En 2014 se aprobó la reforma constitucional para permitir a los chilenos residentes en el extranjero ejercer su derecho a sufragio. A un año y medio de esa promulgación, la Presidenta envío al Congreso una iniciativa que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre el sistema de inscripción electoral y del Servicio Electoral y la Ley sobre votaciones populares y escrutinios, para reglamentar la forma en que los beneficiarios accederán a ese derecho.

Por ello, una vez finalizada la semana distrital, el proyecto debiera iniciar su trámite en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, para luego pasar a la de Constitución, Legislación y Justicia, donde se busca sea aprobado con celeridad para pasar a segundo trámite constitucional.

Sin embargo, al conocerse el detalle de la iniciativa de ley ya surgen varias objeciones desde diversos sectores. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores José Manuel Edwards afirmó que están preocupados por “el rol estelar” que tienen los cónsules, así como por la entidad que será responsable de la regulación de la publicidad.

“Hay muchos cónsules que son personas de carrera que dan confianza, sin embargo hay muchos otros que son totalmente políticos y, por lo tanto, tiene que haber un contrapeso que dé  seguridad”, solicitó.

En cuanto a la propaganda electoral, afirmó que la Cancillería debe dar garantías de que va a hacer los mismos esfuerzos por que todos los extranjeros voten y no sólo por entregar mayores recursos a los países o ciudades donde las personas puedan tener una tendencia política determinada.

El diputado también sostuvo que hay varias dudas sobre quién va a ser responsable de las urnas. A eso se suma un asunto logístico que inquieta a parlamentarios y actores políticos: el proceso de conteo.

Esto cuando, según la iniciativa, se comenzarán a contar los votos del exterior al cierre de las mesas en Chile, lo que implicaría un importante atraso en la entrega del resultado final, más considerando que el voto de los chilenos en el extranjero podría llegar a cambiar la tendencia inicial de una elección.

Pero eso no es todo. El diputado DC Patricio Vallespín, quien ha estado siguiendo el desarrollo del proceso, aseguró que el proyecto debe ser complementado con un informe financiero en detalle, que dé cuenta de los recursos que garanticen el ejercicio del derecho. En ese sentido, afirmó que el monto debe quedar establecido en el proyecto en sí y no ser parte de la discusión del presupuesto de Relaciones Exteriores o el Servel año a año. “Eso yo creo que va a ser de los puntos de discusión complejos de la ley”, auguró el diputado.

Otra mirada relevante es la de las propias organizaciones cuando, tanto la inscripción en los consulados, como el voto mismo, a va ser presencial. Oscar Vivallo de Haz Tu Voto Volar, afirmó que, según se indica en la iniciativa, el establecimiento de mesas  para el sufragio dependerá de la concentración demográfica, lo que crearía “un problema de desigualdad ante la ley”.

“La idea es que las elecciones tengan la mismas características que en Chile. Acá la gente en todas sus ciudades y pueblos tiene lugares de votación y pienso que en el exterior se van a ver exclusiones a gente que, queriendo ir, no va a poder votar”, afirmó.

El vocero reiteró que las organizaciones pidieron en innumerables oportunidades acceder al pre-proyecto, con el fin de colaborar con su visión y evitar problemas como éste, donde existe la posibilidad de que algunos compatriotas no puedan ejercer su derecho a sufragio por razones económicas o prácticas, lo que se podría haber evitado en la redacción. “La ley es muy laxa, tiene vacíos que crean condiciones de desigualdad en el ejercicio del derecho ciudadano”, acusó.