El proceso constituyente anunciado originalmente para septiembre, y postergado luego para octubre, aún carece de contenido. Incluso de un cronograma que entregue certezas a las propias autoridades. Sin embargo, ya cuenta con recursos para su implementación. Al menos es la intención del Ejecutivo.

Y es que en la Ley de Presupuestos ingresada al Congreso aparece un ítem muy particular en las partidas de los ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Secretaría General de Gobierno (Segegob) e incluso para la Subsecretaría del Interior.

Se trata de 2 mil 836 millones 496 mil pesos bajo la denominación “Estudio para una nueva Constitución”.

“Puede suponer tanto la contratación de expertos en el área, como estudios vinculados y servicios asociados al proceso participativo nacional”, se plantea en el caso de la Segpres. “Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal que demande la ejecución de este programa”, agrega la partida presupuestaria.

En el caso de la Segegob, los recursos podrían distribuirse en “estudios y sondeos de opinión que podrán ser cargados a ese ítem, y que sus resultados deberán ser proporcionados a quien lo solicite, salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de un análisis estratégico”.

La incertidumbre respecto del proceso claramente contrasta con la cantidad de recursos que el Gobierno pretender destinar para ello. Para la Segpres, el monto considera mil 246 millones 996 mil pesos. Para Segegob, mil 100 millones. Para la Subsecretaría del Interior, 489 millones 500 mil pesos.

“No creo que el Ejecutivo haya puesto esta glosa presupuestaria para que luego decida que no hay plebiscito y que se instalará una comisión de expertos o que será el Poder Legislativo el que asuma el proceso”, plantea Paulina Ibarra, directora ejecutiva de la Fundación Multitudes.

Por ello, junto con exigir que no se retrase más el proceso para una nueva Constitución, y a propósito de los recursos que se destinarían para ello, destaca la importancia de analizar y definir cuál es el mejor mecanismo para una Asamblea Constituyente. Pero con una advertencia. “No hay que confundir estudios y sondeos con participación ciudadana. Eso es simplemente recoger los intereses de los distintos actores dentro de la sociedad para evaluar cómo se podría llevar a cabo un proceso constituyente”.

¿Pero se justificaría invertir recursos en establecer una nueva comisión asesora presidencial? “Por supuesto que estaríamos dispuestos para participar. Sin embargo, esa disponibilidad estaría pendiente de cómo los procesos de participación ciudadana, ya sea a través de la ciudadanía o de las organizaciones sociales, no quedarán en lo consultivo y sí llegarán a ser vinculantes, incidentes y significantes. De lo contrario no encuentro el sentido de crear otra comisión si el Ejecutivo no seguirá las recomendaciones, tal como ha ocurrido con otras comisiones en el pasado”, reconoce Paulina Ibarra.

El tema de disponer recursos no es suficiente. También se requiere voluntad política para reconocer a los ciudadanos como actores válidos y legítimos. Así lo piensa Álvaro Ramis, como representante de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales Acción.

“Sólo tendría sentido en la medida que se genere un proceso constituyente centrado en los contenidos de la Nueva Constitución. Además, que las opiniones logren sistematizarse y generar un nuevo texto que represente fielmente la posición de la ciudadanía”.

En esa línea, el anhelo es que “efectivamente se escuche la voz de la gente, que no se la sustituya por un mecanismo técnico, que no se convierta en una instancia de expertos, sino que represente fielmente lo que la ciudadanía está demandando en materia de una nueva Constitución legítima para Chile”.

Incluso va más allá: “Una comisión de expertos que redacte por ella misma es una instancia vacía, ridícula y que no tendría ningún sentido”.

Pero tal como ocurre con la incertidumbre del proceso constituyente, los recursos que pretende asignar el Gobierno tampoco están asegurados. Así lo advierte el diputado DC Pablo Lorenzini, quien preside la Comisión Mixta de Presupuestos.

“Lo que le plantee al Ministro Rodrigo Valdés es que en términos generales aprobar bastantes millones de dólares sin tener un cronograma, sin tener precisión para lo que es, en qué plazos, dónde, el cómo y el cuándo, me es muy difícil en lo personal darle curso, porque está muy genérico y es mucha plata. Entonces, necesitamos tener claridad”, exige el parlamentario.

La respuesta del Ministro de Hacienda es que dentro de las próximas dos semanas Michelle Bachelet clarificaría el cuestionado anuncio, entregando un cronograma con los pasos a seguir.

Si bien aclara que cualquier cambio a la Constitución en algún momento debe pasar por el Congreso, Lorenzini también considera importante disponer de recursos para la participación ciudadana. Por ello, surge la necesidad de fiscalizar y controlar la gestión que se realice.

En ese contexto, este jueves se concretó una nueva reunión en La Moneda, como parte de las visitas de los partidos y la entrega de sus propuestas. El turno fue para los representantes de la UDI, quienes entregaron al Ministro del Interior, Jorge Burgos, el documento titulado “Chile no necesita una nueva Constitución”.

Para el presidente gremialista, Hernán Larraín, “el ordenamiento constitucional que hoy rige a Chile ha sido construido en democracia en los últimos 25 años, con la participación de todos. Existe una Constitución reformada y promulgada por Ricardo Lagos que reunió todos los cambios que en ese momento se estimaron necesarios para hacer de ésta una Constitución indiscutiblemente democrática que uniera a los chilenos”.

En cuanto a los recursos que el Ejecutivo pretende asignar a tres de sus ministerios para implementar el proceso constituyente, el senador se detiene en la incapacidad para explicar en qué consiste el proyecto. “Una muestra de la irresponsabilidad y populismo del Gobierno. Destinar esa cantidad de recursos a estudios constitucionales es porque no tienen ningún proyecto hecho, tienen que empezar a estudiarlo”.

Y es que la poca claridad sobre el contenido del proceso es una constante también entre los expertos. “No sabemos en qué tipo de estructura está pensando el Ejecutivo ni de qué se trata el proyecto, por lo que no sabemos si ese dinero se ajusta a un proceso constituyente”, cuestiona Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.

Su planteamiento apunta a la necesidad de socializar el tema entre los actores territoriales a nivel nacional. “Acciones comunicacionales, de educación cívica y de deliberación para informar a la gente sobre lo que significa un cambio constitucional. Se requiere mayor debate público, más que un debate de las élites”.

Su conclusión es categórica: “Yo no conozco cuál es el objetivo del Ejecutivo, si quiere una campaña de socialización en la opinión pública. Si es así, creo que sí se justifica, porque es muy necesario que la gente discuta y eso requiere recursos y tiempo para organizar reuniones. Si es discutir en el Congreso, no veo la necesidad de la inversión de recursos”.

Para Paulina Ibarra se requieren diálogos ciudadanos y técnicos. También consultas vinculantes. “Si nos quedamos en las encuestas, significa que no existe un entendimiento claro de lo que es un proceso de participación ciudadana por parte del Ejecutivo”.

También surge la idea de una contraloría social, la que efectivamente audite no solo en términos de dinero, sino también respecto del contenido del proceso, como plantea Álvaro Ramis. “Pero no puede ser designado desde el Gobierno. Tiene que surgir desde una instancia representativa directa de la ciudadanía”.

Y ya que existe la posibilidad de disponer de recursos, Claudio Fuentes apunta a una amplia participación. “Mientras algunos piensan que esa mesa solo se debe restringir a algunos parlamentarios dentro del Congreso, otros pensamos que esa mesa debería ser mucho más amplia e incluir a actores sociales para definir una hoja de ruta”.