Hace un año que la Corte Suprema pidió a la empresa minera Los Pelambres un plan para proteger la seguridad de la comunidad de Caimanes ante los riesgos que puede representar el Tranque El Mauro en eventuales fenómenos sísmicos, además de solicitar la devolución de las aguas que fueron desviadas al estero del Valle del Pupío. De no encontrarse una solución, advirtió el tribunal, el tranque debería ser demolido.

Si bien la firma presentó un plan, éste fue refutado por la defensa de la comunidad, que lo catalogó como “insatisfactorio”. Ante esto, la minera del Grupo Luskic recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena, que hoy está analizando la causa. En el intertanto, la firma se contactó con los abogados de la comunidad, quienes retomaron el contacto con la firma.

Sin embargo, los dirigentes del Comité de Defensa de Caimanes denunciaron públicamente que las conversaciones dirigidas por su defensa tenderían a dejar sin efecto el fallo de la Corte Suprema, e incluso podrían permitir que pueda ampliarse la obra, asumiendo el pago de indemnizaciones.

En el documento calificaron como inmoral realizar un acuerdo, afirmaron que éste iría en contra de otros fallos, que a través de él se buscaría comprar el derecho a seguir adelante con los juicios, que se pretendería ofrecer como “beneficios” asuntos que el Grupo Luksic debe asumir por obligación legal, además de no reconocer perjuicios y daños, con lo que, sostienen, “se pone precio a la dignidad de las personas”.

Sobre esto se refirió el nuevo asesor legal de la comunidad, el abogado Esteban Vilches: “La misma Corte Suprema declaró el tranque peligroso para la integración física y psíquica, y en lugar de tomar en consideración eso, lo que está haciendo la minera hoy día es ofrecer una cantidad de dinero para que la obra pueda crecer 60 metros más, lo que nos parece que está afuera de cualquier acuerdo razonable, que no debería ser transable ni negociable”, sostuvo.

Además, indicó que, en el proceso de negociación misma han descubierto elementos preocupantes que revelan la ausencia de transparencia, cuando los ex abogados no informaron a la comunidad que el encargado de devolver las aguas sería la firma DMI Limitada, representada por Mauricio Lizama, quien estaría ligado a Minera los Pelambres. “Ha habido una tremenda negligencia con esto”, afirmó el abogado.

Por su parte, el antiguo equipo legal de los dirigentes, Ossa y Compañía, sostuvo que el vínculo que se denuncia no es efectivo y añadió que la demanda emana de un sector minoritario de la población, que no correspondería a más de un cinco por ciento de los ciudadanos y que encabeza el dirigente Cristián Flores.

El abogado Ramón Ossa afirmó que la misma Corte Suprema permite la elaboración de un plan y explicó cómo se gestó el diálogo con la firma, asegurando que ha sido “un proceso público transparente”.

“Los Pelambres tomó contacto con nosotros hicimos una asamblea manifestando que la minera quería entrar en un proceso de conversaciones, lo que la comunidad aprobó en un acta que fue protocolizada y que nos habilitó para estas conversaciones, pero, dadas las experiencias previas, optamos por que todas las conversaciones sean debatidas con todos los integrantes de la comunidad, aquellos que en el pasado apoyaron a la minera, como aquellos que siempre han optado por que se restituyan las aguas”, dijo el abogado.

Para el abogado la negociación del acuerdo es una forma de resolver el conflicto bajo lo que estipula la ley, no un intento de cooptarlo. De todas maneras, aseguró que, cuando se redacte el acuerdo, se someterá a plebiscito y se resolverá a través de votación.

También apunta a una anterior controversia entre la comunidad y su anterior equipo de juristas, encabezado en ese entonces por Fernando Dougnac, hoy presidente de la ONG Fiscalía del Medioambiente (FIMA).

En 2009, tanto Cristián Flores como los abogados de Ossa y Compañía, fueron demandados por la empresa, la que los acusaba de denuncia calumniosa, prevaricación de abogado, presentación de pruebas falsas, amenazas y asociación ilícita, acción que, después de un largo proceso, quedó en nada.

En tanto, más allá de las disputas legales y las diferencias, el fallo dictado el pasado 21 de octubre del 2014 por el Máximo Tribunal sigue sin cumplirse y la comunidad de Caimanes continúa desprotegida.