rol de fiscalización y que los parlamentarios no se sientan atacados por eso”.