Con 29 votos a favor, el Senado aprobó la reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

Previo al despacho de la Ley, los diputados habían introducido modificaciones a uno de los proyectos clave en las normas de probidad, que cobran atención en medio de los escándalos de corrupción que ha debido enfrentar la política.

Otra de las normas que se establece, es que quien sea sancionado, quedará imposibilitado para ejercer cualquier función pública, sea o no de elección popular, por un plazo de dos años.